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Los mafiosos empresarios sindicales venden sus cosas: un hospital ferroviario

Es para cubrir deudas de obra social de Pedraza

GREMIOS VORACES VENDEN UN HOSPITAL DEL ESTADO

El edificio en el cual funcionó hasta hace algunos años el
policlínico del gremio de los ferroviarios comenzó esta semana a ser
desocupado, trámite previo a la venta a una empresa privada para que
abra un nuevo shopping. Está ubicado en la zona de Retiro, una de las
más caras de la Argentina, y es objeto de uno de los mayores
escándalos

El edificio en el cual funcionó hasta hace algunos años el
policlínico del gremio de los ferroviarios comenzó esta semana a ser
desocupado, trámite previo a la venta a una empresa privada para que
abra un nuevo shopping. Está ubicado en la zona de Retiro, una de las
más caras de la Argentina, y es objeto de uno de los mayores
escándalos. Ese edificio fue cedido por el Estado al gremio para que
funcionase una clínica que ya no existe. Debió retrotraerse la
donación, pero el gremio ha dispuesto de él como propio. Primero
intentó vendérselo al Estado, pero la revelación de esa intención por
este diario frustró el negociado. Ahora lo venden a una empresa que
administra freeshops en el país y el extranjero. Se repite lo que
ocurrió en Bariloche, en donde un gremio vendió un terreno carísimo
junto al Llao Llao que le había sido donado con la condición de que
funcionase una colonia de vacaciones. Bajo un gobierno que lamenta
las privatizaciones, el propio Estado que podría recuperar esos
bienes mira al costado y consiente estas operaciones en manos de
caciques gremiales.

Reaparecieron las dudas sobre un escándalo que estalló en el Congreso
hace más de un año y que, hasta ayer, parecía congelado. En ese
momento la oposición logró frenar un proyecto de ley de expropiación
del inmueble donde funcionó hasta los 90 el policlínico ferroviario,
propiedad de la obras social de ese sindicato, hoy en virtual
quiebra. El conflicto comenzó cuando se probó que el inmueble en
cuestión, ubicado en Retiro, había sido en realidad una donación
estatal a los ferroviarios con el fin único de construir allí su
centro de salud. Por lo tanto si la clínica cerraba, la propiedad
debía volver a manos estatales. La pregunta fue entonces: ¿por qué
comprar algo que ya es propiedad pública? Finalmente la expropiación
fue dejada de lado.

Ahora, se detectó que comenzó la mudanza de los bienes muebles que
aún quedaban en el edificio cerrado y en el Senado el radicalismo
investiga si la operación de transferencia del inmueble finalmente se
realizó hacia otro comprador para instalar allí un shopping. Curioso
final para un proceso trunco de expropiación de un bien que, se
denunció, ya era propiedad del Estado y que estaba destinado a ser
cedido a la Corte Suprema para mudar allí la Morgue Judicial que hoy
funciona precariamente en distintos edificios.

Un año antes de iniciarse el proceso de expropiación, un decreto de
Néstor Kirchner había librado a Manuel Pedraza, secretario general de
la Unión Ferroviaria, de tener que cumplir con el cargo de la
donación original de 1944 que obligó a mantener en el predio un
policlínico para ese gremio. De no hacerlo, debía devolverlo al
Estado.

Presentación

El 21 de noviembre de 2006, el radical Gerardo Morales presentó un
proyecto opuesto a esa expropiación con precio que impulsaba el
gobierno: Yo he planteado que el procurador del Tesoro inicie las
acciones para recuperar el inmueble por incumplimiento del cargo de
la donación. Lo que quieren hacer es pagarle $ 12 millones a Pedraza
para que solucione los problemas que tiene con la quiebra, dijo
entonces el jujeño en relación a la situación financiera de ese
sindicato.

Tras caer el proyecto, que llegó a ser debatido en la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Senado cuando Cristina de Kirchner aún
la presidía, el proceso de liquidación de los bienes de esa obra
social continuó.

Durante la última asamblea del consejo directivo de la Obra Social
Ferroviaria ya se había informado sobre las alternativas de la venta
del edificio. Se supo que tras la compra fallida por parte del
Estado, hubo al menos dos intentos de venta a otros compradores.
Uno de ellos fue frenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N° 19, que lleva adelante el concurso de la Obra
Social Ferroviaria. Un problema de diferencia de cotizaciones arruinó
la operación, por lo que quedó en claro que la Justicia no pareció
frenar la venta que el Senado sí cuestionó.

El último intento de venta conocido fue por $ 19 millones a London
Suply SA, empresa propiedad de Tedy Taratuti, empresario cercano al
kirchnerismo que opera los aeropuertos de El Calafate y Ushuaia y
tiene también la propiedad del freeshop más grande de Puerto Iguazú.
Ahora, la limpieza del edificio indica que se están llevando adelante
los aprestos para una transferencia.

Lejos quedó la protesta de la oposición que consiguió imponerse en el
Senado contra el decreto del 9 de diciembre de 2005 de Néstor
Kirchner que le liberó la propiedad a Pedraza para una expropiación
que no fue.

Ese bien inmueble es "en potencia", un bien del Estado nacional; lo
único que debe hacerse para que la potencia se convierta en acto es
ejercer el legítimo derecho de revocatoria que tiene el donante ante
la falta de cumplimiento del cargo», dijeron los senadores. Ahora se
sabe que esa victoria opositora fue fugaz.

Ambito Financiero

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