Corrupcion publica: los cientificos globalizadores
Mariano Moreno
http://pllradio.blogspot.com/2007/11/flor-de-lino.html
viernes 23 de noviembre de 2007
FLOR DE LINO
La semana pasada, la actual primera dama electa presidente anunció el gabinete de ministros con que comenzará su gobierno. Entre los anuncios se incluyó la creación de un nuevo ministerio que se llamaría de "Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva" y estará a cargo de José Lino Barañao. La prensa oficial se apuró en mostrarlo a la "opinión pública" como un científico destacado y respetado por sus pares. Sin embargo, ¿qué intereses defiende Lino Barañao? El científico anticipó, tratando de ponerle a la foto su mejor perfil "productivista", que intentará ser el "ministro de la globalización" y que si bien "la globalización tiene también aspectos negativos, no está globalizado el usufructo de la riqueza" ¿Está seguro Don Lino?
Lino Barañao, Doctor en Química de la UBA, es actualmente presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, la que a su vez depende del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Además es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Biología y Medicina Experimental en el área de la biotecnología animal aplicadas a la reproducción bovina.
Hace casi un año, el investigador Independiente del CONICET, Eduardo R. Saguier, denunció la existencia de una enorme red de corrupción entre el CONICET, sus Comisiones Asesoras, las Universidades Nacionales, sus Consejos Directivos y las Secretarías de Ciencia y Técnica.
Dentro de esta red, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica cumpliría un rol fundamental en esta "cadena de la felicidad" utilizada para el beneficio personal, la cooptación de científicos para intereses políticos y privados y el desvío de fondos a empresas privadas . La denuncia nunca fue refutada en forma consistente y en la misma se consignaba cómo medio centenar de Coordinadores de Áreas de la Agencia Científico-Técnica, setenta miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET y medio centenar de Secretarios de Ciencia y Técnica de las Facultades y Universidades Nacionales se habrían otorgado subsidios a sí mismos o a terceros que son afines por amistad o parentesco.
Este entramado no es reciente pero cobra fuerza en 1997 cuando se forma la ANPCYT y se fortalece en nuestros días. Unos dos mil "investigadores", que son "jueces y parte", reciben anualmente un promedio de 100.000 dólares cada uno. El que "parte y reparte se lleva la mejor parte": en el 2001 el propio Lino Barañao participó del reparto con un subsidio de $140.000. ¿Preocupante?
La Agencia que lidera Barañao desde 2003 maneja el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) y el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), unos 510 millones de dólres en total. El FONCYT dirigido a institutos de investigación y el FONTAR orientado claramente a empresas. EL FONTAR recibe sus fondos principalmente de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como el destinado al Programa de Modernización Tecnológica. Pero claro, a pesar de las contrapartes que debe aportar el Tesoro Nacional, el BID impone sus condiciones y Lino las acata…
Hace un año, el Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología con la adhesión de más de 1.600 Personas y 89 Instituciones presentó al FONTAR un proyecto solicitando financiación para un Programa de Producción Pública de Medicamentos que incluía además el desarrollo de la capacidad de sintetizar drogas en nuestro país, capacidad con la que hoy La Argentina no cuenta. Lamentablemente, el Dr. Lino Barañao rechazó el proyecto argumentando que los dineros del FONTAR estaban destinados a empresas y PYMES. De esta manera, el discurso de Barañao se derrumba en los hechos ya que sus intereses están en otro lado. Sin embargo hay otro asunto mucho más interesante asociado a Barañao.
En 1991, cuando las multinacionales de los agronegocios habían definido a La Argentina como el gran campo de experimentación de cultivos transgénicos, el gobierno de Menem creó un órgano de "asesoramiento" técnico del Secretario de Agricultura: la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA). La CONABIA se encarga de regular la liberación al ambiente de materiales animales y vegetales obtenidos mediante ingeniería genética.
La CONABIA está constituida por representantes de los sectores público y privado interesados en los grandes negocios transgénicos, por ende, se comporta como un colador y nada está prohibido. A modo de ejemplo: el evento T25 del maíz transgénico de Bayer, el denominado Liberty Link, está prohibido en Brasil pero en nuestro país fue autorizado por la CONABIA en junio de 1998.
Dentro de este grupo "interdisciplinario e interinstitucional" se encuentra el CONICET, y adivinen quién participa de la CONABIA en representación del CONICET. Claro que sí, el nuevo adalid del desarrollo científico nacional y popular: el Dr. Lino Barañao. El mismo que participó en 2004 de la elaboración del "Plan Estratégico 2005-2015 para el Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria" que el Ministerio de Economía de Kirchner y Lavagna redactó a la medida de las corporaciones como Advanta, Bayer, Nidera, Syngenta y Monsanto.
La alquimia transgénica ha tenido rutilantes fracasos como la clonada oveja Dolly, "creada" en 1997 y sacrificada en 2003 con signos evidentes de envejecimiento prematuro. Asimismo, los cultivos transgénicos han ocasionado (y siguen ocasionando) severos impactos ecológicos, ambientales y socioeconómicos que obliga a las multinacionales de los agronegocios a destinar una parte de sus ingentes ganancias a una profusa propaganda en los medios, al soborno de funcionarios y a la cooptación de científicos; algunos ocupan encumbrados cargos públicos…
Programa del 23 de noviembre de 2007
Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2006
Carta Abierta al Presidente del ANPCYT Dr. José Lino Barañao
(al finalizar, está el texto de la carta de José Lino Barañao)
En su réplica a la denuncia sobre la Cadena de la Felicidad recientemente descubierta en el organismo de su dirección, amén del afán por descalificar a su autor con epítetos acerca del supuesto conspiracionismo nacional e internacional que el mismo padecería, el Presidente del ANPCYT confiesa que "…el tema, por su complejidad, amerita una aclaración y una discusión en profundidad."
Para comenzar, llama poderosamente la atención que en todo el transcurso de su larga gestión administrativa (casi cuatro años) el Dr. Barañao no haya estimado necesario en ese lapso haber discutido con la comunidad académica temas tan delicados y trascendentes. Recién ahora, cuando las castañas queman, cuando la comunidad académica ha sido ninguneada, cuando está harta de tanta injusticia y prepotencia y comienza a despertar del letargo a la que fue sumida, cuando se han quedado sin política y cautivos de los lobbies corporativos y profesionalistas de las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas, cuando se ha terminado por privatizar el dominio público mediante anacrónicas divisiones administrativas (FONCYT-FONTAR), y cuando las propias gestiones del Ministerio de Educación, la Secretaría de Ciencia y Técnica y el ANPCYT entraron en crisis y están puestas en tela de juicio, el Dr. Barañao se empeña en demandar desesperadamente la urgencia de un debate.
En principio, el Dr. Barañao presume de emular a las entidades de financiamiento de los países desarrollados (CNRS, National Endowment for the Humanities) y cree que basta con la publicidad de los listados de beneficiarios y la supuesta excelencia académica de los mismos, para garantizar la moralidad de los actos administrativos. Estos actos pueden ser publicitados y hasta cuantitativamente medidos por el INDEC, y sus beneficiarios puede que sean de excelencia, pero igualmente puede ocurrir que los actos administrativos que les dieron origen adolezcan de vicios de procedimiento de tal inusitada gravedad que los vuelvan nulos de nulidad insanable, y lo que es aún peor, que su calidad y creatividad sea soslayada en beneficio de la mera cantidad.
En ese sentido, el Dr. Barañao sostiene que "…nunca se ocultó el financiamiento a los coordinadores". No obstante, todos los que tratamos desde hace tiempo por conocer dichos Listados, sabemos de la obstinada y sufrida dificultad en obtenerlos. La diagramación de la Página de Inicio de la SECYT es un claro exponente de esas prácticas de ocultamiento destinadas a coartar la libertad de información, las que deberían ser incriminadas penalmente por violación del derecho al acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional. Por otro lado, si no hubiera sido porque el suscripto desafió al Moderador de la Lista de Discusión Pol-Cien con un escrito titulado "La Banda de Ladrones"; y si no fuera por la obsequiosidad de un beneficiario de dichos subsidios cuya identidad no estoy autorizado a revelar todavía estaríamos como Diógenes con la linterna. Pero lo que no alcanza a cerrar, por mas que el Dr. Barañao se obstine en ocultarlo, es cómo explicar que mientras en el transcurso del quinquenio 2001-2005 se otorgaran a más de un centenar de Coordinadores designados por el Directorio del ANPCYT jugosos subsidios de seis dígitos cada uno --que suman centenares de millones de pesos que están vinculados con la deuda externa y el Banco Mundial-- simultáneamente en igual período fueran rechazados centenares de proyectos con argumentos absurdos, minúsculos y banales (carga horaria insuficiente, carátula fuera de término, falta de firma legal, etc.).
A renglón seguido, el Dr. Barañao establece como único parámetro para la elección de la quincena de Coordinadores de Área temática de que sean "científicos en actividad", caracterización que revela la catadura burocrática, discriminatoria y agraviante de los funcionarios que idearon esa categoría. Por otro lado, no se le ocurre al Dr. Barañao que existen en la legislación y jurisprudencia nacional y extranjera una muy nutrida Biblioteca que especifica numerosos otros requisitos que se refieren a los impedimentos que generan la ilegal colusión de intereses, los que pueden y deben ser impugnados por vía de la recusación o de la excusación. A continuación, el Dr. Barañao incursiona en un rapto de conmiseración digno de mayor encomio cuando sostiene que "El prohibir la presentación de proyectos a los coordinadores implicaría…una limitación altamente significativa en la idoneidad de los recursos humanos involucrados". No señor, no se trata de "prohibir" persona alguna. De lo que se trata es de establecer claros criterios públicos acerca de cuáles son las incompatibilidades y cuáles los requisitos imprescindibles para poder ejercer el cargo de Coordinador, más allá de la inobjetable excelencia académica y moral con que deben contar los mismos.
Asimismo, el Dr. Barañao abunda acerca de la excelencia de los criterios adoptados por el Directorio y su Presidencia para la selección de los Coordinadores de Área, rescatando el prurito exigido de que los mismos "no sean objetados por sus pares". Más aún, el Dr. Barañao se guarda en aclarar que "si bien podría argüirse la existencia de algún favoritismo en dicha asignación no hay evidencias concretas al respecto". Pero, lo que el Dr. Barañao oculta es que la "objeción de los pares" y las "evidencias concretas de favoritismo" sólo pueden ser ventiladas en una comunidad académica donde no prevalezca el miedo o el temor a las represalias. En su escrito de réplica, el Dr. Barañao oculta también cuales fueron los criterios para que después del 2001 los montos distribuidos subieran de cinco dígitos a cifras de seis dígitos, y tampoco aclara cuáles han sido los criterios para desagregar las Áreas temáticas en múltiples nichos de relevancia disciplinar cada vez más estrecha, hasta caer en sospechosas especializaciones.
Finalmente, el Dr. Barañao muestra por primera vez interés por conocer la opinión personal de un crítico consecuente para saber cómo resolver la presente crisis provocada por los errores y corruptelas de su gobierno, y de su propia gestión como Presidente del ANPCYT. A ello sólo puedo responder que poco importa cual puede ser o no ser mi opinión personal. Lo que si debería contar y preocupar en el imaginario de la clase política que nos gobierna y que exceden por cierto a su persona y a su cargo, es de qué manera construir una comunidad académica democrática; cómo dar lugar a que se expresen y participen los integrantes de una comunidad académica amedrentada; de que forma oxigenar un clima de temor y represalias; cómo hacer para convencerla que denuncie la defraudación sufrida ante la Defensoría del Pueblo de la Nación ( defensoria@defensoria.org.ar); cómo hacer para modificar la legislación (Decreto 1661/94) que norma la elección de sólo cinco miembros del Directorio del CONICET de modo tal de extender esa elección a la totalidad de los Presidentes del medio centenar de Comisiones Asesoras que lo componen; cómo hacer para extender la participación democrática en las Universidades Nacionales actualmente gobernadas por cenáculos oligárquicos que niegan la modificación de sus estatutos y la elección directa de sus autoridades; e igualmente cómo hacer para extender la participación democrática al seno mismo de la Agencia (ANPCYT) que Vd. y su Directorio presiden en forma autocrática, discrecional y corrupta, de forma tal de poder ofrecer a nuestro pueblo y al Foro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Empresa y Sociedad (que se ha reunido esta semana por primera vez en Buenos Aires) un mensaje político que no consista en la mera repetición ritual de lugares comunes; y sí, por el contrario, un proyecto que brinde al mundo entero un modelo de comunidad y participación democrática en los ámbitos del conocimiento, la ciencia y la cultura superador al modelo privatista, economicista y criminalmente guerrerista que actualmente nos ofrece la metrópoli imperial Norteamericana.
En suma, creo sinceramente Dr. Barañao que a Vd. sólo le queda un último gesto de dignidad con el cual paliar los abusos y despropósitos cometidos en su área de responsabilidad, que es la de ofrecer su renuncia indeclinable al cargo con el que se le confiara los destinos de la ciencia argentina. Creo asimismo, que sus dolosos errores no son sólo suyos propios, sino que pertenecen también a todo el arco de gestión correspondiente a la jurisdicción ministerial que lo enmarca, es decir que incluyen al Secretario de Ciencia y Técnica Ing. Tulio del Bono y al Ministro de Educación Daniel Filmus, principal responsable de la política de la cual Vd ha sido --y desearía creer-- un mero e inocente instrumento.
Cordialmente,
Eduardo R. Saguier
Investigador Independiente del CONICET
Mensaje del Presidente del ANPCYT Dr. José Lino Barañao
En una serie de contribuciones recientes el Dr. Eduardo Saguier hace un exhaustivo análisis del financiamiento otorgado por la Agencia a coordinadores de esta institución y Directores del CONICET, insinuando la existencia de una falta de ética cuando no lisa y llanamente de un delito. Más allá de las peculiaridades de estilo en las denuncias del Dr. Saguier que todos conocemos desde hace décadas, el tema, por su complejidad, amerita una aclaración y una discusión en profundidad.
Como bien dice el Dr. Saguier, la Agencia fue creada hace 10 años pero no con la aviesa intención de sustraer fondos al CONICET sino la de instaurar un sistema de evaluación por pares, similar a la que existe en otras entidades de financiamiento en países desarrollados, y que tuviese como potenciales beneficiarios a investigadores de todo el país, independientemente de su pertenencia institucional. Como valor adicional, la coexistencia de dos fondos, el FONCYT y el FONTAR permite la coordinación del financiamiento al sector público y al privado contribuyendo a una mayor eficiencia en la transferencia del conocimiento de uno al sector productivo. La creación de la Agencia permitió obtener un incremento sustancial en el financiamiento de la investigación científica y tecnológica. Por otra parte el impacto positivo la Agencia a través de sus dos fondos, tanto en la producción científica y tecnológica como en la modernización e innovación en las empresas, ha sido demostrado concluyentemente en evaluaciones y estudios independientes, el último de los cuales será publicado próximamente en la página WEB.
El elemento fundamental en el éxito de la Agencia como ente de promoción ha sido y es un riguroso sistema de evaluación y seguimiento de los proyectos.
En el caso concreto del FONCYT, el sistema de evaluación depende de un grupo de coordinadores y de un banco de evaluadores externos en el que existe una proporción significativa de investigadores del exterior.
Los coordinadores (y más recientemente los dos co-coordinadores) de cada área son designados por el Directorio de la Agencia a propuesta del FONCYT.
Un requisito fundamental para los coordinadores es que, no sólo posean un conocimiento actualizado de su disciplina sino que además no sean objetados por sus pares. Sobre esta base se estableció como criterio el que los coordinadores debían ser científicos en actividad.
Ahora bien, esto plantea el siguiente problema: Dado que (lamentablemente) la Agencia es el único ente de financiamiento sustancial de la investigación científica, ¿Cómo evitar el potencial conflicto de intereses de los coordinadores y al mismo tiempo no provocarles un perjuicio derivado de la suspensión de su financiamiento?. La primera alternativa ensayada para solucionar este problema fue el otorgamiento de un subsidio automático a los coordinadores. No obstante, a posteriori, y debido además a la incorporación de co-coordinadores, se optó por un sistema mediante el cual los proyectos presentados eran remitidos a otro coordinador de un área relacionada quien se encargaba de enviarlos a pares para su evaluación. Si bien podría argüirse la existencia de algún favoritismo en dicha asignación no hay evidencias concretas al respecto. Básicamente porque las tasas de financiamiento de los coordinadores no varía significativamente en relación a su condición de tales. Existen de hecho proyectos de coordinadores que no han sido financiados. Obviamente esta situación no se ha hecho pública (más allá de la publicidad efectuada por uno de los coordinadores precisamente para demostrar la transparencia del proceso), como tampoco se hace pública la nómina de los proyectos no financiados del resto de los investigadores. Cabe destacar además que el listado de proyectos financiados siempre se ha hecho público para cada convocatoria y por lo tanto nunca se ocultó el financiamiento a los coordinadores.
Respecto de la ética de este proceso, cabe recordar que la ética se refiere a la toma de decisiones en un contexto determinado. La opción actual es la que se ha considerado más conveniente para optimizar la función fundamental de la Agencia que es asignar fondos sobre la base de la calidad y pertinencia de los proyectos. El prohibir la presentación de proyectos a los coordinadores implicaría entonces una limitación altamente significativa en la idoneidad de los recursos humanos involucrados en el proceso de evaluación con la considerable pérdida de calidad en dicho proceso. Esto a su vez implicaría una asignación deficiente de recursos públicos mucho mayores.
En este contexto es que consideramos que la práctica actual es éticamente aceptable, al menos hasta que se formule una solución más conveniente. En este sentido no me queda claro cuál es la alternativa que propondría el Dr. Saguier.
El autor mencionado hace además una enumeración detallada de los subsidios recibidos por investigadores que se ha desempeñado ya sea como coordinadores o como autoridades del CONICET, dejando entrever una oscura trama de tráfico de influencias. Ahora bien, si el Dr. Saguier profundizase su estudio probablemente comprobaría que muchos de esos investigadores han recibido subsidios o premios de otras fuentes, no sólo nacionales sino internacionales. Llegado este punto habría dos hipótesis: Una, que sería una ampliación de la teoría conspirativa del Dr. Saguier que llevaría a postular una conspiración internacional destinada a beneficiar siempre al mismo grupo de elegidos. La otra sería suponer que esos investigadores son razonablemente buenos y por eso reciben subsidios y detentan cargos de coordinadores y/o autoridades sin ser objetados por sus pares. A priori ambas hipótesis son sostenibles. No obstante, una regla básica del método científico conocida como "La navaja de Occam" nos dice que entre dos hipótesis debemos quedarnos con la más sencilla o la que implica el menor número de supuestos. Por este motivo yo he optado por la segunda.
Dr. Lino Barañao
Presidente ANPCYT
http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Unicienciaytecno/bandadeladronessaguier.htm
La Banda de Ladrones o Cadena de la Felicidad en la Ciencia Argentina--Agencia-CONICET
Investigador Independiente del CONICET
El origen de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, supuestamente obedeció a la necesidad de despojar al CONICET de los fondos con que subsidiaba a sus propios Investigadores de Carrera, so pretexto de que no podía ser Juez y Parte Interesada en la distribución de dichos subsidios.
Pero con el correr de una sola década, lo que comenzó como un sano objetivo de equilibrio académico terminó paradójicamente en las antípodas, pues en los hechos ambos organismos –la Agencia y el CONICET—tergiversaron sus principios originarios fusionando íntimamente sus mutuos intereses. Los cargos de Coordinador de Área, siguiendo la Ley del Toma y Daca, preceden, acompañan o sobrevienen al subsidio. Los Coordinadores de Área, cuya responsabilidad es la de asignar los evaluadores de cada proyecto (de identidad confidencial), son designados por el Directorio de la Agencia. La Agencia subsidia a ciertos y determinados Investigadores del CONICET y en reciprocidad el Directorio del CONICET los designa en sus múltiples Comisiones y mediante su propia Junta de Calificaciones los asciende en la carrera científica. Este plan mafioso tampoco hubiera sido posible sin la complicidad de numerosas autoridades, entre las cuales se encuentran todo el staff de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación así como todos los funcionarios de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las diferentes Universidades Nacionales, las cuales han tenido mediante las categorizaciones de los denominados Incentivos parte intrínseca en el plan mafioso.
Estas reciprocidades son producto de códigos, privilegios y prerrogativas no escritas, mediante las cuales se incluye a los eventuales cómplices, se utiliza a los auténticamente prestigiosos para infiltrar a los inescrupulosos y mediocres, y se excluye con medidas punitivas (rechazo de Informes, congelamiento de ascensos, etc.) a los desafectos o a aquellos elementos considerados como peligrosos, porque pueden llegar a socabar el plan mafioso. Con estos códigos no hay forma de arrepentirse, ni de delatar nunca a sus colegas patrones. La denuncia como la delación equivalen al ninguneo y el castigo.
En un principio, el monto de los subsidios comenzó con cifras de cinco dígitos, y más luego alcanzaron los seis dígitos. Por otro lado, en un comienzo el número de Áreas temáticas fue razonable pero con el correr del tiempo se fueron multiplicando vertiginosamente. La fusión de estos dos organismos de ciencia y técnica y la gestación de numerosos nichos de poder académico alcanzó entonces su éxtasis y su fruto ha concluido por fragmentar las filas de los científicos e inducir una suerte de paz de los sepulcros.
Debemos señalar que esta investigación pudo ser hecha merced a la insistencia en la Lista Electrónica Pol-Cien para que se exhibiera la información oculta en el sitio electrónico de la SECyT, que es falto de total transparencia y cuyo ocultamiento pareciera ser hecho exprofeso. Los cruces entre los diferentes listados fueron hechos a mano, sin software alguno y utilizando sólo la memoria humana, por lo que es muy probable que se hallan escapado muchas otras correlaciones, especialmente la de aquellos que portan apellidos patronímicos (Pérez, Rodríguez, González, Fernández, etc.)
La Agencia y la complicidad de sus Coordinadores de Área
En la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), presidida por el Dr. Lino Barañao, los Coordinadores de Área Jorge Jorrat, Marcelo Cabada, Eduardo Arzt, y Jaime Cerda, se adjudicaron a sí mismos sendos subsidios.
En efecto, en la Convocatoria-2004, el Coordinador del Área de Ciencias Humanas y Sociales Dr. Jorge Jorrat se adjudicó la suma de $209.000; y en la Convocatoria-2003, el Coordinador del Área de Ciencias Médicas Dr. Eduardo Arzt se adjudicó la suma de $210.000; el Coordinador del Área de Ciencias Biológicas Dr. Marcelo Cabada se adjudicó la suma de $210.000, y el Coordinador del Área de Tecnología Química Dr. Jaime Cerda también la suma de $210.000. Y en la Convocatoria-2002, en una clara operación de adelanto de reciprocidades les fue adjudicada igual suma a los que al año siguiente fueron los Coordinadores de las Áreas de Tecnología Informática Dr. Marcelo Frías, de Tecnología de Alimentos María Cristina Añón, y de Economía y Derecho Dr. Luis Beccaria.
Asimismo, a los miembros del Directorio del CONICET Faustino Siñeriz, Carlos Rapela y Dra. Noemí Girbal de Blacha les fue asignada a cada uno en la Convocatoria-2002 la suma de $210.000; y a la Dra. Girbal en la Convocatoria-2005 una suma indeterminada bajo el Código 32.396. Y al Asesor de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación y Director del Observatorio Científico-Tecnológico Dr. Mario Albornoz le fue adjudicada en la Convocatoria-2003 la suma de $128.000, y en la Convocatoria-2005 una suma indeterminada bajo el Código 33.851.
A los Coordinadores de Área, que han sido denunciados al comienzo de este escrito, debemos agregar los Coordinadores siguientes:
1) En la Convocatoria-2005 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Marcelo Cabada, Juan José Cazzulo, Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan José Poderoso, Horacio Corti, Alberto Vargas, Luis Gugliotta, y Ana María Antón.
2) En la Convocatoria-2004 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa, Mirta Quattrochio, Juan Pablo Paz, Rodolfo Sánchez, Damián Zanetti, Juan Jose Poderoso, Amelia Rubiolo y Verónica Bucala.
3) En la Convocatoria-2003 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Carlos A. Balseiro, Juan José Cazzulo, Horacio Corti, Roberto Rossi, Carlos Lanusse, Isidoro Schalamuk, y Ricardo Carelli
4) En la Convocatoria-2002 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Gustavo Politis, Luis Alberto Beaugé, Roberto Salvarezza, Ricardo Astini, Beatriz Coira, Hermenegildo Ceccatto, Carlos Gigolo, Luis Mroginski, Maria Cristina Anón, Luis Beccaria y Marcelo Frías.
5) En la Convocatoria-2000/2001 les fue adjudicado diferentes subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa, Juan José Cazzulo, Marcelo Cabada, Rodolfo Sánchez, Damián Ravetta, Gustavo Corach, Juan Pablo Paz, Juan José Poderoso, Alcira Batlle, Beatriz Coira, Walter Helbling, Ana María Parma, Alberto Escande, Amelia Rubiolo, Alberto Vargas, Francisco Felipe Garcés, y el actual Presidente de la Agencia Lino Barañao.
En efecto, en la Convocatoria-2005, les fue adjudicado a los Coordinadores del Área de Ciencias Biológicas Marcelo Cabada y Juan José Cazzulo montos indeterminados bajo los códigos 31.660 y 38211; a los de Ciencias Médicas Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan José Poderoso cifras indeterminadas bajo los códigos 31.541, 32642, y 34.785; al de Ciencias Químicas Horacio Corti una cifra indeterminada bajo el código 32.916; al de Tecnología Energética Alberto Vargas una cifra indeterminada bajo el código 32.438; al de Tecnología Química Luis Gugliotta una cifra indeterminada bajo el código 38.158; y al de Ciencias Biológicas de Organismos Ana María Antón un monto indefinido bajo el código 34.901.
En la Convocatoria-2004, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias Biológicas Dr. Eduardo Cánepa un subsidio por $280.000; al de Ciencia de la Tierra Mirta Quattrochio $223.000; a los de Ciencias Fisico-Matemáticas Juan Pablo Paz $271.000, Rodolfo Sánchez $200.000; y Damián Zanetti $202.000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso $279.000; al de Ciencia de la Tierra Rodolfo Sánchez $78.802; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo $280.000; y al de Tecnología Química Verónica Bucala $248.000.
En la Convocatoria-2003, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias Matemáticas Carlos A. Balseiro $210.000; al de Ciencias Biológicas Juan José Cazzulo $210.000; a los de Ciencias Químicas Horacio Corti $209.000 y Roberto Rossi $210.000; al de Tecnología Pecuaria Carlos Lanusse $210.000; al de Tecnología Energética Isidoro Schalamuk $206.000; y al de Tecnología Informática Ricardo Carelli $256.000. A propósito, el Coordinador Roberto Rossi, aquí mencionado, sería el mismo que figura en La Nación del viernes 1º de diciembre como habiendo recibido el Premio Sadoski-Bernardo Houssay.
En la Convocatoria-2002, le fue adjudicada al Coordinador de Ciencias Humanas Gustavo Politis $200.000; al de Ciencias Médicas Luis Alberto Beaugé $210.000; al de Ciencias Químicas Roberto Salvarezza $193.000; a los de Ciencias de la Tierra Ricardo Astini $210.000 y Beatriz Coira 204.000; al de Ciencias Físico-Matemáticas Hermenegildo Ceccatto $200.000; al de Tecnología Química Carlos Gigoló $85.000; al de Tecnología Agraria Luis Mroginski $163.000; a la de Tecnología de Alimentos María Cristina Anon $209.000; al de Economía y Derecho Luis Beccaria $121.000; y al de Tecnología Informática Marcelo Frías $206.000.
En la Convocatoria-2000/2001, le fue adjudicada a los Coordinadores del Área de Ciencias Biológicas Eduardo Cánepa $130.000; Juan José Cazzulo $140.000; y Marcelo Cabada $90.000; a los de Tecnología Agraria Rodolfo Sánchez $84.000 y Damián Ravetta $140.000 (este último colaborador del Ing. Víctor Kopp, Director del Área Técnica de Gestión de Subsidios); a los de Ciencias Físico-Matemáticas Gustavo Corach $105.000 y Juan Pablo Paz $90.000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso $105.000; a la de Ciencias Químicas Alcira Batlle $150.000; al de Ciencias de la Tierra Beatriz Coira $120.000; al de Ciencias Biológicas de Organismos Walter Helbling $130.000; al de Tecnología Pecuaria Ana María Parma $100.000; al de Tecnología Agraria Alberto Escande $105.000; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo $150.000; y a los de Tecnología Energética Alberto Vargas $84.000 y Francisco Felipe Garcés $72.000. En esta última Convocatoria 2000/2001 le fue adjudicada al Prof. Lino Barañao la suma de $140.000; al ex Presidente del CONICET y actual Director General del FONCYT Armando Bertranou $75.000; y a los Decanos Alberto Boveris y Héctor Trinchero $170.000 a cada uno. En la Convocatoria-2005 registra su aparición el ex Secretario de Ciencia y Técnica del Menemismo Juan Carlos del Bello bajo el código 35.196, y la Secretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires Adriana Puiggrós con un monto indefinido bajo el código 38.346. También registra un subsidio el recientemente ascendido a la máxima categoría de Investigador Superior del CONICET Martín Isturiz con una suma indefinida bajo el código 38.197
El Conicet y la complicidad de sus Comisiones Asesoras
La presencia de los miembros del Directorio del CONICET Faustino Siñeriz, Carlos Rapela y Noemí Girbal de Blacha entre los integrantes de la Cadena de la Felicidad de la Ciencia Argentina ha confirmado la sospecha de la existencia de una íntima reciprocidad entre la Agencia y el CONICET. Cruzando la actual lista de integrantes de las Comisiones Asesoras del CONICET, correspondiente al año 2006, con las Listas de los beneficiados por la Agencia-SEPCyT durante el último quinquenio ha dado como resultado casi un centenar de correlaciones, las que revelarían la identidad de los mayordomos de ese falso Parnaso o Banda de Ladrones (como Platón le hace decir a Sócrates en el Libro I de La República), en que se ha convertido la Cadena de la Felicidad aquí denunciada.
Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas, los que recibieron subsidios en el año 2000/2001 fueron Aldo Mottino con la suma de $105.000; Carlos José Pirola con la suma de $120.000; Oscar Bottasso con un total de $92.000; y Héctor Targovink con el monto de $105.000; en el año 2002 fueron Patricia Elizalde con la suma de $210.000; Ana María Franchi con la suma de $210.000, y la Alicia Belgorosky con la suma de $210.000; en el año 2003, Hugo Daniel Luján recibió la suma de $210.000, y Osvaldo Uchitel la suma de $200.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Rodolfo Campos la suma de $279.000; Jorge Geffner la suma de $174.000; María Ángela Lazzari la suma de $280.000; Alicia Mattiazzi la suma de $251.000; Héctor Targovnik volvió a recibir otro monto de $252.000; y Mario G. Murer la suma de $195.000. En este último caso, habría que aclarar que el Dr. Murer había ya recibido en el año 2002 la suma de $110.334. Y en el año 2005, los que recibieron fueron Claudia Capurro una suma bajo el código 32.130; Osvaldo Podhajcer un monto bajo el código 38.011; y otra vez Osvaldo Uchitel una suma desconocida.
Entre los integrantes de la Comisión de Biología Alfredo Juan Castro Vázquez recibió en 2002 la suma de $147.000; y en el año 2005 Miguel Angel Sosa Escudero recibió una suma indefinida bajo el código 33.383; y Marta Dolores Mudry un monto bajo el código 38.001.
Entre los miembros de la Comisión de Química, en el año 2000/2001 María Rita Micaela Hoyos de Rossi recibió un total de $140.000; Manuel López Teijelo la suma de $94.000; y Carlos Previtali un total de $105.000; en el año 2002 el Coordinador Gerardo Burton recibió la suma de $202.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Edgardo Durantini la suma de $203.000; Luis Dante Martínez el monto de $160.000; y José Carmelo Pedregosa la suma de $267.000. Y en el año 2005, Carlos M. Previtali volvió a recibir un monto indeterminado bajo el código 32.351. Entre los integrantes de la Comisión de Bioquímica, en el año 2004, la Coordinadora Beatriz Caputto recibió la suma de $280.000; José Luis Bocco recibió $279.000; Horacio Garda recibió la suma de $270.000; Fernando Goldbaum el monto de $280.000; y María Isabel Colombo recibió la suma de $276.000. En este último caso, habría que aclarar que la Dra. Colombo había ya recibido en el año 2002 un monto de $196.771.
Entre los miembros de la Comisión de Matemáticas y Computación Juan Santos recibió en 2002 la suma de $205.000; y Graciela Boente Boente recibió en 2004 la suma de $177.000. Entre los miembros de la Comisión de Física, Ricardo Piegaia recibió en 2002 la suma de $171.249; y en el 2005 recibieron Jorge Fernández Niello una suma indefinida bajo el código 32.757; y Patricia Levstein otro monto desconocido bajo el código 33.623. Entre los integrantes de la Comisión de Astronomía, su Coordinador Pablo J. Mauas recibió en 2005 una suma indeterminada bajo el código 32.408. Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Exactas y Naturales Gerardo Perillo quien desempeña a su vez el cargo de Coordinador de la Comisión de Ciencias de la Tierra, recibió en 2004 la suma de $272.000.
Entre los miembros de la Comisión de Ciencias Agrarias, en el año 2002 Roberto Lecuona recibió la suma de $175.000; y en el año 2003 Sofía Chulze recibió un total de $210.000. Entre los integrantes de la Comisión de Veterinaria, en 2000/2001 Osvaldo Rossetti recibió la suma de $75.000; y en 2002 Enrique Portianski recibió un total de $197.000. Entre los miembros de la Comisión de Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera, en 2000/2001 Analía Artabe recibió $75.000; Sergio Matheos la suma de $85.000; y Alejandro Tosselli la suma de $150.000; en 2002 Carlos Cingolani recibió la suma de $188.167; en 2004 Susana Bischoff recibió un total de $220.000; y en el 2005 los que recibieron fueron nuevamente Analía Artabe una suma bajo el código 32.323; y Alicia Ronco un monto bajo el código 38.350.
Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica, el Ing. Guillermo Kaufman recibió en 2005 una suma bajo el código 38.168. Entre los miembros de la Comisión Asesora de Ingeniería y Procesos Industriales y Biotecnológicos en 2000/2001 José Bandoni recibió la suma de $120.000.
Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Humanas, María Isabel Santa Cruz recibió en 2005 una suma bajo el código 38.227. Entre los miembros de la Comisión de Arquitectura en 2000/2001 Beatriz Cuenya recibió la suma de $60.000. Entre los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología en 2000/2001 Cristina Bellelli recibió la suma de $92.000.
Entre los miembros de la Comisión Asesora Interdisciplinaria Especial Ad-Hoc de la Gran Área de Ciencias Agrarias, Noemí Walsoe de Reca recibió en el año 2003 una indefinida suma de dinero; y en la de Ciencias Biológicas Stella González Cappa recibió un monto indeterminado, Ricardo Farías $210.000 en 2003, y Rodolfo Ugalde que a su vez desempeña el cargo de Coordinador de la Comisión de Veterinaria y fue Director del Consejo de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires recibió $210.000 en 2003 y $275.000 en 2004.
Entre los integrantes del Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas les fue adjudicado a Alfredo Bolsi $30.000 en 2000/01, a Dora Barrancos $208.000 en 2004, a Alejandro Rofman $135.000 en 2004, a Marcelo Cavarozzi $204.000 en 2004 y una cifra indeterminada a Stella González Cappa.
Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc-Recursos correspondiente a las Ciencias Sociales le fue adjudicada a Ana María Lorandi una suma indeterminada y a Víctor Tau Anzoátegui $50.000 en 2000/2001 y un total de $95.000 en 2003. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc de Materiales, Roberto Salvarezza recibió en 2002 la suma de $193.000.
Y finalmente, entre los miembros del Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología de la SECYT Stella M. González Cappa, Alberto R. Kornblihtt, Armando Parodi y Otilia Vainstok recibieron jugosos subsidios. ¿Sus otros miembros Roberto Fernánez Prini, Samuel Finkielman, Noé Jitrik, Ernesto E. Maqueda, Fernando O. Ulloa y Aída Kemelmajer de Carlucci tendrán algo para opinar respecto a la Cadena de la Felicidad recientemente descubierta bajo sus narices? ¿Ninguno de estos científicos expertos en temas de ética sospechó ninguna anormalidad?
Conclusiones
En todos estos Listados llaman la atención más de una docena de repeticiones, como ser las de Eduardo Cánepa, Rodolfo Sánchez, Juan José Poderoso, Héctor Targovnik, Mario G. Murer, Osvaldo Uchitel, Mario Albornoz, Víctor Tau Anzoátegui, Carlos M. Previtali, Analía Artabe, María Isabel Colombo, Beatriz Coira y Amelia Rubiolo, quienes aparecen como beneficiarios en repetidas Convocatorias. El de Poderoso parece ser el más llamativo pues también registra un tercer subsidio en el 2005.
Para completar esta investigación faltaría conseguir la Lista de Subsidios del corriente año 2006 y cruzar la Lista de Subsidios de la Agencia con las Listas de las Comisiones Asesoras del CONICET correspondientes a los años 2000/2001, 2002, 2003 y 2004, y así poder comprender el cuadro de gerenciamiento en la Cadena de la Felicidad de la ciencia argentina. Asimismo, quedaría por cruzar esta información con las Listas de Ascensos practicados por la Junta de Calificaciones del CONICET, y con las Listas de los categorizados para los Incentivos producidas por las diferentes Universidades Nacionales.
Finalmente, cabe agregar que la metodología del Toma y Daca o Síndrome de la Calesita, que denuncia el Lic. Carlos Schwartzer en la Lista de Discusión Electrónica Pol-Cien, es la misma que se inauguró en los Premios Bernardo Houssay, que se repartieron en 1987, y que se denunciaron en su oportunidad con nombres y apellidos, y donde uno de sus organizadores integra la actual Junta de Calificaciones del CONICET.
Por último, las preguntas que caben formularse son de orden jurídico y moral: ¿los actos académicos administrados por estos Coordinadores cuentan con validez moral y legal? ¿estamos o no frente a un caso criminal, y en tal eventualidad corresponde o no efectuar una denuncia judicial? ¿De tratarse de un delito los actos de los imputados deberían ser reconsiderados y en ese caso deberían o no restituir los dineros recibidos? ¿Qué pasa con los numerosos proyectos que fueron rechazados y cuyos evaluadores fueron designados por los Coordinadores aquí denunciados? y ¿que responsabilidad le cabría en este entuerto al Presidente del organismo Dr. Lino Barañao y a sus directos superiores Tulio Del Bono y Daniel Filmus?.
Fuente Documental
Convocatoria-2000-2004
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/foncyt_convocatorias_anteriores_pict.php
Convocatoria-2005
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/TIPO_A_Y_B.pdf
Proyectos No Admitidos en 2004
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/pict2004_no_admis.pdf
Proyectos No Admitidos en 2003
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/pict2003_no_admis.pdf
Memoria de una Universidad Extinguida
Dictadura, Terrorismo de Estado y Neoliberalismo en la Destrucción de la Cultura Argentina (1966-2001)
Resistencia al Neoliberalismo en la Ciencia Argentina (1989-1995)
La Descomposición Moral en la Ciencia Argentina (1987-2006)
La Corrupción en la Universidad Argentina (1995-2003)
Persecución Política en el CONICET (2004-2006)
¿Dónde está la dignidad en ciencia?
¿Conducta del Dr. Charreau (Presidente del CONICET)?
Descomposicion Moral de la Ciencia (2005)
Conicet Corruption in Argentina (2005)
Intersticios de la Jerarquía en Ciencia (2005)
Autoritarismo en la Ciencia Argentina-2004
Causa Nº 1411/2005 "SAGUIER EDUARDO RICARDO C/ EN-CONICET RESOL. 1774/04 S/ MEDIDA CAUTELAR (Autónoma)"
Buenos Aires, 16 de Febrero de 2005.-
Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I.- El Señor Eduardo R. Saguier, por su propio derecho, y en su carácter de Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, solicita el dictado de una medida cautelar autónoma, a fin de que se ordene la suspensión del proceso eleccionario convocado por Resolución D.nº 1774/04 del 19 de octubre de 2004 dictada por el Directorio del CONICET para la renovación de sus miembros, por entender que sus artículos 6, 9, 10, 16 y 28, y los artículos 12 y 47 del Estatuto de la Carrera de Investigador y los artículos 5, 7 y 9 del decreto PEN nº 1661/96, de manera manifiesta conculcan derechos constitucionales adquiridos por la comunidad científica de representación de las minorías, libertad de expresión y secreto del sufragio. Ello hasta que se decrete su nulidad e inconstitucionalidad en el proceso principal que en tiempo y forma que iniciará.
Enuncia las violaciones a los derechos de la comunidad científica del CONICET: a) la proscripción de los Investigadores Asistentes y Adjuntos para ser elegidos Miembros del Directorio; b) la segregación geográfica y disciplinaria para sufragar y ser elegido; c) la imposibilidad de conocer la distribución de los subsidios recibidos por el sector indiscriminado que recae sobre las Actas del Directorio y sobre la nómina de Asesores de Múltiples Comisiones; d) la falta de independencia de los órganos evaluadores (Junta de Calificaciones).
Señala que el decreto 1661/96 lesiona y vulnera expresos derechos constitucionales como el de la representación de las minorías establecido en el art. 38 de la Constitución Nacional, el principio de igualdad ante a ley - art. 16- y la garantía del debido proceso - art. 18-.
Por su parte, dice que el art. 47 del decreto ley 20464/73 viola la independencia de la función evaluadora y calificadora, atento superpone las funciones de juez árbitro con la de parte interesada (Presidentes de las Comisiones Asesoras).
Asimismo, manifiesta que la resolución 1774/04 lesiona y vulnera expresos derechos constitucionales como el de la libertad de expresión -art. 14 CN- al coartar la libertad de ejercer proselitismo previo a los comicios, el principio de igualdad ante la ley - art. 16- y la garantía del debido proceso -art. 18-.
Funda el peligro en la demora en el hecho de que hasta el 11 de febrero de 2005 deben presentarse las candidaturas y el sufragio -de acuerdo al art. 16- se podrá emitir entre el 18 de febrero y el 17 de marzo de 2005.
Entiende que no decretarse la medida peticionaria y llevarse a cabo las elecciones, las minorías se verán impedidas de expresar su voluntad en reiterada violación al principio de representatividad.
Describe el plexo normativo que rige el CONICET y señala que:
a) Composición del Directorio: art. 45 del Estatuto de la Carrera de Investigador -decreto ley 20464/73 modif. por leyes 22140 y 24729- establece que es " … la autoridad de aplicación e interpretación de las disposiciones del presente Estatuto".
El decreto 1661/96 estableció en sus arts. 5 y 9 que la composición de dicho Directorio es mixta. Por un lado, la. mitad del Directorio tiene una composición gubernamental y corporativa y por el otro, la segunda mitad es electa mediante un sistema electoral inequitativo y discriminatorio.
La elección de esta segunda mitad del Directorio resultaría de una representación espacial, generacional y funcional de los Investigadores de Carrera, en lugar de una representación puramente poblacional, el único y verdadero parámetro de un "demos investigador soberano".
b) Origen de la Presidencia del Directorio: el decreto 1661/96 establece que el Poder Ejecutivo Nacional se reserva la elección del Presidente del CONICET, no adoptando la oportuna recomendación del Foro de Sociedades Científicas de que su presidente surja del seno del mismo Directorio por una elección realizada entre sus miembros.
c) Falta de acceso a la Información: dice que numerosos actos administrativos fueron incorporados en las actas del Directorio del CONICET, indiscriminada y conjuntamente con las resoluciones confidenciales; de ahí resulta que de la enorme masa de ítems o minutas incorporados en las actas secretas, la mayor parte de los mismos carecen de relación directa alguna con los recaudas de privacidad y confidencialidad. Manifiesta que en oportunidad de tomar conocimiento y vista de las mismas, se le permitió tomar vista sólo del acta del 22 de septiembre de 2004 - observó más de un centenar de ítems de naturaleza heterogéneo.
Señala que otro proceder que podría considerarse fraudulento es que es ocultada la identidad de los integrantes de las Comisiones Asesoras correspondientes a la totalidad de las Areas de Conocimiento del CONICET (Ciencias Exactas, Biológicas, Agrarias y Sociales), impidiéndose de ese modo, la posibilidad de controlar e impugnar con listados de numerosas resoluciones que otorgan diferentes beneficios.
d) Cuestionable división de poderes: dice que los miembros del Directorio denominados Coordinadores de Areas, tienen un poder absoluto, que violenta el principio de división de poderes o sistema de frenos y contrapesos que debería existir en la estructura de un organismo colegiado del Estado. Señala que además de pertenecer al Directorio como autoridad de aplicación la interpretación del Estatuto, también posee la facultad de constituir las Comisiones Asesoras y de elegir a su presidente - decisiones que quedan libradas a su discrecionalidad-. Las actuaciones y la identidad de sus integrantes son secretas, y como tales, impedidas de ser conocidas, evaluadas, investigadas y comparadas por sus electores.
e) Falta de independencia de la Junta de Calificación y Promoción: La Junta de Calificación y Promoción opera sin independencia respecto de los evaluados, pues sus integrantes provienen de las Comisiones Asesoras, que a su vez son presididas simultáneamente por ellos mismos.
f) Conflicto de Intereses: Juez y parte Interesada: La Junta de Calificación y Promoción evaluara como parte interesada en las promociones, cuando teóricamente su actuación debería ser totalmente independiente y transparente, provista de una estabilidad vitalicia, fruto de concursos de oposición y antecedentes y dotados sus miembros de imparcialidad.
Respecto del decreto 1661/96 manifiesta que sus artículos 5 y 9, legalizaron una divisionista representación espacial, generacional y funcional de los investigadores, violatoria del sufragio universal, secreto y obligatorio; y un sistema electoral antidemocrático de Lista Completa, negador de la representación de la minoría.
Asimismo, manifiesta que los requisitos de localización geográfica para acceder a las condiciones de elector y de candidato a miembro del Directorio del CONICET, introduce profundas desigualdades en la capacidad jurídico administrativa y en la representación jurídico académica que atentan contra la debida universalidad de los votos activo y pasivo.
Agrega que la capacidad jurídico académica para acceder a la condición de candidato a integrante de dicho Directorio está restringida por limitaciones de status jerárquico (edad antigüedad) y otras administrativas (no adeudar informes y no haber sido sancionado). Entiende que esta restricción generacional introduce profundas desigualdades en la representación y atenta contra la debida universalidad del voto pasivo.
A los Investigadores Asistentes o Adjuntos, se les niega la capacidad de ser elegidos miembros de dicho Directorio por la simple razón de estar bajo una condición burocrática dependiente y no tener por ello, supuestamente autonomía académica propia.
Señala que la resolución 1774/04 no prevé interregno alguno para que los nuevos postulantes puedan realizar su campaña proselitista. Según el art. 9 los candidatos son consagrados y/o publicitados por el Tribunal Electoral el 18 de febrero -fecha en la que supuestamente comenzarla la campaña electoral- y en la que simultáneamente de acuerdo con el art.16 se iniciaría también la apertura del comicio. Entiende que se impide una pausa o intervalo de debate y discusión de proyectos y plataformas y vuelve abstracto el ejercicio del derecho a la libre expresión.
Señala la ausencia de veda electoral, circunstancia que no guarda proporción con la letra y el espíritu de la Ley Electoral de la Nación.
II.- La procedencia de toda medida cautelar está subordinada a una estricta apreciación de los requisitos de admisión: 1) la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita; 2) el peligro en la demora, que exige la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos fallo final resulten prácticamente inoperantes (conf. Palacio Lino "Derecho Procesal Civil", Tº IV-B, pág. 34 y ss.; CNCont.Adm. Fed., Sala IV in re "Azucarera Argentina SA -Ingenio Corona- c/Gobierno Nacional -Ministerio de Economía", 1º/11/84; CNCiv. Y Com.Fed., Sala I, in re "Remolcadores Unidos Argentinos SA c/Flota Fluvial del Estado Argentino", 2/3/84; CNCiv., Sala E, in re "Tervasi Carlos A. y otros c/ Municipalidad de la Capital", 5/12/84; Sala C, in re "Consorcio de Propietarios Fray Justo Santa María de Oro c/Vilas Díaz Colodrero" 18/6/92). Es decir, que requieren que se acredite el peligro de un perjuicio irreparable (CNCont. Adm. Fed., Sala III, in re "Decege SA c/Estado Nacional s/ordinario", del 16 de agosto de 1990).
III.- De las constancias agregadas a la causa, surge que luego de emitida la resolución nº 1774, el actor efectuó una presentación con fecha 1 de diciembre de 2004 ante el Presidente del CONICET, mediante la cual, pidió la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1661/96 y la suspensión del acto electoral (fs. 34/35).
El 20 de diciembre de 2004 efectuó sendas presentaciones, también al Presidente del CONICET. En una de ellas, alegó acerca de - a su entender- la existencia de actas camufladas y secretas y de abusos de poder y de fraude administrativo; y en la otra, -ante la inexistencia de formación de expediente administrativo referido a su presentación del 1/12/04- solicito la formación de expediente, vista del mismo (vide fs. 30/32 y 29).
Por su parte, el 22 de diciembre de 2004, presentó un escrito peticionando su derecho de habeas data a fin de conocer con pronto despacho el listado de todas las Comisiones Asesoras correspondientes a las cuatro áreas del conocimiento en que está organizado el CONICET así como el contenido de las Actas del Directorio correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004 (fs. 27).
IV.- En tal contexto, en el caso, prima facie, se encuentra reunido el requisito atinente al peligro de un perjuicio irreparable, de conformidad a lo manifestado por la parte actora, las constancias de autos y el hecho de no haberse expedido la autoridad respecto de las presentaciones formuladas por el Señor Saguier.
Estas circunstancias ameritan la posibilidad de acceder a la medida cautelar peticionada, dado que aparece como razonable admitir la suspensión de la ejecutividad del acto cuestionado, hasta el momento en que se decidan las presentaciones efectuadas por el actor.
Recuérdese que "los requisitos para el otorgamiento de medidas cautelares, establecidos en el art. 230 del Código Procesal, se hallan relacionados de modo tal que, a mayor concurrencia de uno, no resulta procedente -en forma correlativa- ser tan exigentes con la verificación del restante, y -de tal modo- a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigentes con la demostración del peligro en la demora, y viceversa.
Adviértase que la permanencia de la medida cautelar que se concede, depende del propio accionar y diligencia del organismo demandado.
Por las razones expuestas
RESUELVO
Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Señor Eduardo Saguier y en consecuencia, ordenar al CONICET suspenda el proceso eleccionario convocado por la resolución D. nº 1774/04 del 19 de octubre de 2004, hasta el momento en que se decidan las presentaciones efectuadas. Fíjese caución juratoria, la que se entiende suficiente en atención al modo en que se decide ( 199 CPCivil).
Regístrese, notifíquese a la parte actora, y luego de prestada la caución juratoria, líbrese oficio al CONICET haciéndole saber lo aquí resuelto. Firmado: EMILIA MARTHA GARCIA. JUEZ FEDERAL. REGISTRADO AL FOLIO 936/37/38/939 DEL LIBRO DE INTERLOCUTORIOS DEL JUZGADO AÑO 2005.- CONSTE.-
http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Unicienciaytecno/megacorrupcionconicet.htm
Megacorrupción en las Filas del CONICET
Buenos Aires, lunes 14 de marzo de 2005
Sr. Presidente del CONICET
Dr. Eduardo H. Charreau
Ref.: Denuncias de Corrupción
De mi consideración:
A los efectos de abundar sobre denuncias de corrupción en la institución que Vd. preside tengo el deber de dirigirme a su persona a los efectos de formularle una serie de interrogantes:
1) ¿Si es cierto que en el organismo que Vd. preside existe un número indeterminado de Investigadores –algunos de ellos encumbrados por el Directorio en las Comisiones Asesoras y acumulando dedicaciones exclusivas en las Universidades-- que cuando sus investigaciones resultan adquirir una rentabilidad económica retienen para sí el fruto total de la misma?
2) ¿Si es cierto que con los fondos del PID y con la colaboración desinteresada de estudiantes de universidades públicas, Investigadores del CONICET han hecho investigaciones geológicas en diversas provincias de Cuyo y de la Patagonia?
3) ¿Si es cierto que algunos de estos Investigadores geólogos, que son Investigadores del CONICET, han constituido empresas mineras titulares de cateos (con contenidos en platino, paladio, rhenio, rhodio y oro) en una provincia de Cuyo, las cuales incluyen los mismos yacimientos geológicos explorados con los fondos del PID, que anteriormente pertenecieron a Fabricaciones Militares, y que en el mercado se cotizan en decenas de millones de dólares?
4) ¿Si es cierto que con los equipos adquiridos y con los mapas relevados con fondos del BID-CONICET se han realizado trabajos privados en Neuquén, La Pampa y Río Negro?
5) ¿Si es cierto que el CONICET no ha recibido reconocimiento alguno, material ni moral, por su participación en dichas exploraciones e investigaciones, y lo que es aun peor sus autoridades no hayan producido las demandas legales de rigor?
6) ¿Si es cierto que en su organismo se han formulado diversas denuncias al respecto, las cuales habrían dado lugar a la instrucción de sumarios, con sus respectivas ratificaciones y declaraciones testimoniales, pero que las mismas se mantienen bajo una reserva absoluta sin que la opinión pública universitaria y científica pueda tener acceso a las mismas?
7) ¿Si es cierto que este patético estado de cosas se ha extendido a otras disciplinas tales como la arqueología, la antropología física, la bioquímica y la paleontología sin que el organismo a su cargo haya tomado cartas en la cuestion?
Cordialmente,
Eduardo R. Saguier
http://www.er-saguier.org
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