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Áreas (des)protegidas: el avance de la frontera extractivista

Áreas (des)protegidas: el avance de la frontera extractivista

En el último tiempo se evidencia un avance paulatino, pero sostenido, de la frontera productiva sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP). La desafección de la reserva provincial Pizarro, en Salta, para el desmonte y cultivo de soja; los proyectos mineros Pascua Lama y Veladero, en San Juan, con sus previsibles impactos sobre la Reserva de Biosfera de San Guillermo; y la exploración y explotación de hidrocarburos en inmediaciones o dentro de los parques nacionales Calilegua (Jujuy) y Nahuel Huapi (Río Negro), son sólo algunos ejemplos. Este avance se enmarca en la lógica de expandir la producción y mantener los márgenes de ganancia del capital global, cuyas consecuencias comprometen la supervivencia de numerosas comunidades.

La deliberada “primarización” -exportación de materias primas- sufrida por la economía argentina ha convertido al país en un territorio susceptible de saqueo y contaminación. Este proceso ha sido potenciado y agudizado por la provincialización de los “recursos naturales” operada con la reforma constitucional de 1994 -cuyo “federalismo” estimuló la asociación y connivencia de empresas multinacionales con élites locales- y las crecientes necesidades fiscales de las provincias -en buena medida propiciadas por el desguace y la descentralización de funciones que desde antaño eran atribución exclusiva del Estado Nacional (por ejemplo, garantizar salud y educación). Leer más.


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ObservatorioPetroleroSur

Javier Rodriguez Prado

 

Comenta Gonza:

He participado de diferentes eventos con JRP, incluso algunos que organizamos en la Cátedra a la que pertenezco. El último fin de semana estuvimos en el evento de Coopi, en Carlos Paz; y el sábado estaremos en el Foro Social de Salud y Ambiente (que ocurrirá viernes 23 y sábado 24) en la mesa, precisamente, sobre ambiente. Las investigaciones de JRP son minuciosas, pero además su análisis, conclusiones y propuestas para resolver los problemas de ese sector, son de una seriedad impresionante. Hay gente que puede pensar que a uno se le ocurre oponerse específicamente a determinadas cuestiones de puro jodido -se me ha acusado de 'sectario', ' vernáculo', 'gorila', un amigo entrañable asume que tengo un tumor cerebral que me hace perpetrar conductas irracionales, también se ha dicho (horror!!) que soy ¡de izquierda! (¡virgen santa! Dios no permita!), y hasta de uruguayo (tas loco, vo?). Lo que escasea es plantear argumentos por los cuales uno no debería oponerse con toda la energía posible a proyectos depredarores, imperialistas, destructores, creadores de enfermedades y que comprometen seriamente -y cada vez más- nuestro futuro (un texto 'radical' en el buen sentido, de hace ya algunos años, se titulaba justamente "Nuestro futuro robado").
Un saludo
Gonzalo (persona física)
PD: JRP plantea un concepto (que ignoro si es de él o ha sido tomado por él) que opone al de "recursos naturales" el de "bienes comunes". Y esto no es un simple cambio de nombres. Se relaciona con que se asume que este tipo de materiales nos pertenecen a todos, pero también discute lo de 'recursos' como un elemento para ser 'usado' sin más. Sería interesante que nos replanteáramos el futuro antes que desaparezca (también). Un amigo entrañable me planteaba con enorme razón, ya hace un tiempo, que el 'socialismo real' (que quien sabe si fue socialismo, es claro que fue 'real') nunca -y no poco tiene que ver con su fracaso; fue indicador de lo mezquino que se fue en la diferenciación del capitalismo, de su tenencia a imitar formas y procesos- se planteó con seriedad los problemas de ambiente, y puso por encima el 'supuesto' desarrollo, una de las características que más condicionó la proyección del estalinismo, desde 1930, pasando por la Guerra Civil española, su alianza fugaz (digamos) con el nazismo, buena parte de su papel en la guerra fría, su rol respecto de la campaña del Che en Bolivia, y su tolerancia (digamos) a Videla. Todo esto es así (según la humilde opinión opinable de esta persona física que opina y que tiene el 'poder' de opinar y poco más que eso, y a veces ni eso; el resto -respecto del poder- son fantasías de impotentes). Pero si el 'socialismo real' cometió esa falta de lesa humanidad, no parece que sea cuestión de tolerársela al capitalismo, aun declamando estar siendo administrado por un 'gobierno popular'.
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Javier Rodríguez Pardo, ambientalista y líder de la protesta contra el avance minero
Confesiones de un anti-Barrick

http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=32629


Nació en España, pero se radicó en la Argentina, donde se dedicó al periodismo y fundó el cine Lorca. Pero a fines de los años ochenta cambió de rumbo, se mudó a la Patagonia y se involucró en la lucha por el medio ambiente. Impulsó el Frente Antinuclear Chubut, militó contra las operaciones de Meridian Gold en la ciudad de Esquel y ahora acaba de lanzar Vienen por el oro, vienen por todo, un libro en el que describe con detalles el entramado de política, corrupción, contaminación y poder que respira a la sombra del poder minero. Por qué peligran los glaciares.

 


Cuando al ambientalista de tiempo completo Javier Rodríguez Pardo –autor de un libro inquietante de reciente aparición y título contundente, Vienen por el oro, vienen por todo– se le explica que Barrick Gold, la multinacional señalada de estar detrás del veto a la ley de glaciares, dice oficialmente que no opera sobre masas de hielo de la cordillera en la Argentina, el hombre se adelanta: “Bueno, si quieres, empiezo por contarte cuáles destruyó”. Después enumera: “Hay por lo menos 300 glaciares de roca que corren peligro debido al accionar de esta compañía. Otro glaciar, el Conconta, en San Juan, lo dinamitó para construir un camino de acceso al yacimiento Veladero y así podría seguir. Ahora, ¿quieres saber más? Barrick opera dentro del radio de una reserva de biosfera, pero eso no le impide seguir avanzando”.

En el año 2003, cuando la minera canadiense Meridian Gold desembarcó en Esquel para explotar el yacimiento El Desquite, Pardo se erigió como uno de los referentes del movimiento de vecinos que se opuso a la avanzada corporativa bajo el argumento de que la extracción de oro a cielo abierto, cianuro mediante, convertiría a la Patagonia en un campo estéril. Esa movilización logró que el gobierno del Chubut decretara la prohibición por tres años de la actividad en la provincia y funcionó además como el modelo que copiaron los asambleístas de Gualeguaychú para enfrentar a Botnia años más tarde. Ahora Pardo tiene a Barrick en la cabeza y no se lo ve con intenciones de dejar de pensar en ella, por lo menos, mientras no se restituya la normativa que vetó Cristina en noviembre del año pasado y que dejó a los hielos nacionales desprotegidos como un cubito afuera del refrigerador.

Pardo, a quien los directivos de Barrick definieron varias veces como un “terrorista”, viene escribiendo y relatando la historia del saqueo minero desde hace tiempo. Su libro flamante abunda en detalles sobre el origen de las empresas que operan en el país y la manera en que contaminan el ambiente. Será una especie de biblia para la batalla contra el avance minero y también un material de consulta indispensable para entender qué hacen los grandes grupos económicos mundiales con los recursos naturales. “La misma Barrick, que operó en las sombras para vetar la ley de glaciares –dice–, comenzó como una empresa petrolera. En sus orígenes aparecen traficantes de armas y hombres de negocios y por supuesto más tarde la familia Bush. Hoy opera en los cinco continentes y en todos ha tenido conflictos con la licencia social, es decir, con la gente”.

Las investigaciones de Pardo sobre Barrick vienen acompañadas por documentos y testimonios directos de ex empleados de la minera. Para el hombre es ley: conseguir la prueba antes de hacer la denuncia y evitar caer en el lugar común de muchos ambientalistas, que terminan pronunciando llamamientos vacíos. “Pero hay mucho a la vista –dice Pardo–. Veamos algunas cosas: cuando el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, hizo el cruce de los Andes, al igual que San Martín, llevaba una campera de Barrick. El equipo de fútbol San Martín de San Juan tiene a Barrick como patrocinador en la camiseta. Barrick llega con dinero a las comunidades. ¿Cómo? Ofrece plata a las juntas de seguridad, en Chile. Ofrece máquinas a la campesinos de Jáchal o El Rodeo, en San Juan. Les da máquinas agrícolas en comodato a cambio de complacencia y, si algo pasa, se las quita”.

–¿Y cómo llega al Congreso?

–Barrick no escapa a la lógica de las corporaciones. Y, por supuesto, cuenta con lobbistas en todos los niveles. Pero los principales son ángel Mazza y José Luis Gioja. La influencia de esta gente es muy grande. Prácticamente todos los diputados de la Comisión de Minería tienen vínculos comerciales con la empresas mineras. Todos ellos, en algún momento, aparecen como socios o con vínculos de algún tipo.

Los vínculos de la familia Gioja con Barrick también son visibles. Según las investigaciones de Pardo, Gioja tiene una empresa de insumos mineros llamada Ventonita Santa Fe. “Esta firma está dirigida por el senador César Gioja, hermano del gobernador. Pero te cuento por qué nosotros tenemos probado el vínculo de Barrick con esta empresa. Ellos mismos destacaron en su página web que los principales clientes eran Barrick y Techint. Cuando nosotros lo denunciamos, ellos borraron la web, pero tenemos ante escribano público certificada el acta donde se ve lo que decía la página”.

Barrick llegó a la Argentina a principios de los años noventa para lanzar el proyecto Pascua Lama, un proyecto binacional compartido con Chile, pero antes que eso, la más monstruosa explotación de oro y cobre del mundo, a cinco mil metros de altura y sobre la superficie de por lo menos tres glaciares, el Toro 1, Toro 2 y Esperanza, todos del lado chileno. “Esto es lo que desemboca en la ley de glaciares y el posterior veto. El glaciar Guanaco, que es donde Barrick dice que trasladará con palas mecánicas el hielo de Toro 1, Toro 2 y Esperanza, lo comparten la Argentina y Chile. Por lo tanto, decir que no operan sobre glaciares cuando ellos reconocen que sí es tildarnos de idiotas a todos”, explica Pardo.

Pardo va y viene en el tiempo. Recorre la historia de Barrick, enumera a sus directores y menciona a sus ex empleados. Es capaz de hurgar en su memoria, trazar un inventario sobre los dominios de Barrick y escupir una denuncia tras otra. Buena parte de las investigaciones de Pardo están basadas en testimonios recogidos directamente de ex operarios de la compañía. El caso más paradigmático, a su entender, es el de Fredy Espejo, un ex empleado argentino que fue enviado a Chile para capacitarse y de vuelta en San Juan fue pasando por diferentes etapas del proceso industrial minero hasta que le asignaron la responsabilidad del cuidado ambiental en la alta cordillera. Espejo tenía la obligación de cuidar el ambiente, mientras la Barrick exploraba el futuro yacimiento Veladero. Cuando esas obras terminaron –cuenta Pardo, que le contó Espejo–, recibió la orden de levantar el campamento. “Entonces –sigue Pardo– él pretendía bajar todo el campamento al pueblo. Desarmarlo, juntar los residuos y bajar. Pero la orden fue enterrar todo como quien esconde la mugre debajo de la alfombra a cuatro mil metros de altura. Espejo también denunció un caso de animales que murieron por ingerir roedores exterminados con veneno. También habla de la desaparición de una Vega. El énfasis de Espejo en hacer bien su trabajo le terminó jugando en contra y el hombre fue echado”.

–Barrick dice que hace minería responsable. ¿Qué quiere decir eso?

–La minería es la peor de las industrias. ¿Cómo obtienen el subproducto de la explotación? Con un método perverso que consiste en volar montañas y luego aplicar la sopa química.

–¿Qué es la sopa química?

–Es el reactivo que se le echa a la roca que contiene el mineral, cianuro de sodio y otros reactivos químicos. También se utiliza ácido sulfúrico, cuando se busca cobre. Hay distintos métodos. Cuando Barrick desembarcó por estos minerales a principios de los noventa, por ejemplo, lo primero que hizo fue perforar gran parte del cerro Filo Federico, en la frontera, para hacer un túnel de 4,6 kilómetros que comunica Chile con la Argentina. Mientras tanto, sus operadores hacían los lobbies necesarios para lograr el Tratado Binacional que les permitió finalmente operar en una zona franca. Barrick consigue ese tratado sin presentar los informes de impacto ambiental que le permitieran hacer eso.

–O sea que Barrick no cumplió con los requisitos indispensables para operar.

–Barrick no cumplió con ninguna etapa de nada. Hacen bonitos folletos, pero no cumplen con nada y reconocen que al proyecto Pascua Lama le seguirán otros en Jujuy, Salta, Catamarca, Neuquén y Veladero, que ya se está explotando en San Juan. Ellos tienen los glaciares contados, como no los tenemos nosotros. Pero mire, en un informe que Barrick encarga a una consultora canadiense se cuenta que los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza han disminuido el 70 por ciento desde que la empresa opera en Chile. Barrick argumentó que todo se debe al cambio climático.

–Entonces, en la Argentina sí opera sobre glaciares.

–Cuando ellos dicen que no hay glaciares nos tratan de estúpidos. Yo te podría mostrar fotos de cateos de Barrick sobre superficies glaciares que parecen un queso gruyère. En el camino que conduce a Veladero hay un glaciar que se llama Conconta o glaciar de Vallejos, al que destrozaron sólo para construir los caminos de 35 metros de ancho por donde deben pasar los camiones. En esa zona de operaciones de la minera tenemos denunciados por glaciólogos más de 300 glaciares de roca que recién ahora están investigando. Pero contra la forma de hacer negocios de ellos hay poco que hacer.

–¿Cuál es esa forma?

–El soborno.

Pascua Lama, el yacimiento de la polémica

A principios de mayo de 2009, la Barrick Gold puso en marcha Pascua Lama, primer emprendimiento minero binacional del mundo, compartido entre la Argentina y Chile. Con una inversión de u$s 3.000 millones, la empresa estima que producirá entre 750 mil y 800 mil onzas de oro y 35 millones de onzas de plata por año a un costo de caja de entre u$s 200/250 por onza.

La construcción del proyecto, que tendrá una vida útil de 25 años, terminará a fines de 2012. La producción comenzará en 2013.

Cuando funcione en pleno, utilizará un millón de litros de agua por hora en una zona semidesértica, detonará 45 mil toneladas de roca por día y tendrá un dique de cola (basurero químico) de 420 hectáreas y 200 metros de profundidad. Es, sin duda, el proyecto más polémico de las centenas de emprendimientos mineros que afloraron en el país como consecuencia de los enormes beneficios legales e impositivos que ofrece la Argentina a las multinacionales de la industria minera. “Será un desastre, peor que cinco plantas de celulosa juntas”, grafican los ambientalistas de San Juan.

Veladero, a su vez, está ubicado a 320 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina y a unos 4.850 metros de altura. Comenzó a gestarse en 1994 y sólo un año después se inició la etapa de exploración. Pero los procesos fueron lentos: recién luego de la devaluación, la Barrick presentó un informe de impacto ambiental. Una vez aprobado, empezó a levantar las instalaciones. En octubre de 2005, Veladero inició la extracción de oro y plata. Utiliza el sistema de explotación a cielo abierto con utilización de cianuro, tiene una vida útil de 17 años y planea extraer trece millones de onzas de oro. El ex ultramenemista, ex duhaldista y ahora kirchnerista gobernador de San Juan, José Luis Gioja, es uno de sus máximos defensores. Al mismo tiempo, una empresa de su familia (productora de cal) es una de las principales proveedoras del yacimiento.

Además de Pascua Lama y Veladero, en San Guillermo existen otros emprendimientos mineros en etapa de prospección. La reserva sanjuanina es el sitio de mayor concentración de poblaciones de vicuña de nuestro país y forma parte, desde 1981, de la Red de Reservas de Biosfera de la Unesco. Fue creada para la protección y conservación de la importante biodiversidad alojada en ese territorio. Pero no se trata sólo de proteger a la vicuña: según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el arsénico y los metales pesados utilizados por la industria minera “contaminarán tarde o temprano el agua de la región” utilizada para el trabajo rural y el consumo humano.

El imperio del oro

Barrick Gold Corporation es la multinacional minera dedicada a la extracción de oro más grande del mundo, con sede en la ciudad canadiense de Toronto. Mantiene más de 27 minas operativas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, Argentina y Tanzania.

Hasta 1993, Barrick sólo tenía operaciones en Norteamérica, pero ese mismo año la compañía decidió instalarse en América Latina. Así, la empresa llegó a Perú en 1993 y un año más tarde, a través de la compra de Lac Minerals, se instaló en Chile con la mina El Indio y el entonces proyecto Nevada, que más tarde pasó a llamarse Pascua Lama.

En 2001, Barrick se fusionó con Homestake, lo que marca la llegada de la empresa a la Argentina y la adquisición de Veladero, en la provincia de San Juan. Más allá de las actuales operaciones y proyectos, Sudamérica es un área estratégica para el crecimiento futuro de la empresa.

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medicos que denuncian y luchan: desde Chile Juan Gervas: el salmon

El Mirador
EL MIRADOR (DE JUAN GÉRVAS): ISA

http://www.actasanitaria.com/actasanitaria/frontend/desarrollo_noticia.jsp?idCanal=23&idContenido=15116

Juan Gérvas Madrid 05/10/2009 La ISA, siglas de la 'anemia infecciosa del salmón', que está provocando estragos en la industria salmonera de Chile, lleva a Juan Gérvas a conclusiones más próximas, como lo que está sucediendo con la gripe A, o con lo ocurrido con la gripe aviar o con el mal de las 'vacas locas'.

El archipiélago de Chiloé está a unos mil doscientos kilómetros al sur de Santiago de Chile y a unos noventa de Puerto Mott. El clima es suave y lluvioso (caen 2.500 mm de lluvia anualmente), lo que convierte al paisaje de llanuras y colinas en una maravilla de verdes, con bosques llenos de helechos y musgos en los que destacan las iglesias tradicionales hechas en madera y en los que viven el diminuto caballo chilote y el minúsculo pudú (el ciervo más pequeño del mundo). La costa de la región tiene lagos y estuarios y forma una especie de mar interior con aporte de agua por las mareas. La Isla Grande de Chiloé está separada del continente por el Canal de Chacao, que cruza un ferry en media hora, aproximadamente. La Isla Grande tiene unos 180 km de largo por 50 de ancho, y fue conquistada por Diego Hurtado de Mendoza en 1540. Por su paisaje, los españoles le dieron el nombre de Nueva Galicia, pero ha persistido la voz huilliche que significa "lugar de chilles" (una gaviota). La ciudad de Castro es una de las más antiguas de Chile, fundada en 1567; en ella se conservan los típicos palafitos, recuerdo de un paraíso perdido de la artesanía (fibras, madera y lana). Chiloé ignoró la independencia de las naciones de Sudamérica y fue la última posesión española, hasta 1826. Los chilotas son conocidos por su afabilidad y eran pequeños productores agrícolas, ganaderos, pescadores y mariscadores hasta hace quince años. Ahora son básicamente obreros por cuenta ajena, de multinacionales salmoneras.

El salmón chileno

El viaje en LAN-Chile suele evocar olor a pescado, pues en muchos casos la carga es básicamente salmón para exportación. En quince años la acuicultura en Chile, en el archipiélago de Chiloé y en el entorno de Puerto Mott (y por la expansión, incluso hasta el Estrecho de Magallanes), ha ido creciendo un 15% anual, lo que ha multiplicado por 13 la inversión. Con ello Chile se ha convertido en la segunda potencia mundial del salmón, tras Noruega, y es capaz de exportar anualmente casi medio millón de toneladas. La exportación de salmón sigue en importancia a la del cobre y celulosa. La acuicultura del salmón en Chile es la más productiva del mundo, por la riqueza y fertilidad del área marina de las Islas de Chiloé. En la actualidad hay unas 5.000 hectáreas de mar dedicadas a la acuicultura del salmón, concentradas en apenas 300 kilómetros, con 600 centros de cultivo y unos 120 millones de salmones. Trabajan en este sector 50.000 personas, aproximadamente, y el 70% son mujeres (el 90% en las plantas de procesamiento). El trabajo es peligroso en lo que se refiere al de los buzos, y los accidentes son frecuentes. En el proceso productivo se emplean grandes cantidades de fungicidas, plaguicidas y antibióticos. En 2008 se calcula que se emplearon 0,07 gramos de antibiótico por tonelada de salmón en Noruega y 560 gramos en Chile (el 40% quinolonas). Se añaden los problemas ambientales, tipo escape de los salmones (especie europea invasora), del orden del millón anual, aprovechamiento excesivo de la pesca de sardinas, jureles y otros peces para hacer pienso para los salmones y la contaminación y ocupación del mar en competencia con otras actividades, como la pesca artesanal tradicional y el turismo. Por cierto, los salmones que se escapan no se pueden pescar pues siguen siendo "propiedad" de la industria; además, la sobre-explotación para hacer pienso deja a los pescadores artesanales sin sustento.

Aumento del precio del salmón

En lo que va de año, el precio del salmón noruego en origen ha subido de 2,81 a 4,34 euros. Por consecuencia, las acciones de la mayor empresa salmonera del mundo, la noruega Marine Harvest, han subido el 270%. También han subido las acciones de otra empresa nórdica dedicada a la producción de alimento para salmones y truchas, Cermaq.

El aumento del precio del salmón noruego se debe a la caída de la producción del salmón chileno, en un 75%. La muerte de los salmones en Chile se debe a la enorme incidencia de la anemia infecciosa del salmón, ISA (de infectious salmon anemia). La anemia infecciosa del salmón la produce un virus, probablemente traído de Europa, de Noruega, donde la ISA fue un problema grave en los ochenta y noventa del pasado siglo. La ISA apareció por primera vez en Chile en 2007, y probablemente su diseminación ha tenido que ver con la plaga de piojos de mar (cáligus). Los piojos de mar han aprovechado las condiciones extremas de concentración de millones de salmones para crecer incontroladamente, y para hacerse resistentes a los diversos plaguicidas (empleados imprudentemente en cantidades crecientes y sin control). Los piojos pican y destrozan la piel de los salmones y eso facilita la diseminación de la ISA. Ésta se combatió en Noruega con el sacrificio de los animales, las cuarentenas y la limpieza, pero todo fue más fácil allí, por la menor concentración de explotaciones. En Chile se ha emprendido una campaña manual de vacunación uno a uno de los salmones, además de trasladar las jaulas más al sur, a aguas más frías y por ahora no contaminadas. Pero se calcula que la producción tardará cinco años en recuperarse, y ha habido hasta 20.000 despidos entre los trabajadores del sector. Las empresas han tenido que enfrentarse a deudas millonarias (en torno a los 1.500 millones de euros) y, para renegociar la deuda, el Estado de Chile les ha transformado las concesiones, haciéndolas a perpetuidad e hipotecables. De hecho, pues, ha privatizado el mar en contra de los intereses nacionales.

¿Quién toma las decisiones?

El virus que causa la anemia infecciosa del salmón afecta especialmente a los endotelios vasculares lo que provoca hemorragias profusas. Es un virus RNA, de la familia de los orthomyxoviridae, del género isavirus. Es decir, es un virus gripal, del tipo que provoca la gripe en humanos, cerdos y aves, pero por ahora nunca ha producido el menor daño en la salud ni de trabajadores ni de consumidores.

En todo caso, la historia de la anemia infecciosa del salmón tiene puntos en común con los problemas que padecemos por los excesos de la industria ganadera, tipo "vacas locas", gripe aviar y gripe A (gripe porcina). Sobre todo, demuestra que los gobiernos no son libres, que no toman con independencia las decisiones que afectan a su soberanía y al bienestar de las poblaciones a las que representan. La gestión de la gripe A es un buen ejemplo, con ritmos y alarmas marcadas por agentes no identificados públicamente, con protocolos, medicamentos, vacunas, mascarillas, jabones, respiradores, campañas y anuncios que generan millones de euros de beneficio y poca salud (si alguna).

Juan Gérvas es Médico General Rural y promotor del Equipo CESCA

la manipulacion genetica de la vida y la comida por las Corporaciones

En algún sentido complementario a lo antes enviado, las razones de las causas de las enfermedades están en el modo en que se produce. Es decir, en el modo capitalista de producción. Las soluciones que el capitalismo propone son modos de producción (y de investigación sobre ello, y de validación de conocimiento) capitalista de medicamentos y vacunas. La sopa capitalista que producen nos alimenta y nos enferma (cuando no llega a nosotrxs alimenta la desnutrición, cuando llega alimenta la obesidad y otros trastornos, y de otro modo nos enferma de la vaca loca, la gripe porcina y la aviar) y cuando dicen que quieren curarnos, nos tratan con medicamentos truchos o que no sirven (aun los 'auténticos') que nos obligan a 'comprar' (y a veces nos obligan a comprar y encima nos los encajan diciendo que son gratis, como con el Remediar, donde también se distribuyeron, además, medicamentos truchos, a sabiendas del Ministro de ese entonces, GGG).

Si no entendemos lo que tenemos que cambiar, estaremos fritos por varios lados. O cocinados en la sopa del calentamiento global.
Un saludo
Gonzalo
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Cerdos climáticos
Silvia Ribeiro*
http://www.jornada.unam.mx/2009/10/10/index.php?section=economia&article=027a1eco

Mientras el planeta se sigue calentando y el caos climático aumenta, las negociaciones sobre el tema en Naciones Unidas van de mal en peor. Reunidos a principios de octubre en Bangkok, Tailandia, para discusiones preparatorias de la decimoquinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (que sesionará en Copenhague en diciembre), el ambiente no puede estar más tenso ni más caliente, en todo sentido.

Un ejemplo de lo perverso que pueden ser las propuestas en este ámbito: la mitad de los proyectos que México ostenta en la Convención de Cambio Climático como “desarrollo limpio” y “solución” para mitigar los gases de efecto invernadero son ¡granjas de cría industrial de cerdos! Aunque parezca ciencia ficción, una de ellas es Granjas Carroll de México, famosa en el mundo por haber creado en sus pestilentes fábricas de cerdos el virus de la gripe porcina. Las aguas, el suelo y el aire alrededor de sus instalaciones están grave e impunemente contaminados, los campesinos y pobladores de la zona viven enfermos y cuando protestan por sus derechos, los reprimen y llevan a juicio. Pero en Naciones Unidas, Granjas Carroll, con espaldarazo oficial, se presenta como “solución ambiental”. ¿Cómo es posible una situación tan grotesca?

Una de las peores trampas que acompañaron el establecimiento del Protocolo de Kyoto (parte de la Convención de Cambio Climático), es que los gobiernos aceptaron que en lugar de reducir efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero en fuente, los países del norte y empresas que más los producen pueden pagar a otros (que tengan menos emisiones) para seguir contaminando, sea a través de fondos manejados por gobiernos, o a través de mercados privados de carbono. Esto no mejora el cambio climático, pero ha dado lugar a nuevas fuentes de negocios y especulación financiera con mercados primarios y secundarios de bonos de carbono. Peor aún, los llamados “sumideros de carbono”, con los que las empresas compran su derecho a contaminar, son pingües negocios para las mismas u otras grandes trasnacionales, como es el caso de las extensas plantaciones de monocultivos de árboles, con enormes impactos ambientales y sociales.

Una forma de este perverso mercado es el llamado “Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)”, que existe dentro de la Convención de Cambio Climático. Se basa en compensar a las empresas por “evitar” la hipotética emisión futura de más gases de efecto invernadero. La mayoría de los proyectos dentro del MDL favorecen a empresas tremendamente contaminantes y dañinas al medio ambiente, porque la compensación se da en comparación a lo más sucio que sería la producción sin el proyecto presentado. Esta contabilidad no contempla lo realmente necesario: que este tipo de producción debe desaparecer. Existen opciones realmente “limpias” y sustentables, en este caso, la producción agrícola y pecuaria campesina, descentralizada y de pequeña escala.

El proyecto MDL de Granjas Carroll es un emprendimiento conjunto de ésta (propiedad de la trasnacional Smithfield, la mayor productora gobal de cerdos, pero se presenta como contraparte de México), Cargill Internacional SA, desde su sede en Suiza, y Ecosecurities Ltd del Reino Unido. La última es una empresa trasnacional de transacciones con bonos y créditos de carbono.

La actitividad del proyecto es la “recuperación de metano” (un importante gas de efecto invernadero), alegando que se producirá biogás para generar electricidad, con parte del metano que se emite en las inmensas y contaminantes lagunas de excrementos de cerdos. El proyecto es mínimo en relación con las emisiones y múltiples otros impactos de Granjas Carroll, y justifica la producción industrial, ya que para captar la cantidad de gas alegada, los animales deben estar concentrados, y el excremento líquido. Los gases emitidos por el excremento de ganado, si no estuvieran confinados y en enormes cantidades, serían muchísimo menores o neutrales, porque la materia fecal de animales en campo abierto, se seca y es absorbida en forma natural en el suelo, sirviendo además como fertilizante que favorece el crecimiento de pastura que absorbe y retiene carbono.

Por el contrario, la lógica de Granjas Carroll y los otras empresas de cría industrial de animales es que se les debe pagar por manejar el problema que ellos mismos causan.

¿Alguien cree que así se podrá enfrentar el cambio climático? Los gobiernos tampoco. Algunos, como Bolivia y otros del ALBA, plantean que la situación es demasiado grave y no tolera más farsas. Exigen reducción drástica de emisiones y el reconocimiento de la “deuda climática” histórica de las trasnacionales y países del Norte. Pero los países de Norte y muchos del Sur, como México, siguen discutiendo mecanismos de mercado y hasta quieren aumentarlos, incluyendo dentro de un próximo protocolo la agricultura industrial en totalidad, no sólo la pecuaria. Así, los devastadores monocultivos transgénicos, como la soya en los países del sur de América Latina, podrían ser subsidiados por este mecanismo de desarrollo tan sucio.

Aunque la lucha es desigual, muchas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales están denunciando la situación y se preparan para manifestarse de muchas formas, en paralelo a la Cumbre de Copenhague. La consigna que los reúne es ¡Justicia climática ya!

*Investigadora del Grupo ETC

Control del clima con fines militares


http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/52377

Desde hace unos años han recrudecido las notas que señalan algo tenebroso alrededor del proyecto HAARP, un engendro de los militares estaodunidenses para el control del clima con fines militares. Para algunos científicos un uso desconsiderado de ondas electromagnéticas, incluidas en los proyectos HAARP, podría incluir cataclismos ambientales.

Desde hace unos años han recrudecido las notas que señalan algo tenebroso alrededor del proyecto HAARP, un engendro de los militares estaodunidenses para el control del clima con fines militares.

Las notas de quienes se han tomado el trabajo de recopilar elementos sobre el proyecto High-Frequency Active Aural Research (Programa de investigación activa de alta frecuencia de la aurora), que es a su vez parte del programa estratégico mayor, Guerra de las Estrellas, apuntan todas ellas a “preocupaciones”, indicios, atisbos, de semejante estrategia, que, faltos de pruebas de alguna concreción, se limitan a hacer un diagnóstico preocupante y a la vez quieren evitar presentar cargos que, sin verificación a la vista, puedan convertirse en flancos débiles a cualquier reacción. Por infundio, calumnia, etcétera.

“Nuestro” estimado Michel Chossudovsky (1) en un trabajo de 2005 ubica el origen de tales proyectos en 1992.(2) Otro estudioso del tema, Nick Begich,(3) en coaturía con Jeane Manning, en cambio, rastrea orígenes de estos planes en la década del 50, algo en lo que coincide el grupo-e <formarse> en otra presentación reciente.(4)

Públicamente, como aclaran Begich y Manning en su trabajo, HAARP “da la impresión que se trata de un proyecto académico con el objetivo de modificar la ionosfera para mejorar la calidad de nuestras comunicaciones. Sin embargo, diversos documentos de origen militar expresan más claramente que el objetivo de HAARP es aprender a “explotar la ionosfera al servicio de los propósitos del Ministerio de Defensa[sic]”.

Lo cierto es que la Universidad Fairbanks, de Alaska, está empeñada en investigaciones de manipulación atmosférica sin precedentes desde los estallidos de las bombas atómicas.

Se estima que este programa, tan celosamente custodiado por los militares estadounidenses les permitiría proveerse de un tomógrafo cubriendo todo el planeta con el cual verificar a quien lo instrumente si hay o no proliferación nuclear, por ejemplo. Asimismo se podría rastrear aviones volando a muy bajo nivel o cruceros misilísticos, superando así las viejas formas de detección. El manejo de HAARP según sus titulares también habilitaría asegurar mejores y más amplias comunicaciones en áreas extremadamente extensas.

Pero ésas son las “actividades legales” o “a la vista” del proyecto. Para algunos científicos un uso desconsiderado de ondas electromagnéticas, incluidas en los proyectos HAARP, podría incluir cataclismos ambientales.

Antecedentes no faltan. Precisamente en vísperas de lo que cambió el estilo político del planeta con la “guerra al terrorismo” inaugurada en el WTC, el Weekly Telegraph en su edición (semanal) que salió el 5 de setiembre de 2001, reveló “un experimento que se había mantenido oculto en Inglaterra en 1952, y que luego de casi medio siglo salía a luz gracias a la puesta a disposición del público de información del estado hasta entonces confidencial”.

Un aguacero cayó entonces en una pequeña población del sur inglés, Lynmouth, “matando a 35 personas en una sola noche”. El artículo remata: “puede no haber sido un desastre natural”.

Los documentos oficiales hasta entonces confidenciales han permitido conocer planes de la RAF [Fuerza Aérea militar británica] para “precipitar precipitaciones” valga la cacofonía. Algo que las autoridades habían estado negando reiteradamente, pese a atisbos presentados por diferentes ex-miembros de la RAF.

El Ministerio de Defensa británico sostuvo tras lo publicado en el 2001 que no se pudo tratar de una tormenta inducida, y por lo tanto rehuyó toda responsabilidad por los 35 muertos, puesto que los estudios para modificar el clima no empezaron hasta 1954. En resumen: por un esguince cronológico de dos años, el gobierno excusaba toda responsabilidad pública, estatal... Dos años con el paso de las décadas parece una minucia, un esquive poco digno. Para remate, la BBC, al poner a luz los documentos antes secretos reveló que el Archivo Nacional británico se refería a experimentación e inducción climática… entre 1949 y 1955, lo cual es totalmente coherente con el comienzo de la Guerra Fría, pasada la cortísima primavera de posguerra. Tan enmarcados en la Guerra Fría estaban tales planes que en ellos se puede leer que la inducción de lluvias torrenciales estaba pensada “para entorpecer la marcha del enemigo” y ”para incrementar el cauce de los ríos e impedir su franqueo al enemigo” (programa radial de fines de agosto de 2001, BBC Radio 4, cit. p. Weekly Telegraph, ibíd.).

Para terminar con los esquives de responsabilidad institucional, el mismo artículo nos recuerda que a su vez el Science Monitor atribuye los primeros experimentos para desencadenar lluvia a la década de los ’40 en EE.UU. bajo el nombre “Project Cirrus”, conducido por General Electric y encabezado por Irving Langmuir, premio Nobel en Química del año 1932, un especialista en el estudio de las nubes, en la creación de aparatos de descarga de electrones, bombas de vacío, soldadura de hidrógeno atómico y en la producción artificial de lluvia…

Pero no se trata sólo de investigar cuán lejos se ha llegado con el proyecto HAARP, y desde cuánto tiempo se ha estado trabajando en ello. Se trata de ver la mentalidad dominante en las capas militares que procuraron adueñarse del planeta en 1945, que tuvieron un cierto eclipse, por empate al menos aparente de fuerzas con el bloque soviético durante la Guerra Fría, y que a partir de los ’90 otra vez se han sentido los amos indiscutidos, excluyentes.

En un período geopolíticamente similar a éste que estamos viviendo, de unipolaridad, que va de mediados de los 40 hasta comienzos de los ’50 (en 1952 la URSS detona su primera bomba de hidrógeno y se acaba la primacía que creían haber cosechado los estadounidenses para un largo período...), el mundo, igual que ahora, estaba pletórico de candidatos a confrontar con la hegemonía norteamericana. En aquel entonces, todavía “calientes” los planteos racistas (aunque erradicados del vocabulario, junto con la caída ignominiosa del nazismo), los militares se dedicaron a buscar armas étnicas, por ejemplo.

De esa época son precisamente el Proyecto Cirrus y la Operación Cumulus.

La necedad y el racismo fueron tan consustanciales al militarismo estadounidense, que había entrevisto con la segunda posguerra el principio de su universalización, que gastaron millones en procurar rastraer virus o bacterias que dañaran a las razas “negra” o “amarilla” dejando indemnes a los blanquitos. Uno de esos proyectos se denominó “Who, me?” e imaginaba encontrar sustancias que vertidas al aire (en un aeropuerto, por ejemplo) hicieran que un chino o un jap despidieran un olor apestoso que por supuesto, presuponían, no iba a desprenderse de los cuerpos blancos. El proyecto, con cierta lógica, aunque también afortunadamente, no encontró las ansiadas sustancias, pero da cuenta de la mentalidad de los dueños del poder, mentalidad que por cierto perdura por encima, o debajo, de coyunturas políticas o cambios epocales. Salió a luz cuando algunos de los experimentos militares terminaron con la vida de algún civil de los rociados en espacios públicos con sustancias de experimentación y sin aviso, es decir usando a su población como cobayos.(5) Cuando los papeles confidenciales de aquella época salieron a luz, en la década de los ’80, se tuvo un panorama de la amplitud de las técnicas militares puestas al servicio de la preponderancia estadounidense.

También la soberbia caracterizó la estrategia militar norteamericana.

La ingeniería genética, por ejemplo, fue entrevista como la posibilidad inagotable de producir agentes patógenos irresistibles, mediante modificaciones genéticas que los hicieran irreconocibles a las defensas biológicas naturales, tradicionales o adquiridas mediante medicamentos. Hay frases que dan el sentido de esa aspiración al poder absoluto: “La ingeniería genética empuja el potencial de crear patógenos nuevos hasta el infinito”; “La barrera moral para la guerra biológica ha sido franqueada”, la primera pertenece a un “informe” del Depto. de Defensa [sic] de EE.UU., en general más conocidos, vaya uno a saber por qué, por sus funciones ofensivas, y la segunda, una escaramuza ética del director de la CIA de los ’80, suponemos que etólogo William Webster…

Los proyectos étnicos, así como los bioquímicos pertenecen exactamente a la misma época que el Proyecto Cirrus y la Operación Cumulus que hemos espigado.

Y es a la luz del modus operandi, sistémico, de los mandos militares estadounidenses que tenemos que juzgar la posibilidad, la probabilidad, la certeza de estrategias de dominio climático, de poder militar a través de modificaciones climáticas.

Integrar entonces los datos fraccionados que se conocen, como los que presentamos sucintamente, con esta estrategia o cosmovisión con aspiraciones al dominio planetario que ha caracterizado a la élite de EE.UU. y que, de alguna manera, ha tenido éxito en llevarla a cabo. Con las armas sofisticadas que estamos repasando, con las más tradicionales de los bombardeos o sencillamente con el poder cultural que han sabido diseminar en el mundo entero, al punto que hoy en día podemos hablar, mal que nos pese, de una americanization de, en mayor o menor medida, todas las sociedades humanas.

El antídoto está en nosotros. Conciencia, resistencia, forja de otros vínculos. No aceptar que un país sea doblegado mediante el clima. Como tampoco deberíamos aceptar que fuera doblegado por hambre o enfermedades, como el sur sahariano, o por los bombardeos, “convencionales” o nucleares. Perdimos con Irak. No deberíamos perder con Irán. El universo de los agresores debería ser conmovido por nuestra reacción: no se puede agredir impunemente y proseguir “como si nada”, la “vida cotidiana”. La de ellos, y la nuestra. www.ecoportal.net

Luis E. Sabini Fernández es Docente de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, Facultad de Filosofìa y Letras de la Universidad de Buenos Aires, periodista y editor de la revista Futuros.

Notas

(1) “Falsedades globales: como el BM y el PNUD distorsionan las nociones de pobreza planetaria”, futuros, no 2, invierno 2001.

(2) “La nueva «arma de destrucción masiva», manipulación del clima con fines militares”, Global Research, Canadá.

(3) “The Military Pandora’s Box”, www.haarp.net.

(4) <formarse.conspiraciones.proy.

HAARP> .

(5) Esa muerte fue investigada por los deudos que con su persistencia dieron con los autores involuntarios pero efectivos del homicidio. Véase Luis E. Sabini Fernández, “Coyotes y cobayos”, El Porteño, no 95, noviembre 1989, Vicki Haddock, “Test-Tube Warfare”, San Francisco Chronicle, San Fco., 5 y 6 de octubre de 1989.

Fuente: Ecoportal

La criminalizacion de los pueblos originarios: el ejemplo de Tucuman ( gobernador Alperovich)


 

CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
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13 de Octubre de 2009 | Tucumán | Argentina  


PUEBLOS ORIGINARIOS | EXIGEN LA APLICACIÓN DE LA LEY 26160
Un muerto y 4 heridos de bala, el saldo del ataque de terratenientes contra una comunidad indígena
Desde hace casi un mes, la comunidad Chuschagasta permanece en la ruta exigiendo el reconocimiento de sus tierras. En la tarde de ayer, un reconocido terrateniente de la zona, de apellido Amín, llegó al lugar junto a otros dos hombres. Sacaron fotos del lugar y se declararon los auténticos dueños. Ante el rechazo de las más de 20 personas que se encontraban allí –entre mujeres, niños y gente mayor-, el terrateniente y sus secuaces sacaron sus armas de fuego y dispararon. Javier Chocobar murió como consecuencia de un disparo en el abdomen; otros cuatro comuneros fueron heridos de bala. Aunque todos están fuera de peligro, dos se encuentran en el Centro de Salud y esperan para ser operados. CONTRAPUNTO. 

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Urgente: asesinaron a miembro de la Comunidad Indígena de Chuschagasta

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APARICION CON VIDA YA! DE JULIO LOPEZ

La lucha de los mapuches contra el poder estatal y las Corporaciones

nes, 12 de octubre de 2009

En la última década, los mapuches recuperaron más de 230 mil hectáreas de territorios ancestrales

Volver a la tierra

El pueblo mapuche lleva adelante una política de reivindicació n tan silenciada como histórica. Sujeto a la ley, comenzó a recuperar territorio ancestral. Al conmemorarse el 12 de octubre, los casos, los testimonios y las batallas de las comunidades.

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Por Darío Aranda

Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Sólo en la última década, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 233 mil hectáreas –once veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires–, lo que implicó volver a tierras ancestrales. Respaldados por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales, la recuperación implica mucho más que hectáreas, instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario. “Nuestra visión choca de frente con los intereses del capital, que pretende apropiación del territorio, y con los gobiernos, que permiten, facilitan e instrumentan las nuevas formas del despojo”, explican desde el Consejo Asesor Indígena (CAI), organización de base de las comunidades indígenas de Río Negro.

Lucinda Quintupuray tenía 79 años. Toda su vida permaneció en el mismo lugar, paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón, tierras preciadas por negociantes inmobiliarios. Fue encontrada con dos disparos. Nada robaron, sólo la asesinaron. Un año después, Victoriano Quintupuray, hijo de Lucinda y heredero de las 2500 hectáreas fue encontrado ahogado. La policía lo caratuló como “accidente”. Era agosto de 1994 y comenzaba una larga batalla administrativa por el territorio ancestral. La Comunidad Quintupuray de un lado, el gobierno de Río Negro y operadores inmobiliarios del otro. Luego de quince años de reclamo administrativo y judicial, el 5 de mayo de 2008, la Comunidad Quintupuray recuperó el territorio: ingresó a las parcelas, construyó una vivienda y comenzó a utilizar el territorio.
“El gobierno provincial no sólo no toma en cuenta el crimen impune sino que avanza en completar el despojo, desconociendo nuestra existencia”, explicó la Comunidad el día que volvió a su lugar.
El Consejo Asesor Indígena (CAI) acompañó a la comunidad y apuntó a la Dirección de Tierras y al Consejo de Desarrollo de Comunidad Indígenas (Codeci), dependientes del Gobierno. “Sus actuaciones son funcionales a quienes quieren apropiarse de nuestro territorio. No sólo defenderemos nuestros derechos colectivos sino que seguiremos avanzando en la recuperación de nuestro territorio”, afirmó el CAI, que en la última década acompañó a comunidades mapuches en la recuperación de 160 mil hectáreas.
El presidente del Codeci, Florentino Huircapan, deslindó responsabilidades en las acusaciones, pero aseguró apoyar las recuperaciones como “un acto de justicia”. También aceptó que el Estado provincial está en deuda con los pueblos indígenas y reconoció que ninguna de las 126 comunidades de Río Negro cuenta con título comunitario.
El CAI es una de las organizaciones referentes de la lucha indígena. Su conformación se remonta a mediados de la década del ’80, cuando a fuerza de movilizaciones y debates lograron una legislación provincial de avanzada (Ley 2287). Dos de los puntos más novedosos eran la expropiación de tierras para entregar a las comunidades y la investigación histórica del despojo territorial, con la posterior restitución.
Luego de diez años de insistir por vía administrativa, con exiguos resultados y marañas burocráticas, en 1997 una trawün (asamblea) en Ingeniero Jacobacci decidió avanzar con recuperaciones territoriales. “Durante años se creyó que el Estado devolvería la tierra despojada. Pero se dio por agotada la etapa administrativa, el poder político no tiene voluntad alguna de cumplir la ley, el Estado no tiene voluntad de devolver lo que sacó”, explicó Chacho Liempe, del CAI.
Duplicaron las acciones directas y fueron blanco de jueces corruptos, funcionarios con doble discurso y policías de gatillo fácil. A cada atropello sobrevenía un avance en los campos, en la Línea Sur (el inhóspito desierto provincial) o en la cordillera, hectáreas recuperadas de manos de grandes propietarios, Estados (provincial y nacional) y empresas forestales. Nunca afectaron metros de tierra de puesteros, campesinos o pequeños productores.
Entre 1987 y 1989 realizaron reafirmaciones territoriales de más de 30 mil hectáreas. En 2000 se produjo la primera recuperación, de la Comunidad Casiano-Epumer, 8000 hectáreas que había usurpado un empresario y terrateniente local. La Justicia negó durante siete años el derecho a esas parcelas, pero la Corte Suprema de la Nación certificó que la comunidad había cumplido todos los pasos administrativos, confirmó que la provincia no respondió al reclamo e instó al Juzgado de Bariloche a ocuparse del caso.
Entre 2002 y 2005 se avanzó sobre otras 30 mil hectáreas. Hasta mayo pasado, y con una veintena de casos, el pueblo mapuche de Río Negro lleva recuperadas 160 mil hectáreas. La mayor parte en cercanías de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao y El Bolsón.
Caso paradigmático es la comunidad José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón. A pesar de habitar el mismo lugar desde fines del siglo XIX, el Estado provincial (a través de la Dirección de Bosques) ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y sembró monocultivo de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos sin respuesta. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, fue denunciado por “robo” en su propia tierra.
“Ante esta situación, y cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: exigieron que la estatal Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) se retire definitivamente.
El Estado, contradiciendo toda la normativa vigente (incluida la misma Constitución provincial), solicitó el desalojo de los ocupantes tradicionales.
La Confederación Mapuche de Neuquén tiene casi cuatro décadas de historia, es protagonista de la resistencia y los avances en la región. Aunque en la actualidad los mayores conflictos se producen por intentos de desalojos y criminalizació n, lleva recuperadas 73 mil hectáreas, principalmente en el departamento de Aluminé, y gran parte son campos de invernada y veranada. En 1995 comenzaron con la mayor acción de recuperación, en el predio Pulmarí, departamento de Aluminé, 350 kilómetros de la capital provincial. Un cementerio indígena y arte ancestral en piedras confirman la preexistencia indígena. Fueron apropiados por el Estado luego de la Campaña al Desierto, expropiados por el primer gobierno peronista y, una de las mayores estancias, transferida al Ejército.
La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) había sido creada en 1987 con el objetivo de administrar de forma sustentable 112 mil hectáreas, con una gradual restitución al pueblo mapuche. Pero la Confederación Mapuche comenzó a denunciar que la CIP funcionaba como “un quiosco inmobiliario” , donde había entrega de tierras a “amigos del poder”. Luego de reiteradas denuncias y reclamos, comenzaron con las recuperaciones. En catorce años recuperaron 70 mil hectáreas, incluidas diez mil que son reclamadas por el Ejército. Nueve comunidades, 900 familias, 3500 personas que ya recuperaron territorio ancestral.
“El concepto de recuperación se complementa con el de restitución, que es el acto legal de reconocimiento que esperamos sobre esas recuperaciones. Para afirmar que esas tierras las ocupamos como acto de estricta legitimidad histórica, ante la pasividad política y jurídica, y ante la amenaza inminente de pasar a manos de los especuladores de la zona”, advierte Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche.
Hace dos meses, el CAI tomó la iniciativa en el frente judicial. En un hecho inédito, planteó una demanda colectiva contra el Estado. “Demandamos judicialmente al Estado de Río Negro para que disponga el reconocimiento total y definitivo de las fracciones del territorio tradicional que ocupamos. A la vez, para que conforme la comisión investigadora de los despojos y robos de tierras, y restituya los espacios”, señalaron once comunidades mapuches.
En base a la Constitución Provincial y la legislación internacional, el objetivo de fondo de la demanda contra el Estado de Río Negro es que se declare la nulidad de todos los actos administrativos “que blanquearon el despojo” de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades. La línea argumental de la denuncia es extrapolable a los demás pueblos originarios: “El robo de tierras fue y es una práctica extendida contra el pueblo mapuche. El mecanismo de despojo y omisión que lleva adelante el Estado es en perjuicio de las comunidades y en beneficio de terceros, incluido el propio Estado”.
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Agrotoxicos en el estomago

Dos temas relacionados, y que muestran no solo donde estamos (en Argentina, en Brasil y en el mundo....) sino para donde vamos. Y quiém está interesadx y quien no (o mejor, quien está interesadx en cuestiones contra la vida y la superviviencia del mundo).

Hay una, varias, decenas, miles de cosas que este gobierno pueden ser o no buenas. Que me las indiquen y que discutamos sobre ella puede ser o no interesante. Lo que uno trata es de marcar las que no solo son indiscutiblemente MALAS, no solo que las siguen haciendo, sino que requiere INDEFECTIBLEMENTE (en buena medida precisamente por eso) que hagamos algo. Y si ese algo es CONTRA este gobierno es precisamente por ese motivo: porque el gobierno se pone del lado contrario a la vida y el futuro. Y la gente. El resto vemos.
Un saludo
Gonzalo (persona física)
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7 Octubre 2009
AGROTÓXICOS EN SU ESTÓMAGO
http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2009/10/07/agrot-xicos-su-est-mago
por João Pedro Stedile

Los portavoces de la gran propiedad y de las empresas trasnacionales están muy bien pagados para poder defender, hablar y escribir, todos los días, que en Brasil ya no hay más problemas agrarios. Por fin, la gran propiedad está produciendo mucho más y teniendo más beneficios. Por tanto, el latifundio ya no es un problema para la sociedad brasileña. ¿Será verdad?

Tampoco voy a abordar el tema de la injusticia social de la concentración de la propiedad de la tierra, que hace que apenas un 2%, o sea, 50.000 terratenientes, sean dueños de la mitad de toda nuestra naturaleza, mientras que tenemos 4 millones de familias sin derecho a ella.

Voy a hablar de las consecuencias para usted que habita en la ciudad, de la adopción del modelo agrícola del agro negocio. El agro negocio es la producción en gran escala, en monocultivos, empleando muchos agrotóxicos y maquinaria. Usan venenos para eliminar las otras plantas y no contratar mano de obra. Con ello, destruyen la biodiversidad, alteran el clima y expulsan cada vez más familias de trabajadores rurales.

En la cosecha pasada, las empresas transnacionales, y son pocas (Basf, Bayer, Monsanto, Du Pont, Sygenta, Bungue, Shell química...), celebraron que Brasil se transformó en el mayor consumidor mundial de venenos agrícolas. ¡Fueron vertidos 713 millones de toneladas! Una media de 3.700 kilos por cada brasileño. Estos venenos son de origen químico y permanecen en la naturaleza. Degradan el suelo. Contaminan las aguas. Y sobre todo se acumulan en los alimentos. Los cultivos que más usan venenos son: caña de azúcar, soja, arroz, maíz, tabaco, tomate, patata, uva, fresas y hortalizas. Todo esto dejará residuos en su estómago. Y en su organismo afectan a las células y algún día pueden transformarse en cáncer.

Pregunten a los científicos de nuestro Instituto Nacional del Cáncer, centro de referencia de la investigación nacional, ¿cuál es el principal origen del cáncer después del tabaco?

La Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) denunció que existen en el mercado más de veinte productos agrícolas no recomendables para la salud humana. Pero nadie coloca un aviso en los rótulos de los alimentos, ni los retira de las estanterías. Antiguamente era permitido que la soja y el aceite de soja tuviesen apenas 0,2 mg/kg de residuos del veneno glifosato, para no afectar a la salud. De repente, la Anvisa autorizó que los productos derivados de la soja pudiesen tener hasta 10,0 mg/kg de glifosato, 50 veces más. Ello ocurrió ciertamente por presión de la Monsanto, pues el residuo del glofosato aumentó con la soja transgénica de su propiedad.

Eso mismo está aconteciendo ahora con los derivados del maíz. Después que fue aprobado el cultivo de maíz transgénico, lo que aumenta el uso de venenos, quieren ampliar la posibilidad de residuos del 0,1 mg/kg permitido actualmente para 1,0 mg/kg.

Existen otros muchos ejemplos de las consecuencias de los agrotóxicos. El doctor Vanderley Pignati, investigador de la UFMT (Universidad Federal de Mato Groso), reveló en sus pesquisas que en los municipios que tienen gran producción de soja y uso intensivo de venenos los índices de abortos y malformaciones de fetos son cuatro veces mayores que la media del Estado.

Nosotros hemos defendido que es preciso valorizar la agricultura familiar, campesina, que es la única que puede producir sin venenos y de manera diversificada. El agro negocio, para tener escala y grandes beneficios, solo consigue producir con venenos y expulsando a los trabajadores para las ciudades.

Y usted paga la cuenta, con el aumento del éxodo rural, de las "favelas" y con el aumento de la incidencia del veneno en su alimento.

Por eso defender la agricultura familiar y la reforma agraria, que es una forma de producir alimentos sanos, es una cuestión nacional, de toda la sociedad. No es más un problema de los sin tierra. Y es por eso que cada vez que el MST y Vía Campesina se movilizan contra el agro negocio, las empresas transnacionales, sus vehículos de comunicación y sus diputados y senadores, nos atacan tanto. Porque están en disputa dos modelos de producción. Está en disputa a qué intereses debe de atender la producción agrícola: ¿tan solo el beneficio o la salud y el bienestar de la población?

Los ricos saben de lo que estamos hablando y tratan de consumir apenas productos orgánicos. Y usted precisa decidirse. ¿De qué lado está?

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Argentina: Que el negocio no tape el bosque
http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2009/10/07/argentina-el-negocio-tape-bosque

(Por Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik para la Agencia de Noticias Biodiversidadla)
(Biodiversidad.org , 6 de octubre 2009)

Recientemente, en un comunicado conjunto, tanto el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), como los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN) agremiados en ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), denunciaron la permanente «devastación de miles y miles de hectáreas de bosques nativos y pastizales».

Causada por incendios y desmontes que lejos están de ser el resultado de un eventual accidente, y que, sin embargo -afirmaron-, son consecuencia de «una política sistemática de destrucción» del ambiente en «beneficio de unos pocos». Los agronegocios y los emprendimientos inmobiliarios fueron los principales sindicados de estas prácticas de especulación con la tierra.[1]

Las organizaciones aseguraron que mientras el proyecto de ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba se encuentra «parado» en la secretaría de Ambiente por las «presiones» que ejercen grupos corporativos, los incendios se siguen sucediendo allí donde cada uno de estos empresarios tiene puesta su mirada; territorios que luego «milagrosamente aparecen sembrados de soja», o bien, convertidos en «countries» destinados a satisfacer a exclusivos sectores de «alto poder adquisitivo».

Asimismo, los campesinos y trabajadores de la APN remarcaron que el gobierno provincial solo «escucha a algunos sectores (...) que poco interés muestran por el ambiente», excepto el de seguir ahorrando costos y concretar sus negocios.

«No es casual», para las organizaciones, la falta de un ordenamiento territorial y de decisión política para evitar mayores perjuicios a la biodiversidad, por lo que la elevación a la legislatura local del proyecto de ley de ordenamiento fue considerada «urgente» para que se establezcan las pautas adecuadas para el manejo del monte y los pastizales.

Finalmente, como «organizaciones de la sociedad civil», reclamaron ser parte de una investigación que de con «el origen de los incendios» y con aquellos funcionarios de las secretarías de Agricultura y Ambiente que pudieran ser «responsables».

Pasada una semana de estas denuncias, la Agencia de Noticias Biodiversidadla mantuvo un diálogo paralelo con Horacio Britos, ingeniero agrónomo del MCC, y con Gustavo Peyroti, licenciado en trabajo social y delegado de ATE Parques Nacionales. Dos miradas para visualizar las relaciones de poder que se ciernen sobre los montes cordobeses, hacer una aproximación a la situación forestal en Argentina y reconocer algunos de los conflictos territoriales que surgen por la defensa del bosque herido.

- Sancionada la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (2007), ¿cuáles eran los pasos que se tenían que cumplir en una provincia como Córdoba?

Horacio.- De manera orgánica a la reglamentación que propuso el gobierno de la provincia, convocamos la comisión (Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Córdoba - COTBN). La comisión nombró su presidente, sus autoridades; es una comisión multisectorial con participación del gobierno. Se elaboró el proyecto de ley con una metodología donde participamos las organizaciones sociales y todas las regiones afectadas.

Lo más importante es que la provincia participó con sus delegados en conjunto con un montón de organizaciones sociales, ONG, organizaciones de la producción. Se hicieron 7 talleres en el interior de la provincia y se hizo una audiencia final de presentación. En la audiencia se recibieron todos los aportes finales, se hizo una marcha en la ciudad de Córdoba y hubo un informe en la comisión de Asuntos Ecológicos de la legislatura.

Al final, se terminó el proyecto borrador y se lo presentó a la secretaría de Ambiente. Después, tuvimos una reunión para afinar algunas críticas que había hecho el secretario Costa (Raúl Costa, secretario de Ambiente). Estamos esperando que finalmente la secretaría y el gobernador pongan el OK a este proyecto, de manera que entre a trámite parlamentario.

- ¿Todo este proceso está vinculado al ordenamiento territorial previsto por la nueva ley de bosques?

Horacio.- Exacto. Tiene que ver con como Córdoba se va acogiendo a la reglamentación nacional de la ley de presupuestos mínimos, que llegó un año tarde. La provincia incluso recibiría los recursos necesarios para implementar la ley. El proceso empezó en la comisión y la ley se presentó casi dos años más tarde. Hubo toda una presión, unas idas y vueltas de muchas provincias que no se acogieron a la ley, no elaboraron la reglamentación o hicieron como Córdoba, que la presentó tarde.

Gustavo.- A partir de la sanción de la ley nacional de bosque nativo, cada provincia está obligada a realizar su ordenamiento territorial. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Es una metodología que con diferentes variables, trata de ubicar las actividades en función de la protección del bosque. Pasado junio de 2008, la secretaría de Ambiente de la provincia no llama a efectuar ese ordenamiento en forma participativa.

A partir de julio, el movimiento campesino junto con Parques Nacionales y la Universidad Nacional de Córdoba realizan un foro. Con una participación de 200 personas se genera todo un movimiento acerca de la ley. La ley nacional prevé tres figuras de protección: las zonas rojas, las zonas amarillas y las zonas verdes.

Las zonas rojas son zonas intocables, no se pueden desmontar al igual que las zonas amarillas; la diferencia es que en las amarillas se permiten actividades de uso ganadero y agricultura a pequeña escala, pero sin modificar la función esencial del bosque nativo; y las zonas verdes, son consideradas de escaso valor de conservación y se pueden desmontar previo un plan de manejo. Generalmente, las leyes nacen del gobierno hacia la ciudadanía; aquí fue al revés.

Durante 8 meses de trabajo se redactó la ley, la que da el sustento jurídico a esos mapas que se realizaron de protección del bosque nativo. En la audiencia pública fueron alrededor de 900 personas, un hito en todas las provincias argentinas. Si me preguntás qué es lo que sucede hoy, lamentablemente, a cuatro meses de haber presentado esa ley la secretaría aún no la ha elevado a la legislatura.

- ¿Es decir que hoy este proyecto está frenado en la secretaría de Ambiente?

Gustavo.- Sí, ese es el término concreto, está frenado. Frenado a pesar de que la secretaría formó parte de esta comisión y discutió el tema de los mapas con esta comisión. Siempre quisimos que esta secretaría tome parte en este proyecto, darle la mayor institucionalidad posible. Podríamos haber entregado este proyecto por mesa de entrada en la legislatura, pero no, quisimos siempre que esta ley entrara por secretaría.

Lamentablemente hoy está frenado, no por una cuestión de que no hay voluntad, sino por los intereses corporativos que están dando vueltas, realmente, de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentina, Federación Agraria Argentina y CONINAGRO), excepto la Federación Agraria.

La CRA y la Sociedad Rural de Córdoba han siempre intentado deslegitimar este espacio, a tal punto que generaron toda una cuestión mediática durante estos meses de trabajo, considerándonos conservacionistas, antidesarrollistas y antiproductivistas, olvidando y negando que uno de los mayores motores de la economía regional son las familias campesinas.

- En este lapso de tiempo, ¿qué pasó con el monte nativo?

Horacio.- Lo que pasó acá, por ejemplo, sobre todo con una de las organizaciones vinculadas a la Mesa de Enlace, como la CRA, es que se manifestaron abiertamente en contra, deslegitimando todo el trabajo que se hizo, y operaron a través de sus contactos con el secretario y el ministro de Agricultura, frenando continuamente este proceso. De hecho, en todo lo que se hizo con la comisión, no se puso un peso de la provincia.

Habrán habido dos mil o tres mil pesos de una actividad, pero muy poco dinero. Todo el gasto, el software con el que se hicieron los mapas, lo pusieron miembros de la comisión; todo el trabajo metodológico, las innumerables reuniones que hemos tenido han sido ad honórem. La provincia no ha hecho nada por facilitar este proceso. No ha hecho nada en absoluto; lo que ha hecho, lo ha hecho a regañadientes y con quejas.



Gustavo.- Córdoba es una de las provincias que tiene mayor índice de desmonte en toda la Argentina, uno de los más altos del mundo. Esto lo dice la Universidad Nacional de Córdoba en su figura máxima de rigor científico, más allá de los fundamentos sociales que son claves y evidentes. Córdoba ha deforestado en sus últimos 20 años el 60% del bosque nativo.

A Córdoba le queda solamente el 5% de bosque en buen estado de conservación, y en estado de degradación, conjuntamente con el anterior, le queda casi el 9%. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), este organismo de la alimentación de las Naciones Unidas, considera que en todo país que tenga una masa forestal reducida a menos del 10% peligra, en forma evidente, su capacidad de sobrevivencia.

En términos didácticos es esto: Córdoba tiene el 9,3%, está en el límite, tiene serio riesgo, no solo de que el bosque se reproduzca a sí mismo, sino su capacidad de generar alimentos. Esta claro que es una disputa política por un modelo de desarrollo. En Córdoba hemos tenido un modelo de desarrollo que ha devastado los recursos naturales; la frontera agrícola ha devastado nuestro bosque nativo y con ello ha llevado a la pobreza, aún más, a las familias campesinas.

Por otro lado, en las Sierras Chicas, tenemos un modelo de desarrollo inmobiliario que ha afectado las cuencas hidrográficas en forma alarmante. En ciudades como Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, quizás ese esparcimiento que el turista tiene lleva a olvidar el grave deterioro ambiental que significa el desarrollo inmobiliario.

Las cuencas están agotadas por este desarrollo inmobiliario sobre las laderas, y la ley de bosques tiende a frenar este desarrollo. Imagínate la cantidad de presiones y corporaciones que están dando vueltas en referencia a esta ley.

- Ustedes vienen denunciando que paralelamente a esta situación los incendios y desmontes continuaron.

Horacio.- Lo que planteamos es que en estos dos años se ha dejado que este lobbie avance, no solamente en los pasillos, sino en el campo, aprovechando a desmontar todo lo que se puede. Lo que nos llama poderosamente la atención es esta cuestión de los incendios, que se dan en zonas críticas, incluso zonas que están vinculadas a la posición fuerte que han tenido las sociedades rurales locales con la ley, como lo es en Río Cuarto, al sur de la provincia, donde han habido algunos incendios intensos.

Ellos están operando y hay una fuerte intencionalidad, digámoslo así, de obstruir este proceso a través de las conexiones que ellos tienen. Oh casualidad, la semana pasada también se convocaron a algunos grupos de las universidades a presionar a los decanos, a los rectores, que ya habían avalado a los equipos técnicos que trabajan en la comisión.

Hicieron una movida de prensa planteando que la universidad debería tener una postura «ni productivista, ni ambientalista», desconociendo a todos los equipos que trabajaron de la universidad en este proceso. Hay presiones, fuertes presiones de estos grupos de interés, vinculados a la sociedad rural y que están vinculados posiblemente a los agronegocios de los sojeros.

Gustavo.- Cuando se sanciona la ley en 2007, expresamente prohíbe los desmontes. En Córdoba había autorizaciones de desmontes que no se habían efectuado, autorizaciones del año 2006. La gente que no había efectuado esas autorizaciones empieza a realizar los desmontes. La provincia, por presiones de la universidad, del movimiento campesino y otras organizaciones dice: «Las autorizaciones que no se hicieron en tal época, no se realizan».

Es decir, no se pueden realizar desmontes. Algunos grandes empresarios seguramente vinculados al agronegocio y al negocio inmobiliario encontraron una forma: tratar de generar permisividad en el manejo de la ley del fuego, una ley que prohíbe expresamente la utilización del fuego en el cambio del uso del suelo. Si bien la ley no lo hace expresamente, lo que hace es decir «usted puede quemar por este sector, este sector, y este sector, en determinadas épocas».

Una semana antes de que Córdoba fuera afectada en casi 40 mil hectáreas por incendios, hay una reunión entre la Sociedad Rural y la CRA de Córdoba con la secretaría de Ambiente, pidiéndole excepciones a esa ley. La secretaría dice que lo va a estudiar, nosotros decimos «ni se les ocurra hacer eso», y a la semana se desatan los incendios en las mismas zonas donde se habían pedido esas autorizaciones.

Por si fuera poco, el proyecto de ley presentado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de la provincia de Córdoba expresamente prohíbe el uso del fuego como manejo para el desmonte, y va más allá, dice que en cualquier bosque nativo que haya sido afectado por el fuego no se permitirá el cambio de uso del suelo. Yo no puedo incendiar y hacer soja después, o maíz, no puedo incendiar y hacer un country.

- ¿Han podido constatar alguna de estas maniobras con los desmontes?

Gustavo.- La gente ya no le cree a la secretaría de Ambiente, la gente llama a Bomberos para que vayan a apagar el incendio, y a nosotros, como técnicos por un lado, y como COTBN. En la universidad la gente plantea denuncias; hemos ido como comisión a lugares donde se estaba desmontando para realizar countries que no están autorizados. Esto lo corroboramos, estaba el cartel de futuro country y el desmonte; está más que claro.

- ¿Cuáles son los actores que intervienen en la Comisión de Ordenamiento Territorial?

Horacio.- Somos muy diversos, por ejemplo, participamos con organizaciones que están netamente en la lucha ambiental, han habido organizaciones que trabajan en la «remediación», reforestación, de la universidad, distintos grupos de investigación relacionados con bosque nativo; está la Federación Agraria, con los que hemos tenido fuertes diferencias y enfrentamientos, pero la juventud de Federación Agraria está participando con una postura muy constructiva; y estamos los movimientos que tenemos como eje la lucha por la tierra.

Los sectores son muy amplios. Habían grupos del gobierno provincial que han estado acompañando este proceso sin problema y en una construcción de una propuesta positiva, que prevalezca el cuidado y la conservación del bosque, pero que también de pautas para la producción, para el mejoramiento de las economías regionales. La ley es básicamente de conservación; ha sido un debate muy interesante.

Gustavo.- En un territorio siempre hay diversas miradas, es necesario abordarlas, consensuarlas, discutirlas y llegar a un acuerdo, pero con un objetivo: la protección del bosque nativo. Hemos podido sacar un proyecto de ley que conforma a todas las miradas, obviamente no a todas, no precisamente a los que se autoexcluyeron desde el inicio de esta discusión, que fueron la gente de la Mesa de Enlace excepto la Federación Agraria. Desde el inicio ningunearon todo espacio colectivo de discusión de esta ley.

- ¿Cómo es la articulación que tienen Uds., entre el movimiento campesino y los trabajadores de Parques Nacionales en ATE?

Horacio.- A nivel nacional tenemos muy buena relación con los muchachos, y acá localmente hemos trabajado codo a codo. Hemos hecho reuniones en las oficinas de ellos; excelente relación. Estamos tratando de avanzar en algunos proyectos en el territorio, por ejemplo, el Movimiento Nacional (Campesino Indígena) tiene algunos proyectos que está trabajando con los cumpas de ATE Parques Nacionales. Tenemos relación con los guardaparques locales que también han estado movilizando, y hemos estado trabajando juntos en la ley de bosques.

Gustavo.- El Estado en lo institucional tiene sus límites. Venimos articulando proyectos con algunas organizaciones que integran el movimiento campesino desde lo institucional: programas, proyectos de forma conjunta con Parques Nacionales, porque consideramos que el movimiento campesino es una organización territorial y el concepto de territorio es fundamental en el tema del bosque nativo.

Implica que aquellas organizaciones que conviven y viven en el territorio son las más adecuadas para ejecutar proyectos institucionales o de financiamiento. Venimos trabajando en esa línea, con las organizaciones territoriales, en diferentes parques nacionales del país, y particularmente en Córdoba y San Luis. Desde el gremio de ATE Parques Nacionales entendemos que la política de conservación es una discusión ideológica, por eso compartimos un marco ideológico-político en esa discusión con el movimiento campesino.

- ¿Algo para agregar?

Horacio.- Se está gestando en Buenos Aires una actividad alternativa al Congreso Forestal Mundial[2]; Argentina está donándose a los agronegocios forestales y no se qué va a pasar con esto de las papeleras. Esto ya viene de antes, nos parece que todos los compañeros, los amigos de Buenos Aires, tienen que sumarse a las movilizaciones que probablemente haya en contra de estos espacios de agronegocios.

Nosotros vamos a estar con el MNCI en movilización, del 15 al 16 (de octubre), y el 17 vamos a participar en las actividades paralelas al congreso forestal; así que invitamos a todos a que se sumen a las acciones.

Gustavo.- Esto no se diferencia entre los grandes encuentros de promoción minera que se realizan con aportes de las grandes mineras en Argentina, responden al mismo modelo de desarrollo. Argentina se ha convertido en exportador de materias primas como nunca antes había ocurrido. Uno se puede poner como exportador, pero desde la autonomía; Argentina se ha puesto desde la esclavitud.

Este congreso viene a legitimar eso. Nosotros hemos planteado un contraforo que es «desarrollo forestal», pero con autonomía campesina, autonomía de las familias, de los territorios, donde los territorios decidan su forma de producción.

»»Notas:

[1] Trabajadores de Parques Nacionales y Movimiento Campesino de Córdoba. «Los incendios en Córdoba no son "accidentes" o "descuidos"», 21 de septiembre 2009.

[2] El XIII Congreso Forestal Mundial se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires entre el 18 y el 23 de octubre. Organizado por la FAO y el gobierno de la República Argentina tiene por objetivo «diagnosticar la situación general de los bosques y el sector forestal, (...) adaptar las políticas y estimular la concienciación entre los grupos involucrados e interesados en el sector». Su lema será «Desarrollo forestal, equilibrio Vital». ( http://www.cfm2009.org )•