Los abogados del Terrorismo de Estado

Declaración de la

Asociación de Abogados de Buenos Aires

Solidaridad con la Dra. Myriam Bregman

ante la querella que le promovió el Dr. Durrieu

La Asociación de Abogados de Buenos Aires, expresa su solidaridad con la abogada Myriam Bregman, ante la improcedente querella que le promovió el Dr. Roberto Durrieu,  por declaraciones formuladas por la colega a un medio de comunicación sobre la actuación del mismo durante el período del terrorismo de estado. 

Desde sus funciones como Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires y Subsecretario de Justicia de la Nación (cargo equivalente a Vice-Ministro)  no podía ignorar la desaparición forzada de decenas de miles de argentinos, la tortura, las masacres, la falta de investigación y  la denegación de justicia para las víctimas y sus familiares.

Cabe tener presente que:

* el Dr. Durrieu, ha sido querellado, recientemente, por Héctor Timerman, y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que pidió su detención, junto a otros ex funcionarios de la dictadura, por su presunta participación y responsabilidad en los delitos de los cuales fuera víctima el periodista Jacobo Timerman. y formular “desde la gobernación bonaerense una persecución ideológica a periodistas y medios de prensa, concurrían a los centros clandestinos de detención, impartían ordenes  y hasta organizaban la propia represión”. Según la querella “estos altos funcionarios eran poseedores de una larga trayectoria profesional, la gran mayoría fueron funcionarios judiciales, por lo que se desprende que el aporte que realizaron a ese plan común no fue menor” y aún si “se considerara que únicamente brindaron un aporte intelectual, igualmente les corresponde una sanción penal igual o mayor que las de sus consortes de causa”.

* el convicto Ramón Camps, ex Jefe de la Policía Bonaerense, en su libro “El caso Timerman, punto final”, le expresó al Dr. Durrieu su agradecimiento “por su colaboración en este caso”.

* en 1987, el Dr. Durrieu firmó una solicitada solidaria con el genocida Videla, que motivara denuncia por apología de delito.

Finalmente bien vale recordar que el anatema del artículo 36 de la Constitución Nacional incorporado por la reforma de 1994, establece la misma sanción prevista para el delito de traición a la patria, a “quienes como consecuencia de la interrupción por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución”. Si bien la sanción penal no es de aplicación retroactiva, no cabe duda que la repulsa social a la conducta de quienes colaboraron con la usurpación del poder, fue la determinante motivación de la Convención Constituyente para tipificar la figura e identificarla con la calificación más infamante para un ciudadano.

Por ello, consideramos que la Dra. Bregman lejos de cometer delito alguno al afirmar “Camps era el asesino pero tenemos relatos que incriminan fuertemente a Durrieu, Roberto Durrieu que es el asesor de Blumberg”,  aporta a la memoria histórica, al esclarecimiento de la verdad y a la necesidad de justicia, dando cumplimiento al “juramento de fidelidad en el ejercicio de la profesión a la Constitución Nacional y las reglas de ética profesional” (art. 16 de la ley 23.187), que establecen como deberes fundamentales del abogado “preservar y profundizar el Estado de Derecho fundado en la soberanía del pueblo y su derecho de autodeterminación” (art. 7 del Código de Ética del CPACF) y “la defensa de los Derechos Humanos” (art. 8), así como que es contrario y violatorio de esos deberes “el prestar servicio a la usurpación del poder político, aceptando ingresar a cargos que impliquen funciones políticas, o a la magistratura judicial” (art. 9).

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2007

Beinusz Szmukler, Presidente – Eduardo Tavani, Secretario General