asignación universal por hijo de Lozano y Sala
| Estimadxs : Juan Ignacio Lozano y Juan Bautista Sala, docentes de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, me hicieron llegar un muy interesante trabajo sobre la Asignación Universal por Hijo ( AUH ).El trabajo original se puede leer en http//www,ceilpiette.gov,ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf . 
 Los Lic. Lozano y Sala luego hicieron un texto abreviado de este  documento, sin la sección “metodología”, los gráficos ni los anexos. Es  este texto que les adjunto ahora. Saludo de JCE  EL IMPACTO DE  LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO EN ARGENTINA1  Emmanuel Agis     Carlos Cañete            Demian Panigo CENDA; SID                   PROFOPE             CEIL-PIETTE  Resumen  El presente  artículo tiene por objetivo el desarrollar un análisis de variación  conjetural para anticipar el impacto del Plan “Asignación Universal por  Hijo para Protección Social (AUH)”, implementado en el mes de noviembre  de 2009 en Argentina, sobre distintos indicadores relacionados con 4  dimensiones centrales del bienestar social: pobreza, indigencia,  desigualdad y vulnerabilidad relativa. Utilizando los microdatos de la  EPH del INDEC, los índices de precios para las canastas básicas de  consumo del GBA y del resto del país y las primeras liquidaciones del  ANSES para este nuevo beneficio, se verifican como principales  resultados que: 1) todos los indicadores de bienestar social examinados  experimentan una notable mejoría, especialmente en las regiones más  carenciadas del país (el norte argentino); 2) Con la AUH, los  indicadores de indigencia se reducen entre un 55 y un 70%, retornando  así a los mejores niveles de la historia argentina (los de 1974,  resultado que se alcanza cualquiera sea el índice de precios utilizados  para establecer el valor de la canasta de subsistencia); 3) Luego de la  AUH, el indicador más arquetípico de desigualdad (cuántas veces ganan  los ricos más que los pobres) se reduce más del 30%, llevando a que la  Argentina sea ahora el país más igualitario de América Latina (ranking  otrora comandado por Uruguay, Venezuela y Rep. Dominicana); 4) Por  primera vez en décadas, la AUH ha logrado que los grupos poblacionales  históricamente más vulnerables (como niños, madres solteras o familias  numerosas) tengan una menor probabilidad relativa de indigencia que el  resto de la sociedad; y 5) La AUH también ha reducido los indicadores de  pobreza, aunque en mayor medida los de intensidad que los de  incidencia, especialmente cuando se valoriza la línea de pobreza a  precios ajustados por el IPC 7 provincias, reafirmando así la necesidad  de que, para erradicar definitivamente la pobreza en Argentina, este  tipo de planes asistenciales debe ser complementados con políticas  masivas de empleo tales como las que se comienzan a vislumbrar en  programas como “Argentina Trabaja”.   Palabras clave: Asignación universal por hijo, ingreso  universal, Argentina, regiones, pobreza,  indigencia, desigualdad, vulnerabilidad relativa.  Códigos JEL: D6, D3, C5 y R1.  1.-  INTRODUCCIÓN  El plan de  Convertibilidad supuso la continuidad y profundización de la  transformación estructural de la economía argentina iniciada con la  ruptura de la ISI (industrialización por sustitución de importaciones) a  mediados de la década de 1970. Junto al retraso cambiario se desplegó  un amplio conjunto de políticas de reforma condensadas en el proceso de  privatización, desregulación, liberalización comercial y financiera y  flexibilización del mercado de trabajo (Boyer y Neffa 2004, Heymann y  Kosacoff 2000). La conjunción de los efectos del nuevo entorno  macroeconómico y de la desregulación del entramado productivo  determinaron una sustantiva transformación del mercado de trabajo  (Altimir y Beccaria, 2000) y un persistente e intenso deterioro de las  condiciones de vida de la población. La salida del  esquema de caja de conversión y tipo de cambio fijo se produjo -entre  fines de 2001 y principios de 2002- como culminación de un escenario  recesivo iniciado a fines de 1998, el cual venía agravando el deterioro  de la situación social de la década anterior. Entre 1998 y 2001 el PBI  se había contraído -8,4%, con un crítico impacto en el empleo, los  ingresos y su distribución. En 2001 el desempleo alcanzaba al 18,3% de  la PEA, tasa que -extendida al total de la población urbana-  involucraba, en términos cuantitativos, a unas 2,9 millones de personas. La modalidad que  adoptó  inicialmente la salida de la convertibilidad profundizó el  declive recesivo de la actividad económica, determinando un mayor y  veloz deterioro de todos los indicadores laborales, de ingresos y  distributivos. La conjunción de insolvencia fiscal, cesación de pagos de  la deuda pública, la fuga de capitales, el colapso del sistema  financiero y la inflación —resultante de la mega-devaluación  implementada en ausencia de mecanismos compensatorios-, plantearon un  difícil escenario para el despliegue de políticas públicas que  permitieras reparar y revertir la situación. En 2002 se registraba una  caída interanual de -10,9% del PBI, con el 21,5% de la PEA desempleada  -3,4 millones de personas proyectado al total de la población urbana.  Gráfico 1.- Evolución del empleo, la desocupación, el trabajo no registrado y el poder adquisitivo de los trabajadores entre 1991 y 2002 Fuente: Elaboración propia en base a datos del  INDEC. Nota: La variable Empleo está calculada como porcentaje de la  población total, mientras que Desempleo está expresada en porcentaje de  la población económicamente activa, Asalariados no registrados en  proporción del total de asalariados e Ingreso Real de la ocupación  principal es un índice base 1991=100.  Los indicadores  distributivos, en continuo deterioro desde los comienzos de la  convertibilidad, alcanzaron sus peores registros históricos luego de la  mega-devaluación. El efecto combinado de la caída del empleo y de los  ingresos reales de la clase trabajadora hizo que en octubre de 2002, el  27,5% y 57,5% de las personas estuvieran en situación de indigencia y  pobreza, respectivamente.   De manera análoga,  los efectos nocivos de la Convertibilidad (y su crisis asociada)  también repercutieron negativamente sobre la desigualdad, generando un  aumento progresivo sin precedentes en los distintos indicadores  distributivos, con récords anuales históricos para la desigualdad medida  por el coeficiente de Gini o el ratio de remuneraciones relativas entre  el primer y último decil de ingresos de la población (en octubre de  2002, cifras sólo comparables con las derivadas del incremento  transitorio de los mismos indicadores durante el período  hiperinflacionario de 1989, ver gráfico 2). Gráfico 2.- Evolución de la pobreza, la indigencia y la desigualdad entre 1991 y 2002 Fuente:  Elaboración propia en base a datos del INDEC. Nota: Las variables  Pobreza e Indigencia están calculadas como porcentaje de la población  total. El coeficiente de Gini se calculó a partir del ingreso per cápita  familiar (IPCF) y fue multiplicado por 100. La brecha de ingresos  corresponde al cociente entre el ingreso medio per cápita familiar del  decil 10 sobre el propio del decil 1.  A partir del  cambio de administración en 2003 se inicia la conformación de un nuevo  modelo macroeconómico, pasando del régimen de acumulación financiera  previo a un régimen de acumulación productiva con inclusión social. Los  rasgos más salientes del nuevo entorno macroeconómico fueron su  capacidad de sostener altas tasas de crecimiento de la producción –de  7,1% anual medio entre 2003 y 2009-, y la recuperación del mercado de  trabajo, tanto en lo referido a la generación de empleo (en cantidad y  calidad) como en la recomposición del poder adquisitivo de los  trabajadores (Beccaria 2007). La nutrida agenda de políticas públicas  orientadas al mundo del trabajo representaron un giro copernicano  respecto a lo ocurrido durante los años anteriores (Panigo y Neffa,  2009), fortaleciendo los efectos sobre el mercado laboral y  articulándose como parte componente de un nuevo régimen de  acumulación en donde los derechos individuales y colectivos de los  trabajadores pasaron a conformar un eje central de la reconfiguración  del tejido social y las relaciones de clase. Este proceso  resultó  en un crecimiento anual medio del empleo urbano total de 2,6%  entre 2003 y 2009, contra una PEA que, en el mismo período, se  incrementó al 1,2% anual medio, posibilitando la caída del desempleo a  tasas que no se verificaban desde los inicios de la década de 1990. De  manera complementaria, desde mediados de 2003 hasta mediados de 2009 el  trabajo no registrado experimentó una disminución de -27% (con el  agregado de que mientras que en la Convertibilidad de cada 10 puestos de  trabajo que se generaban 9 eran no registrados, en la actualidad 8 son  registrados y sólo 2 no registrados) y el ingreso real de la ocupación  principal un aumento del 88% deflactado por el IPC GBA (o del 40% si se  utiliza como deflactor al IPC promedio de las 7 provincias que publican  guarismos de precios de manera periódica),  tal y como se aprecia en el gráfico 3.  Gráfico 3.- Evolución del empleo, la desocupación, el trabajo no registrado y el poder adquisitivo de los trabajadores entre 2002-2009 Fuente:  Elaboración propia en base a datos del INDEC. Nota: La variable Empleo  está  calculada como porcentaje de la población total, mientras que  Desempleo está expresada en porcentaje de la población económicamente  activa, Asalariados no registrados en proporción del total de  asalariados e Ingreso Real de la ocupación principal es un índice base  1991=100 (ingreso que, deflactado por el IPC 7 provincias es igual a  108,1 en 2009 t2).  La dinámica  inclusiva de la nueva configuración macroeconómica, materializada en una  progresiva recomposición de los indicadores laborales, fue  complementada con una serie de políticas sociales destinadas a mejorar  la calidad de vida de los sectores más vulnerables que no podían  reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Estas nuevas políticas  sociales se alejaron del paradigma tradicional (predominantemente  asistencialista) para pasar a una concepción más abarcativa de la  problemática social, con el eje puesto en la familia, desde la  integralidad, la promoción y la equidad territorial, destacándose entre  ellas (excluyendo el programa Argentina Trabaja - por estar en reciente  desarrollo- y las distintas políticas sociales implementadas por el  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad —que se describen con mayor  detalle en Panigo y Neffa, 2009-): 1) El Plan de  Desarrollo Local y Economía Social, política que promueve la inclusión  social a través de la generación de empleo para personas en situación de  pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social, por medio del apoyo  económico y la asistencia técnica y capacitación a emprendimientos  productivos. Esta política ha permitido la creación de más de 34.200  nuevos emprendimientos, la inscripción de 70.000 monotributistas  sociales (con el beneficio asociado de acceder a una obra social de  libre elección, ingresar al sistema previsional y tener la posibilidad  de ser proveedor del Estado, por compra directa), la construcción de 500  Centros integradores comunitarios (para articular las políticas de  desarrollo local), el apoyo a 16.926 cooperativas y mutuales con un  total de 14.000.000 de asociados, y la triplicación de la oferta de  microcrédito en el país, alcanzando a 40.000 unidades  económicas, que reciben financiamiento, capacitación y fortalecimiento  institucional;  2) El Plan de  Seguridad Alimentaria, que brinda asistencia nutricional, facilita la  auto-producción de alimentos y el desarrollo de redes prestacionales,  realiza acciones en materia de educación alimentaria y desarrolla  acciones dirigidas a grupos de riesgo específicos. Con este plan se ha  mejorado directamente la capacidad de subsistencia de 1.683.651 hogares y  se ha apoyado de manera complementaria a 974 espacios comunitarios con  1.761 Servicios Alimentarios que llegan adicionalmente a 237.000  titulares de derecho;  3) Plan Nacional  Familias, que comprende acciones de prevención, promoción y asistencia  de hogares vulnerables, incluyendo dos herramientas de transferencia de  ingreso: las Pensiones no contributivas, que incluyen pensiones a la  vejez, por invalidez y por madres de 7 o más hijos; y el programa  familias por la inclusión social, que otorga un ingreso no remunerativo  mensual a las familias en situaciones de gran vulnerabilidad social, y  que, a diferencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar desocupados, varía  según la cantidad de menores a cargo. Gracias este plan, existen 686.296  titulares de derecho para las pensiones no contributivas y 574.876  familias asistidas con el programa familias (lo que implica la cobertura  de 1.766.808 niños y jóvenes menores de 19 años); y 4) El Plan de  inclusión previsional, destinado a revertir el impacto negativo del  desempleo masivo y el incremento del trabajo informal generado por el  Plan de Convertibilidad sobre la posibilidad de acceder a una jubilación  o pensión al llegar a los 60 o 65 años. Este plan ha permitido que  cerca de 2.000.000 de personas en edad de jubilarse, pero sin los  aportes necesarios para ello, puedan acceder a una jubilación digna,  llevando la tasa de cobertura previsional desde el 49% que tenía hacia  fines de la Convertibilidad a más del 85% (el plan incluye un pequeña  tasa de descuento mensual en la jubilación que se toma como pago a  cuenta de los anos de aportes no efectuados). La aplicación  conjunta de estas y otras políticas sociales complementarias (como el  Plan Nacional de Deporte, el Programa Nacional de Cuidadores  Domiciliarios o el Plan de Abordaje integral AHÍ) ha reforzado el  impacto positivo del nuevo esquema macroeconómico sobre los principales  indicadores sociales. En efecto, desde 2003 en adelante, se verifica un  quiebre de tendencia en todos y cada unos de los indicadores comúnmente  examinados en los estudios de pobreza indigencia y distribución del  ingreso (Kostzer, Perrot y Villafañe, 2005). Entre el tercer  trimestre de 2003 (primer dato de la EPH continua) y el segundo  trimestre de 2009 (último dato disponible), por primera vez en la  historia la incidencia de la pobreza en las personas se reduce entre un  80,5% y un 63,4% (dependiendo de la utilización del IPC GBA o el IPC 7  provincias, respectivamente2), la indigencia disminuye entre  un 70,9% y un 45,6% (idem anterior), y la desigualdad cae entre un 13,3%  y un 36,7% (según se compare la dinámica del coeficiente de Gini o del  ratio de ingresos medios del decil 10 respecto del decil 13).  Gráfico 4.- Evolución de la pobreza, la indigencia y la desigualdad entre 2002 y 2009 Fuente: Elaboración propia en base a datos del  INDEC. Nota: Las variables Pobreza e Indigencia están calculadas como  porcentaje de la población total. El coeficiente de Gini se calculó a  partir del ingreso per cápita familiar (IPCF) y fue multiplicado por  100. La brecha de ingresos corresponde al cociente entre el ingreso  medio per cápita familiar del decil 10 sobre el propio del decil 1 Para  el primer semestre de 2009, los porcentajes de personas pobres e  indigentes se elevan al 26% y al 7,5%, respectivamente, si se utiliza  como línea de pobreza una que ajuste a la del GBA por la diferencias  existentes entre el IPC GBA y el IPC 7 provincias. De esta manera, a  mediados de 2009, la dinámica inclusiva antes mencionada había permitido  recuperar los mismos niveles de bienestar social observados al comienzo  del Plan de Convertibilidad. Pese a ello, tanto los indicadores  laborales y distributivos, como la incidencia de la pobreza y la  indigencia se encontraban aún demasiado alejados de los niveles que se  registraron a mediados de los ’70, con el tercer gobierno peronista  depuesto por el golpe de estado de 1976 (e.g. , en 1974 se observaba un  3,4% de desocupación, un 17% de trabajo asalariado no registrado, un  4,4% de personas pobres, un 2% de personas indigentes, un coeficiente de  Gini de 0,36 y una brecha de ingresos entre el decil más rico y el  decil más pobre de la población de sólo 5,36). Por tales motivos, hacia  fines de 2009 el gobierno nacional pone en marcha dos programas  concomitantes que intentan recuperar los estándares  sociales de la década del setenta: la Asignación Universal por hijo  para Protección social (AUH del ANSES) y el programa Ingreso Social con  Trabajo, Argentina Trabaja (del Ministerio de Desarrollo Social). De  estos dos programas, la AUH implementada por decreto 1602/2009  constituye el sujeto de estudio central del presente documento, al  existir ya la información suficiente como para desarrollar un análisis  de variación conjetural a partir de los micro-datos de la EPH y los  resultados de las primeras dos liquidaciones del ANSES de las distintas  prestaciones de la AUH a nivel nacional.4 El objetivo  central del artículo consiste en evaluar el impacto de la AUH sobre 4  dimensiones centrales del bienestar social: pobreza, indigencia,  desigualdad y vulnerabilidad relativa.  Para alcanzar este  objetivo, el documento se estructura de la siguiente manera. Luego de  esta introducción se describen en detalle las principales  características de la AUH, comparándolo con algunos de los programas  similares más importantes implementados en América Latina. En la sección  3 se describen los aspectos metodológicos más relevantes para el  análisis empírico que se desarrolla en la sección 4. El documento  finaliza luego con las conclusiones, las referencias bibliográficas y  los anexos estadísticos y metodológicos.  2.- UNA  PERSPECTIVA REGIONAL PARA EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA AUH EN  ARGENTINA  Luego de la oleada  de reformas neoliberales implementadas entre comienzos de los setenta  (prohijadas por los sucesivos golpes de Estado en el cono Sur) y fines  de los noventa (cuando comienzan a ser rechazadas por la mayor parte de  la sociedad al ser vistas como causa prima-facie de la crisis regional  más importante en 100 años), la política social latinoamericana comenzó a  jugar un papel más activo a través de un conjunto de programas  destinados a revertir un escenario de “catástrofe social endémica” que  caracterizaba a la región a comienzos del siglo XXI (CEPAL, 2009). En este nuevo  contexto, la mayoría de los países latinoamericanos implementaron  diversas políticas activas y pasivas, tanto asistenciales como de  inclusión social que tuvieron como denominador común una notable  expansión de los recursos destinados a los programas de transferencias  condicionadas de ingresos para los sectores más vulnerables. Si bien el  establecimiento de una tipología exhaustiva de las distintas políticas  sociales desarrolladas en cada uno de los países de la región excede los  objetivos del presente estudio, en lo que sigue se hace foco en algunos  de los más programas de transferencias condicionadas de ingresos  importantes de América Latina, a los efectos de establecer un marco de  comparación objetivo que permita evaluar con mayor precisión las  características más salientes de la AUH recientemente implementada en  Argentina.  2.1.- Brasil:  El Programa Bolsa Familia El Plan Bolsa  Familia fue implementado en 2004 y constituye el principal programa de  asistencia social del Gobierno Federal de Brasil, el cual lo ha definido  como “el plan social más grande del mundo”. La magnitud del plan es  considerable, puesto que el mismo alcanza al 23% de las 190 millones de  personas que habitan el país. El programa consiste básicamente en una  transferencia de ingresos incondicional a sectores de bajos ingresos,  favoreciendo especialmente a aquellos hogares que cuenten con la  presencia de niños. El único requisito para acceder al ingreso adicional  por niño es que los mismos se encuentren en edad escolar y cumplan con  los planes de vacunación pertinentes. El programa es cofinanciado por el  Banco Mundial, institución que ha destacado los éxitos del plan en  materia de combate contra la pobreza extrema y la garantía del  cumplimiento de derechos sociales básicos como ser  salud y educación. Los requisitos  para acceder al plan se estipulan en función del ingreso del ogar, el  cual no puede superar los 140 reales. Cabe destacar que según datos del  Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en 2008 la línea  de pobreza se ubicaba en los 232 reales, mientras que la de la  indigencia en 116. En este sentido, si se considera la relación entre  las condiciones de acceso al plan y los guarismos anteriores, el amplio  grado de cobertura antes mencionado da cuenta de la magnitud del  problema de la extrema pobreza e indigencia de Brasil. Por último, la  condición de acceso vía un ingreso máximo implica que el programa no  tiene un carácter universal, sino que el mismo se encuentra  deliberadamente orientado a un sector específico de la población. El programa consta  de dos tipos de estipendios: un beneficio básico de 68 reales para  familias cuyo ingreso por persona no supera los 70 reales y un beneficio  variable, de 22 reales al mes por hijo menor de 15 años (hasta un  máximo de tres) y de 33 reales por hijo adolescente (hasta un máximo de  dos) para las familias cuyo ingreso per cápita no supere los 140 reales.  El primer monto es de carácter incondicional, mientras que el segundo  se encuentra supeditado a la escolarización de los menores y al  cumplimiento de ciertas pautas sanitarias, principalmente de vacunación.  El total que una familia puede recibir por la suma de cualquiera de los  anteriores beneficios no puede superar los 200 reales al mes. El financiamiento  del programa es afrontado en su mayoría por las arcas públicas con  ingresos provenientes de rentas generales. En 2008, el costo total del  plan ascendía a 10.400 millones de reales, lo que representa un 0,4% del  PIB de Brasil y un 2,5% del gasto público total. En cuanto su impacto,  las estadísticas del IBGE indican una notoria reducción de la pobreza.  Según cálculos de Beghin (2008), entre 2004 y 2006 la extrema pobreza  cayó en un 4,9% y la pobreza en 2,7%. A su vez, el programa ha  contribuido a reducir la desigualdad entre pobres y ricos debido a su  alto grado de focalización en los sectores de muy bajos ingresos.  2.2.- México:  Plan Oportunidades El Programa de  Desarrollo Humano Oportunidades es un plan de integración social y  desarrollo personal que apunta a resolver los problemas de extrema  pobreza en México. El mismo combina asistencia para resolver urgencias  en materia alimentaria con ayuda para otro tipo de problemáticas, como  pueden ser la salud y la educación. Para el año 2009 se contempla una  ayuda que alcanzaría a 9 millones de familias. Respecto de las  características generales del plan, el mismo resulta mucho más  focalizado que su par en Brasil, puesto que aquí se busca resolver  problemas de carácter puntual. Al igual que el  Bolsa Familia, el programa consta de dos tipos de transferencias, siendo  la primera una asistencia de carácter incondicional que tiene como fin  garantizar un piso mínimo de ingresos para sus beneficiarios. A su vez,  se divide en cuatro categorías -a saber, apoyo alimentario, adultos  mayores, componente energético y componente vivir mejor-, que juntos  suman 470 pesos mexicanos para familias con adultos mayores y 385 cuando  se trate de familias sin ellos. El segundo tipo de transferencias asume  la forma de becas escolares que pueden llegar hasta un máximo de 1.070  pesos mexicanos por familia cuando se trate de escolaridad primaria y  890 que se suman para educación media y superior. En todos los casos se  adiciona un monto fijo que se otorga a principios del año lectivo  previsto para la compra de útiles escolares. El monto máximo que recibe  una familia no puede superar los 2.345  pesos mexicanos, en una economía donde el salario mínimo se posiciona  en los 1.577 pesos. Para calificar dentro de los beneficiarios la  familia debe estar en situación de extrema pobreza, indicador que se  actualiza mensualmente según la evolución de la inflación minorista. Los  criterios de asignación para las becas son algo más complejos e  implican la evaluación personalizada de los casos por parte de personal  especializado. El programa  Oportunidades se complementa con políticas de salud que buscan  centralizar los esfuerzos en la asistencia sanitaria a menores de edad y  a mujeres embarazadas. El costo total del programa asciende para el año  2009 a 44.000 millones de pesos mexicanos, lo que equivale al 0,3% de  su PIB. Se estima que el impacto derivado de esta transferencia de  ingresos ha significado una reducción de la pobreza en 16 puntos  porcentuales en los dos primeros años y una fuerte retracción de la  mortalidad materna, la mortalidad infantil y la deserción escolar.  2.3.-Chile:  Sistema Chile Solidario En Chile el  Sistema Chile Solidario ha sido una de las principales herramientas en  la lucha contra la pobreza desde su origen en el año 2002, donde comenzó  siendo un programa focalizado en la extrema pobreza, hasta la  actualidad, donde se ha ido ampliando paulatinamente su grado de  cobertura y alcance. El sistema se compone de cuatro programas  complementarios: Puente, Vínculos, Calle y Caminos, todos ellos  programas de asistencia monetaria que se destacan por el alto grado de  condicionalidad de los mismos y un mayor involucramiento por parte del  Estado en la situación de los hogares. En particular, la  asistencia monetaria no responde en este caso a pautas estrictas  previamente estipuladas, sino que la misma es mayoritariamente asignada  en base a la evaluación realizada por asistentes sociales que estudian  caso por caso. El acceso de cada familia a los distintos programas  depende entonces de su situación específica y el programa contempla  aspectos destacados, como ser el apoyo psicosocial principalmente  destinado a hogares vulnerables o con niños en situación de riesgo  familiar. Debido a las  características antes señaladas, la estructura organizativa del programa  es sumamente compleja. Hacia fines de 2008, el plan registraba como  beneficiarios a un total de 333.000 familias, de las cuales 208.000  serían declaradas como “egresadas” del plan y por ende, serían capaces  de seguir su desarrollo sin la asistencia por parte del Estado. En 2009  el número de beneficiarios ascendía a los 125.000 hogares, lo cual da  cuenta de un programa mucho más focalizado que los mencionados con  anterioridad. En síntesis, el  modelo de asistencia social chileno presenta una nueva alternativa,  mucho más focalizada y compleja, no pensada para la erradicación de la  pobreza masiva sino para la integración social. De allí su gigantesca  estructura administrativa y la complementariedad con distintos  programas. En términos de resultados, Larrañaga et.al. (2008) señala mejorías en los niveles absolutos de ingreso,  vivienda y ocupación de los beneficiarios del plan, especialmente en las  áreas rurales.  2.4.- Perú:  Programa Juntos El Programa Juntos  de Perú fue lanzado en 2005 luego de que las autoridades del país  analizaran la experiencia de programas similares en Brasil, México,  Chile y Honduras. Debido a que el país posee una situación de  desigualdad extrema y una pirámide poblacional fuertemente desbalanceada  a favor de estratos de baja edad, se resolvió concentrar la asistencia  monetaria en familias con niños menores de 14 años. Las  condicionalidades de este programa también apuntan a la escolaridad y la  salud de los menores y se agrega el requisito de que todos los  integrantes del hogar cumplan los procedimientos de inscripción de  personas de manera de estar debidamente documentados. La prueba piloto  del programa alcanzó originalmente a un total de 1.000 familias, aunque  el mismo se extendió rápidamente llegando a más de 420.000 hogares en el  año 2009. A diferencia de los planes antes descriptos, el sujeto del  beneficio es el propio hogar y es por eso que el estipendio monetario es  fijo (100 soles por mes) y no varía según la cantidad de menores que lo  compongan. Las familias beneficiadas son seleccionadas por asistentes  sociales que recorren el campo y las califican según distintas  categorías, siendo la distinción más relevante la de pobreza. El gasto  total demandado por el plan representa el 0,2% del PIB. Los logros del  programa, según detalla la propia agencia gubernamental, se centran en  el ámbito de las condicionalidades más que en el efectivo abandono de la  condición de pobre del hogar. El primer informe trimestral del año 2009  señalaba que el 96% de los beneficiarios habían cumplido con las  condiciones educativas y de salud, lo cual implicó la incorporación de  300.000 hogares al sistema de educación formal. Al mismo tiempo, el 99%  de los beneficiarios habían superado el examen nutricional exigido, lo  cual permite deducir la efectividad del plan en el combate contra la  indigencia.  2.5.-  Argentina: Asignación Universal por Hijo para la Protección Social  El 30 de octubre  de 2009, mediante el Decreto del P.E.N. 1602/09, se creaba la Asignación  Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), una política que  otorga una prestación no contributiva similar a la que reciben los hijos  de los trabajadores formales “a aquellos niños, niñas y adolescentes  residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación  familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares  que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal”,  beneficio que sería financiado con recursos del Fondo de Garantía de  Sustentabilidad del ANSES. Como se mencionara  hacia el final de la sección 1, la implementación de la AUH (casi en  conjunto con el Plan “Argentina Trabaja” cuyo impacto será examinado en  otro estudio) obedece a la necesidad de complementar los efectos del  nuevo modelo macroeconómico (puesto en marcha a mediados de 2003) y de  las políticas sociales pre-existentes para reducir la brecha aún  significativa entre los distintos indicadores de bienestar social  observados a mediados de 2009 y los que la economía Argentina tiene la  potencialidad de alcanzar (representados por los valores que detentaba  en 1974). En el gráfico 5 a  continuación, se observa que a mediados de 2009 y pese a los 6 años  ininterrumpidos de crecimiento económico, a los más de 5.000.000 de  nuevos puestos generados, a los 2.000.000 nuevos jubilados y pensionados  contenidos gracias al plan de inclusión previsional, y a los distintos  programas sociales de alto impacto sobre la pobreza hasta entonces  implementados (como las 700.000 familias asistidas con las pensiones no  contributivas o el millón de personas que reciben el Plan Familias o el  Plan Jefas y Jefes de Hogar, entre otros programas), los distintos  indicadores de bienestar e inclusión social se encontraban todavía  bastante alejados de lo que permitiría delinear un verdadero contexto de  justicia social.  Gráfico 5.- Comparación histórica de indicadores  socio-laborales clave Fuente: Elaboración propia en base a datos del  INDEC y del CEDLAS. Nota: La variable Desempleo está expresada en  porcentaje de la población económicamente activa y Asalariados no  registrados en proporción del total de asalariados. Las variables  Pobreza e Indigencia, indican la incidencia de las mismas sobre la  población total. Gini es el coeficiente de Gini multiplicado por 100  (para usar la misma escala) y al igual que la brecha de ingresos entre  el decil más rico y el más pobre (Brecha ingresos IPCF D10/D1) ha sido  calculado en base al ingreso per cápita familiar (IPCF). En el caso de  la pobreza y la indigencia se ha utilizado para el cálculo el valor de  las líneas respectivas en el GBA (INDEC). Si se toman las líneas  alternativas que denominamos canastas 7 provincias (ver sección  metodológica), los valores respectivos para 2009 ascienden a 26 y 7,5,  respectivamente (en porcentaje de la población total).  Pero la AUH no se  implementó con el sólo objetivo de obtener la justicia social intentando  retrotraer los indicadores de bienestar social a los niveles de 1974.  De manera complementaria, la AUH buscaba solucionar uno de los problemas  más importantes del nuevo modelo macroeconómico: que aún cuando casi  todos los grupos poblacionales han mejorado su calidad de vida, la  fragilidad relativa de ciertos grupos históricamente vulnerables se fue  incrementando en los últimos años. En efecto, aunque la incidencia de la  indigencia se redujo tendencialmente para el conjunto de la población,  este efecto ha sido más intenso en los grupos sociales que usualmente  son vistos como menos vulnerables (a excepción de los ancianos, grupo  poblacional que redujo fuertemente su vulnerabilidad  frente a la indigencia con el nuevo modelo macroeconómico y las  políticas previsionales implementadas), incrementándose así la  vulnerabilidad relativa de grupos como niños, madres solteras y familias  numerosas (entre otros, ver gráfico 6).  Gráfico 6.- Vulnerabilidad relativa frente a la indigencia. Evolución 2003- 2009 para grupos poblacionales seleccionados Fuente: Elaboración propia en base a datos del  INDEC. Nota: La vulnerabilidad relativa frente a la indigencia de un  grupo particular se define como la probabilidad indigencia de dicho  grupo (obtenida en base a un modelo Probit tal y como se describe en la  sección 3) respecto a la probabilidad indigencia de su complemento (e.g.  probabilidad de niños dividida por la probabilidad de indigencia de  adultos y ancianos). Cuando este ratio es mayor a 1 se dice que el grupo  de referencia enfrenta una mayor vulnerabilidad frente a la indigencia  que el resto de la población.  Entre las  principales características de este nuevo programa se destaca que el  cobro de la AUH es incompatible con la percepción de cualquier otro tipo  de plan social y el espíritu de la norma apunta a eliminar  paulatinamente varios de estos últimos y reemplazarlos por la AUH. En el  mismo sentido, la norma excluye explícitamente del beneficio a aquellos  trabajadores que se desempeñen en el sector informal y que perciban  ingresos mensuales que superen al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente  (aunque esta restricción es de muy difícil verificación y, como veremos  en la sección 3, no será tenida en cuenta para el análisis de impacto).5 En cuanto a las  condicionalidades sanitario-educativas, el 20% del estipendio previsto  en la AUH (que en total, y por el momento, asciende a $180 por cada  menor de 18 años) se cobrara acumulado a principios de cada año lectivo  (acreditado en una cuenta bancaria), siempre que los beneficiarios  presenten los certificados requeridos de vacunación y asistencia  escolar. Con los primeros datos disponibles, esta condicionalidad  pareciera estar dando resultados sumamente positivos con un aumento del  25% de la matrícula escolar y un incremento del 40% de los menores  inscriptos en el seguro médico estatal Plan Nacer. Por último, un  aspecto destacado de la AUH en el caso argentino es su magnitud y grado  de universalidad. Respecto de la magnitud, el gasto previsto para el  plan supera tanto en términos relativos como en prestación por hogar a  todos los restantes programas de transferencias condicionadas de ingreso  de la región, ya que el mismo representa actualmente 0,6% del PIB (ver  Cuadro 1), y se prevé que llegue al 0,8% del PBI cuando se logre la meta  de 4.000.000 de niños incorporado al Plan. Por otro lado, si  bien el plan no es estrictamente universal, puesto que sólo apunta a  aquellos sectores que no perciben la asignación por medio del régimen  contributivo, el diseño del mismo implica (si no se aplican las  restricciones ya mencionadas, como parece ser el caso) equiparar los  ingresos que reciben todos los menores  Cuadro 1: Comparación de Programas de Transferencia de Ingresos en América Latina  | BRASIL | MÉXICO | CHILE | PERÚ | ARGENTINA | 
| Atributos | Bolsa Familia | Oportunidades | Chile Solidario | Juntos | AUH | 
| Edad de los Beneficiarios | Menores de 18 años | Menores de 18 años | Menores de 18 años | Menores de 15 años | Menores de 18 años | 
| Tipo de Asignación | Por familia y por hijo | Por familia y becas escolares | Por hijo | Por familia con niños | Por hijo | 
| Condicionalidades | Salud y educación | Salud y educación | Seguimiento de asistencia social | Salud y educación y documentación | Salud y educación | 
| Familias Beneficiarias | 11000000 | 5000000 | 125000 | 420000 | 1650000 | 
| Presupuesto anual (en millones de moneda local) | 10400 | 44014 | 92000 | 730 | 7000 | 
| Presupuesto anual (en millones de dólares) | 5746 | 3319 | 169 | 253 | 1800 | 
| Asignación mensual por familia (en USD corrientes) | 43 | 55 | 38 | 50 | 94 | 
| Presupuesto / PBI | 0,37% | 0,31% | 0,10% | 0,20% | 0,58% | 
Cuadro 2: Impacto de la AUH en la pobreza, utilizando la línea de pobreza
del GBA-INDEC ($325.99, 2009 t2)
| AUH Inclusiva | AUH Estricta | |
| Incidencia (H: Indice FGT [alpha=0]) | -32,6 | -27 | 
| Intensidad (I: B/H) | -26,2 | -22,4 | 
| Brecha (B: Indice FGT [alpha=1]) | -50,9 | -43,6 | 
| Severidad (S: Indice FGT [alpha=2]) | -59,4 | -53,1 | 
| Indice de Sen (Sen: H [ I + (1− I )G p] ) | -49,4 | -42,9 | 
Cuadro 3: Impacto de la AUH en la pobreza, utilizando la línea de pobreza asociada a la canasta 7 provincias ($488.98, 2009 t2)
| AUH Inclusiva | AUH Estricta | |
| Incidencia (H: Indice FGT [alpha=0]) | -13,1 | -10,4 | 
| Intensidad (I: B/H) | -21,4 | -17,6 | 
| Brecha (B: Indice FGT [alpha=1]) | -31,1 | -25,2 | 
| Severidad (S: Indice FGT [alpha=2]) | -44,1 | -37,3 | 
| Indice de Sen (Sen: H [ I + (1− I )G p] ) | -31 | 25,4 | 
Gráfico 7: Impacto de la AUH sobre los distintos indicadores de pobreza en personas (reducción porcentual para el segundo trimestre de 2009)
Cuadro 4: Impacto de la AUH en la indigencia, utilizando la línea de indigencia del GBA-INDEC ($144.16, 2009 t2)
| AUH Inclusiva | AUH Estricta | |
| Incidencia (H: Indice FGT [alpha=0]) | -68,4 | -63,2 | 
| Intensidad (I: B/H) | -6,8 | -19 | 
| Brecha (B: Indice FGT [alpha=1]) | -72,2 | -72,2 | 
| Severidad (S: Indice FGT [alpha=2]) | -76,9 | -76,9 | 
| Indice de Sen (Sen: H [ I + (1− I )G p] ) | -72 | -68 | 
 
 
Cuadro 5:  Impacto de la AUH en la indigencia, utilizando la línea de indigencia  asociada a la canasta 7 provincias ($216.24, 2009 t2) 
 
| AUH Inclusiva | AUH Estricta | |
| Incidencia (H: Indice FGT [alpha=0]) | -54,7 | -46,7 | 
| Intensidad (I: B/H) | -23,1 | -24,6 | 
| Brecha (B: Indice FGT [alpha=1]) | -66,7 | -60 | 
| Severidad (S: Indice FGT [alpha=2]) | -68,4 | -68,4 | 
| Indice de Sen (Sen: H [ I + (1− I )G p] ) | -65,1 | -58,1 | 
Gráfico 8: Impacto de la AUH sobre los distintos indicadores de indigencia en personas (reducción porcentual para el segundo trimestre de 2009)
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