Aborto legal, gratuito y cuidando a las mujeres
Entre las cosas pendientes, y las cosas en las que hay riesgo de fuerte retroceso. En lo que se relaciona con la parte que me toca, incluía que la ley de 1921 reconoce en su texto la despenalización del aborto en cualquier caso de aborto, si se lo lee según las normas del idioma castellano (y no en el del patriarcado). Y que siendo -como es- el misoprostol un medicamento básico esencial, debería ser provisto y garantizado (y producido, seguramente) por el Estado. El espacio no dio para que entrara todo lo que dijimos.
Mujeres de catorce provincias se comunicaron en la primera semana a la línea habilitada para dar información sobre el aborto con medicamentos. La iniciativa fue lanzada a fin de julio en el país por una ONG feminista, en el marco de un proyecto regional que apunta a democratizar la información que está disponible, publicada por la OMS y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, y permitir que llegue a las mujeres de sectores más vulnerables que no tienen acceso a Internet, para contribuir a reducir las muertes como consecuencia de abortos inseguros, principal causa de la mortalidad materna en la Argentina. “Las mujeres que llaman están muy agradecidas”, comentó a Página/12 la trabajadora social Verónica Marzano, una de las activistas que atiende el teléfono, un número de celular (011-156-664-7070), al cual también se puede enviar un mensaje de texto pidiendo que le devuelvan la llamada. Organizaciones del movimiento de mujeres, sociales y académicas expresaron su respaldo a la propuesta, que ya está en marcha en Ecuador y Chile y pronto se replicará en otros países de Latinoamérica.
“Más información, menos riesgo” es el espíritu con el cual activistas de la ONG Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto se sumaron a una iniciativa que surgió un año atrás en Ecuador, para informar sobre el uso del misoprostol, una droga de uso obstétrico, que puede ser utilizada para interrumpir un embarazo. “No brindamos asesoramiento. Acercamos a las mujeres información avalada por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia”, explicó Marzano, integrante de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. “Quienes atendemos la línea no somos médicas”, aclaró. “Del feminismo aprendimos la importancia de transmitir información entre mujeres. Este enfoque de educación entre pares fue muy usado por las personas VIH+ y por los grupos LGTB (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales) durante la crisis del sida con resultados óptimos”, sostiene el folleto que imprimieron para darle difusión.
Mujeres de 18 a 45 años, de distintas puntos del país, llamaron desde que se dio a conocer el número a fin de julio. “La información no las compromete a tomar ninguna decisión”, agregó Marzano. “Las que llaman a la línea ya conocen el misoprostol, pero tienen mala información que puede derivar en un aborto inseguro”, apuntó. Trabajan con un protocolo de atención y cuentan con el asesoramiento de un comité médico.
El misoprostol es considerado una droga “esencial” por la OMS. La Flasgo publicó un manual donde se detalla sus usos obstétricos, entre ellos la posibilidad de suministrarlo para interrumpir un embarazo. El derecho a la información, a la libre expresión y a conocer los avances de la ciencia son los tres pilares en los que se fundamenta la propuesta, que respalda la organización internacional holandesa Mujeres sobre las Olas, conocida por el barco que lleva a la costa de países donde el aborto está prohibido para realizar las IVE a bordo. Las promotoras de la línea recibieron en el país el asesoramiento de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). “La falta de acceso igualitario a información pública afecta a la salud, la libertad, la dignidad y hasta la vida, por estas razones resulta esencial democratizar la información”, señaló Alvaro Herrero, director ejecutivo de la entidad.
Para el epidemiólogo Gonzalo Moyano, la línea responde a una razón de “estricta justicia y salud pública”. “La mortalidad materna por aborto inseguro en la Argentina es escandalosamente alta. Las mujeres tienen un derecho, que todavía no está plenamente reconocido, a decidir qué hacen con su cuerpo”, opinó Moyano, profesor de la Cátedra Libre de Salud Pública y Derechos Humanos de la UBA, uno de los referentes que expresó su adhesión al proyecto, junto con casi un centenar de organizaciones y representantes del movimiento de mujeres y de entidades sociales y académicas como el Grupo de Estudios sobre Sexualidades, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la APDH de La Matanza, la Asamblea de Mujeres de la Federación de Organizaciones de Base, la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer (Adeuem) y el Area de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, Instituto de Derechos Humanos, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata.
El proyecto nació en junio de 2008 en Ecuador, donde existe un marco normativo similar a la Argentina. A pesar de ser ilegal, salvo algunas excepciones, se estima que se realizan en ese país alrededor de 95.000 abortos por año. El 28 de mayo, una línea similar a cargo de la Red de Salud de las Mujeres arrancó en Chile, donde el aborto está prohibido.
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