La AMIA por Kovadloff
Santiago KovadloffEl Mirador La AMIA, una causa nacional
Si el más grave atentado terrorista sufrido por la Argentina es el cometido
contra la AMIA, ¿por qué sigue siendo la comunidad judía la que
primordialmente exige, año tras año, que se cumpla de una buena vez su
esclarecimiento? ¿Por qué el Estado no asume como propia la envergadura de
esta catástrofe y nacionaliza el alcance de su significado? ¿Por qué se
limita a adherir, con mayor o menor vacilación, al recordatorio y al reclamo
que, desde hace más de una década, organiza la comunidad judía? ¿No advierte
que su retórica y su mímica, a fuerza de vacías y al cabo de tanto tiempo,
lindan con la perversión? ¿Es a los judíos a quienes el Estado debe una
explicación de lo sucedido o es a la Nación? La sede de la AMIA volada hace
once años, ¿es o no es una institución argentina? Los muertos que allí
cosechó el terrorismo, ¿son o no son argentinos? La calle Pasteur, ésa que
fue abrasada por el horror aquella mañana de julio, ¿se encuentra o no en la
capital de la República?
Digámoslo de frente y con todas las palabras: la de la AMIA es una tragedia
argentina no asumida como tal. El ataque del 18 de julio de 1994 fue
perpetrado contra el país por fanáticos que contaron con la anuencia de
estados extranjeros y ellos, a su turno, con la complicidad de elementos
locales. Reducir, como se lo está haciendo, el alcance de su significado a
un "problema de los judíos" y de los familiares de las víctimas equivale a
desentenderse de su real magnitud y a ratificar la siniestra consigna de los
agresores para los cuales los judíos son apátridas.
Es al Estado argentino al que le compete infundir rango nacional a lo
sucedido. La masacre producida afecta, como agresión, a la ciudadanía en su
conjunto y vulnera la soberanía nacional. Su real esclarecimiento comienza
por ahí. Simultáneamente se lo debe caracterizar como delito de lesa
humanidad que no debe prescribir. Y a la comprensión de que así debería ser
mucho podría contribuir el hecho de que el Gobierno promoviese, en todo el
país, la conciencia de que se trata de una causa nacional.
No obstante, desde los espacios de poder se procede como si lo ocurrido
aquel 18 de julio de 1994 no afectara a la soberanía de la Nación. No menos
desconcertante y desalentadora es la actitud de las autoridades comunitarias
judías. Ellas siguen reivindicando como "propio" lo ocurrido. Con ciega
obstinación aplazan la decisión de exigir al Estado que se convierta en
vocero principal de lo sucedido. Y ello no sólo judicial sino políticamente.
Es absurdo, por no decir lamentable, que sea el Presidente de la República
el que concurra como invitado a los actos evocativos del atentado cuando en
verdad debería ser él quien convocara a realizarlos infundiéndoles así su
máxima trascendencia. No es ante todo a la colectividad judía y a los
familiares de las víctimas a quienes se les adeuda clarificación y justicia.
Es al país entero. Son las autoridades comunitarias judías las que antes que
nadie deberían impedir que se siga "judaizando" la cuestión, es decir,
desnacionalizándola. ¿Cómo es posible que se mantenga acallado desde hace
tanto el hecho gravísimo de que un atentado contra la Nación, como el
entonces sufrido, sea compartimentado de tal manera que el Estado lo
visualice desde "afuera" como si el primer afectado por lo sucedido no fuese
él mismo? ¿Qué implica eso sino complicidad con el delito?
Se ha dicho y repetido incontables veces que el pueblo judío, al ser el
Pueblo del Libro es, por añadidura, el pueblo de la memoria. Precisemos sin
embargo que no olvidar no significa recordar lo que pasó sino entender cada
vez mejor qué tiene que ver lo que pasó con lo que pasa. En estos tiempos
tan dolorosos en los que la democracia argentina acusa una profunda
fragilidad moral, es hora de ir sabiendo que, para llegar a revertir la
situación que enferma a nuestras instituciones, hay que aprender a
relacionar los hechos aparentemente inconexos que conforman esa situación.
Es sabido que los problemas irresueltos del pasado terminan por reaparecer
drásticamente en el presente. Y nadie ignora ya que la democracia, sin un
presente diáfano, ha de tener un porvenir oscuro.
Por Santiago Kovadloff
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/727779
Si el más grave atentado terrorista sufrido por la Argentina es el cometido
contra la AMIA, ¿por qué sigue siendo la comunidad judía la que
primordialmente exige, año tras año, que se cumpla de una buena vez su
esclarecimiento? ¿Por qué el Estado no asume como propia la envergadura de
esta catástrofe y nacionaliza el alcance de su significado? ¿Por qué se
limita a adherir, con mayor o menor vacilación, al recordatorio y al reclamo
que, desde hace más de una década, organiza la comunidad judía? ¿No advierte
que su retórica y su mímica, a fuerza de vacías y al cabo de tanto tiempo,
lindan con la perversión? ¿Es a los judíos a quienes el Estado debe una
explicación de lo sucedido o es a la Nación? La sede de la AMIA volada hace
once años, ¿es o no es una institución argentina? Los muertos que allí
cosechó el terrorismo, ¿son o no son argentinos? La calle Pasteur, ésa que
fue abrasada por el horror aquella mañana de julio, ¿se encuentra o no en la
capital de la República?
Digámoslo de frente y con todas las palabras: la de la AMIA es una tragedia
argentina no asumida como tal. El ataque del 18 de julio de 1994 fue
perpetrado contra el país por fanáticos que contaron con la anuencia de
estados extranjeros y ellos, a su turno, con la complicidad de elementos
locales. Reducir, como se lo está haciendo, el alcance de su significado a
un "problema de los judíos" y de los familiares de las víctimas equivale a
desentenderse de su real magnitud y a ratificar la siniestra consigna de los
agresores para los cuales los judíos son apátridas.
Es al Estado argentino al que le compete infundir rango nacional a lo
sucedido. La masacre producida afecta, como agresión, a la ciudadanía en su
conjunto y vulnera la soberanía nacional. Su real esclarecimiento comienza
por ahí. Simultáneamente se lo debe caracterizar como delito de lesa
humanidad que no debe prescribir. Y a la comprensión de que así debería ser
mucho podría contribuir el hecho de que el Gobierno promoviese, en todo el
país, la conciencia de que se trata de una causa nacional.
No obstante, desde los espacios de poder se procede como si lo ocurrido
aquel 18 de julio de 1994 no afectara a la soberanía de la Nación. No menos
desconcertante y desalentadora es la actitud de las autoridades comunitarias
judías. Ellas siguen reivindicando como "propio" lo ocurrido. Con ciega
obstinación aplazan la decisión de exigir al Estado que se convierta en
vocero principal de lo sucedido. Y ello no sólo judicial sino políticamente.
Es absurdo, por no decir lamentable, que sea el Presidente de la República
el que concurra como invitado a los actos evocativos del atentado cuando en
verdad debería ser él quien convocara a realizarlos infundiéndoles así su
máxima trascendencia. No es ante todo a la colectividad judía y a los
familiares de las víctimas a quienes se les adeuda clarificación y justicia.
Es al país entero. Son las autoridades comunitarias judías las que antes que
nadie deberían impedir que se siga "judaizando" la cuestión, es decir,
desnacionalizándola. ¿Cómo es posible que se mantenga acallado desde hace
tanto el hecho gravísimo de que un atentado contra la Nación, como el
entonces sufrido, sea compartimentado de tal manera que el Estado lo
visualice desde "afuera" como si el primer afectado por lo sucedido no fuese
él mismo? ¿Qué implica eso sino complicidad con el delito?
Se ha dicho y repetido incontables veces que el pueblo judío, al ser el
Pueblo del Libro es, por añadidura, el pueblo de la memoria. Precisemos sin
embargo que no olvidar no significa recordar lo que pasó sino entender cada
vez mejor qué tiene que ver lo que pasó con lo que pasa. En estos tiempos
tan dolorosos en los que la democracia argentina acusa una profunda
fragilidad moral, es hora de ir sabiendo que, para llegar a revertir la
situación que enferma a nuestras instituciones, hay que aprender a
relacionar los hechos aparentemente inconexos que conforman esa situación.
Es sabido que los problemas irresueltos del pasado terminan por reaparecer
drásticamente en el presente. Y nadie ignora ya que la democracia, sin un
presente diáfano, ha de tener un porvenir oscuro.
Por Santiago Kovadloff
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/727779
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