MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS
"Una gigantesca crisis política"
Por Prensa Obrera
La jueza electoral María Servini de Cubría decidió tomar en sus manos la investigación por los aportes a la campaña Cristina K-Julio Cobos, que antes había delegado en el fiscal Jorge Di Lello: “Ese ínfimo paso procesal podría cobijar una gigantesca crisis política” (La Nación, 22/9).
¿Por qué? Porque esa investigación, si se hiciera seriamente, develaría “la posibilidad de que la recaudación del Frente para la Victoria (FpV) haya servido, en 2007, para ocultar una operación muy extendida de lavado de dinero” (ídem).
En ese punto se hace obligatorio formular una advertencia: todos, denunciantes y denunciados, tratarán de mantener esa crisis dentro de ciertos límites. Tempranamente, Ambito Financiero (16/9), hizo sonar las alarmas porque, según dijo, el debilitamiento de Juan José Zanola –el primer involucrado en el escándalo– podría favorecer la acción de “algunos representantes (sindicales) internos... (como en) la UTA con los empleados del Subte, y la toma de la fábrica de Kraft por parte de delegados sindicales vinculados con Barrios de Pie y el Polo Obrero”. Importa el concepto, no la pertenencia política que el asustado portavoz del capital financiero atribuye a esos líderes obreros.
Ese diario recuerda que “hasta ahora siempre se pudo contener, bajo la conducción de Zanola, a las vertientes de izquierda y de centroizquierda, además de grupos radicales y hasta seguidores de (Elisa) Carrió”.
Ambito habla de Zanola, pero en verdad se refiere a toda la burocracia, especialmente cuando ya se sabe que son más de cincuenta las obras sociales vinculadas con la mafia de los medicamentos.
Plata sucia
Gabriel Brito es el dueño de Global Pharmacy y Servicios SA y tiene un pedido de quiebra presentado por Néstor Lorenzo, el “Yabrán” de la mafia medicinal según la ex ministra Graciela Ocaña. Brito figura con un aporte a la campaña Cristina-Cobos por 310 mil pesos, aunque dice que la plata no la puso él sino Lorenzo, que él prestó su nombre a cambio de la promesa de “negocios futuros” o “un favor político, como podría ser el manejo de una obra social” (Clarín, 23/9).
Hernán Diez y Sebastián Gramajo, responsables financieros de la campaña del FpV, explicaron en un e-mail al entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, que ese dinero “se recibió conforme a la ley en cuatro cheques del banco Credicoop” (Clarín, 22/9). Eran cheques al portador, pero el nombre del destinatario (el Frente para la Victoria) está escrito con una letra que no es la de Brito. Como se ve, basta introducir un dedo en cualquier costado de este asunto para que brote la pestilencia.
Hay otros dos cheques incautados en los allanamientos, por un millón de pesos cada uno, firmados por Carlos Torres y César Posse, dos monotributistas. Además, como muchos otros, esos cheques “no coinciden con la contabilidad de campaña que presentó el oficialismo” ante el juzgado de Norberto Oyarbide (La Nación, 22/9).
Ahora, Servini le pidió a Oyarbide toda la parte del expediente referida a los aportes de campaña. Como se sabe, esa jueza tiene la antigua costumbre de mantener causas abiertas para presionar al poder político, sobre todo ahora, cuando se dice “perseguida” por los Kirchner.
Las derivaciones del asunto son por el momento imprevisibles, porque sólo esos cheques alcanzarían para que Servini ordenara la intervención del PJ. Servini ya hizo eso en 2005, aunque entonces la operación sirvió para desplazar al duhaldismo en beneficio de los K. En ese momento, esa jueza nombró normalizador del justicialismo a su amigo Ramón Ruiz, ex agente de la Side y actual diputado kirchnerista. Ahora podría hacer al revés: desplazar a los kirchneristas para devolverle el partido a Duhalde.
Por eso, como dice La Nación (22/9), “el escándalo de las droguerías está ingresando, sin estridencias, en el corazón de la política”.
Scioli, con las barbas en remojo
Cuando Zanola armó aquel fideicomiso con Néstor Lorenzo –anunciado ruidosamente en 2008, en un acto al que fue Néstor Kirchner– no las tuvo todas consigo. Primero la banca privada y después el Nación le negaron cualquier financiamiento, y únicamente aceptó poner los fondos el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Otro salpicón para Daniel Scioli, quien ya vio caer a dos funcionarios del Ministerio de Salud provincial por sus vínculos con esa mafia, y tiene a su ministro del área, Carlos Zin, al borde del barranco.
El escándalo de los medicamentos golpea al gobernador bonaerense cuando, según los diarios, los K se proponen voltearlo para poner en su lugar a un “leal”: Alberto Ballestrini. Fuentes periodísticas (La Nación, 26/9), aseguran que Scioli ha deslizado en privado una amenaza curiosa. Si el gobierno nacional lo derribara, dice, “me pongo el sombrero de Zelaya”. El asunto, además, promete otras derivaciones.
Por ejemplo, Zanola denunció a Oyarbide ante el Consejo de la Magistratura por supuesto prejuzgamiento. En ese Consejo, entre otros, está la kirchnerista Diana Conti, cuyo marido, Enrique Dratman, es uno de los dueños de la droguería Cofeme, de Néstor Vázquez, socio de Néstor Lorenzo.
Vázquez, antiguo menemista, fue el principal colaborador del burócrata José Luis Lingieri cuando éste era gerente general de la Superintendencia de Seguros de Salud en tiempos de Menem. Ahora, dice Ocaña, es uno de los “yabranes” de los K.
Y el propio Zanola mantiene puentes con el gobierno. Su abogado, Carlos Robinson Marín, es un viejo amigo del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Su secretario de prensa, Eduardo Berrozpe, es íntimo de Guillermo Moreno y del diputado kirchnerista Carlos Kunkel.
“Siento esta adhesión como una condecoración”, había dicho Cristina Kirchner, aún candidata, cuando recibió el respaldo electoral de Zanola. La condecoración se le ha vuelto pesada, pero ella la sostiene.
En definitiva, el entretejido mafioso que ha quedado a la vista acelera una crisis política que ya subyacía. La resolución de esa crisis dependerá, en primer lugar, del grado de intervención independiente que puedan tener los trabajadores para echar a toda esta mugre.
A.G
