Los fascistas del PRO: Nuestros Berlusconis y socios

La berretez que puede verse en la campaña electoral, donde no se ha notado (uno, al menos, que es medio distraído) ni una consigna que valga la pena, cuando no son mentiras (por ejemplo: por lo que se hizo bien; por lo que queda por hacer, de Heller, que no pone en cuestión lo que se hace mal, y se insiste en hacer mal, cada día, en el que muere gente porque se hacen mal; no voy ahora a listarlas). Pero abarca todo (Barcelona le tomaba el pelo a Sabatella; Pino se planta no puede ser hasta gracioso pero no tiene contenido). Personalmente no puedo evitar indignarme con el FpV, pero en este caso quería referirme a la del Pro.

Gabriela Michetti dice una serie de pavadas (insisto, como casi tod@s), y propagandizan las tareas hechas mientras se mueren 20 personas por semana de TBC, y hace UN AÑO que el gobierno NO COMPRA DROGAS PARA PRODUCIR TUBERCULOSTÁTICOS. Eso solo para decir alguna cosa respecto de esto.

Pero el horrible y vacío spot que hace GM (que es ella, no yo) en un momento dice (claro que haciendo una proyección en un personaje, pero esto tampoco es neutro) que está CANSADO de que le GRITEN y lO MALTRATEN. Y por eso habría que votarlOS (claro, yo asumo la posición de género de GaM).

Parece que GaM se diferencia de quienes son maltratad@s por ella y el PRO. Mientras aplican una política fascista se queja del maltrato, en una posición claramente clasista y machista, personificándose como varón, y sintiéndose maltratada/o por dichos y lo que sea, maltrato del que uno también podría rechazar si ella lo caracterizara con más precisión. Pero lo que no puede ni siquiera hablar ella es sobre maltrato con la política que llevan adelante en todo lo que hacen pero además en la represión directa que aplican con mano dura.

Que no sea caradura, por favor.

Un saludo

Gonzalo

PD: Pego la noticia de Indymedia, y luego la de Página/12 y un link. No puedo obviar que Página/12 sigue en su decadencia de calidad. No tiene nada que ver con lo que era hace unos pocos años, donde ni siquiera parece que tuviera correctores. Por algo están en conflicto.

UCEP: El "grupo de tareas" del GCBA

Por Las patotas son PRO - Sunday, Nov. 16, 2008 at 11:38 PM

El gobierno de la ciudad tendría una "patota de élite" para atacar y desalojar indigentes

http://argentina.indymedia.org/news/2008/11/638547_comment.php

 

soldados pro

Por decreto, Macri creó una “fuerza de choque” anticirujas

Fueron reclutados por Aníbal Ibarra y durante años se los conoció como “fuerza para tareas especiales”. Esta gestión eligió a los 29 mejores, y les dio uniformes y logística para que ayuden al jefe de Gobierno a “desintrusar” las calles. Responden al jefe de Gabinete de Espacio Público, llegan antes que la Policía, usan autos oficiales y ya hay denuncias en su contra.

Por Lucas Morando

 

Cuando el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, arrancó su gestión, existían, en toda la Ciudad, unos 160 espacios públicos intrusados, según datos oficiales. Después de 382 operativos encarados por el Ministerio de Espacio Público, lograron que en menos de un año sólo quedaran 65. Y proyectan que en los próximos meses ya no haya lugares usurpados. Sea como sea.

 

La pregunta que inquieta a varios sectores de la oposición es cómo y con qué métodos el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, logró “limpiar” –así se refieren los funcionarios a los operativos– en menos de un año casi cien plazas porteñas donde vivía gran parte de las 700 personas que están en situación de calle en la comuna desde hace años.

 

La respuesta que más conforma, pero preocupa, responde al regreso a la actividad de un grupo conocido como “fuerza para tareas especiales”, que se creó durante la gestión de Aníbal Ibarra, pero que ahora, aggiornado, trabaja para Macri.

 

Se trata de un cuerpo de 29 civiles bastante corpulentos y de aspecto poco amistoso –algunos los recuerdan como “los tiburones”– que trabajan de sol a sol, en tres turnos de ocho horas y con una agenda bien clara para “limpiar de intrusos los lugares públicos, en nombre de la ley”, tal como reconocen con soltura ellos mismos.

 

“Empezamos a trabajar con Ibarra y con Epsztein (ex secretario de Producción), pero ahora estamos mejor porque Mauricio nos blanqueó”, confía a PERFIL uno de sus integrantes, mientras realizaba el viernes un operativo en Costanera Sur para clausurar algunos carritos ilegales.

 

El equipo, que responde a un líder apodado “El Tano”, está contratado por el Gobierno porteño desde hace años, aunque siempre estuvieron repartidos en distintas dependencias.

 

Pero el 29 de octubre, el Decreto 1232/8, firmado por Macri, Piccardo y Grindetti (Hacienda) creó la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), cuerpo que los agrupa y faculta para “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la norma vigente y las sanciones correspondientes” y “colaborar operativamente en mantener el orden”, entre otras responsabilidades.

 

Soldados PRO. Si bien trabajan codo a codo con la Policía y la Justicia, son siempre los primeros en llegar a una “situación de conflicto”, cualquiera sea el ministerio involucrado, ya que no sólo operan para Espacio Público.

 

Llegaron antes que la Policía Federal a las Barrancas de Belgrano, cuando el Gobierno desalojó por la fuerza en febrero a varias decenas de cartoneros a la madrugada, y también estuvieron en medio de los disturbios por la carpa docente en Plaza de Mayo, siempre de civil y con perfil bajo.

 

Algunas fuentes ministeriales aseguran que son ex barrabravas, pero ellos lo niegan y juran que nunca usan la fuerza, sólo “persuaden y disuaden”. Y se quejan de que tienen una labor arriesgada para su bajo sueldo: cobran $ 1.200 por mes. El Gobierno les da movilidad, logística y un celular a cada uno.

 

Por eso, no pudieron abandonar sus principales ocupaciones. Uno es verdulero (le dicen “el Mandarina”), otro tiene un almacén, hay un conductor de camiones de recolección de basura y otro de ambulancias, un referí de la AFA y un instalador de membranas para techos.

 

Al ser consultados sobre sus cuestionados métodos para “limpiar” las plazas, juran que son pacíficos pero reconocen que hay ocasiones en las que tienen que mostrar los dientes: “La otra vez un usurpador no se quería ir y hasta que no le cruzarmos un camión de basura y le dijimos que le íbamos a tirar todo, no nos entendió. Sólo hacemos cumplir la ley”, se defienden.

 

En la mira. En octubre, el mes en que se creó la UCEP, la Defensoría del Pueblo porteña registró tres denuncias que refieren al uso de la violencia contra cartoneros y cirujas en la vía pública. La que más compromete a esta fuerza es de Gustavo Diego Pérez, un “recuperador urbano” que asegura que a las 2 de la madrugada del 2 de octubre, trece personas que bajaron de un camión con la inscripción “Panizza” y de cuatro camionetas en Lima e Independencia, le tiraron todas sus pertenencias en una compactadora y las destruyeron, junto con sus documentos. Según su testimonio, lo mismo les sucedió a varios compañeros. Pero uno se atrevió a espiar la patente del camión e hizo la denuncia. La Defensoría la chequeó y comprobó que el rodado está a nombre del Gobierno porteño.

 

Otra de las denuncias corresponde a Jorge Enrique Alonso, Párroco de la iglesia Inmaculado Corazón de María: asegura que el 7 de octubre a la 1 A.M. en Constitución al 1000, donde vive, fue testigo de la agresión física a un indigente de 66 años que duerme desde hace ocho meses bajo la autopista. Vio cómo más de 20 jóvenes lo echaron a patadas y lo golpearon en el estómago luego de amenazarlo con cortarle el cuello con un instrumento cortante. Los insultaron y le dieron, en nombre del Gobierno porteño, 24 horas para desocupar el lugar. Si no –amenazaron– volverían e incendiarían sus pertenencias.

 

“Estamos muy preocupados y vamos a seguir investigando. Ya le mandamos la notificación a Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gabinete)”, indicó Alicia Pierini, defensora del pueblo. Además, adelantó, preparan una denuncia penal para que la Justicia investigue.

 

La frontera entre los derechos de los sin techo y la violación del espacio público en la que opera la UCEP también despierta críticas. El legislador K, Juan Cabandié, dispara: “Que Macri haya avanzado tan rápido en la formación de un grupo de choque violentamente contra los que menos tienen y tarde tanto en realizar compras de insumos para los hospitales, en arreglar las becas de los estudiantes o extender los subtes deja entrever qué tipo de Ciudad quiere, una para los ricos”.

 

Otro legislador, que fue testigo de cómo desalojaron a cadenazos a un “ciruja” de una esquina de un barrio frecuentado por turistas recordó: “Estos pibes se hicieron conocidos hace años porque resuelven en un ratito lo que a Desarrollo Social le lleva meses”, confía.

 

El Gobierno porteño negó que este cuerpo actúe con violencia y aseguró que investigará las denuncias: “La UCEP trabaja en paralelo con la Policía y los demás poderes, y su función es ordenar el espacio público; son civiles que tienen calle y no tienen miedo de hacer ese trabajo. Los que nos critican y denuncian lo hacen por maniobras políticas”, aclara Fabián Rodríguez Simón, jefe de Gabinete del Ministerio de Espacio Público, y jefe político de esta fuerza.

 

Los secretos de la UCEP

 

El 29 de octubre se publicó en el Boletín Oficial el decreto que creó la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), dependiente del ministerio con el mismo nombre.

 

Así, el Gobierno eligió a los “29 mejores hombres” de un cuerpo de civiles que funcionaba disperso en varias dependencias desde la gestión de Aníbal Ibarra.

 

Cobran $ 1.200, tienen camionetas oficiales y celular. Les darán una campera, gorro y chalecto antipúa (para frenar elementos punzocortantes).

 

A pesar de que algunas versiones aseguran que tienen un pasado como barrabravas, ellos dicen que trabajan de verduleros, almaceneros y transportistas. Hasta hay un árbitro de fútbol.

 

No actúan en los lugares donde haya chicos, mujeres o ancianos. Sólo “hacen cumplir la ley sin usar la violencia”, juran.

 

En octubre se realizaron tres denuncias en la Defensoría del Pueblo. Fueron de cartoneros y personas sin hogar que denuncian haber sido “apretados” por civiles que se trasportaban en camiones de basura y camionetas oficiales. A algunos les destruyeron las pertenencias y a otros los golpearon.

 

El Gobierno toma las denuncias como operaciones políticas. La Defensoría porteña llevará el tema a la Justicia.

 

 

 

EL “ESCUADRON” DE LA UNIDAD DE CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO

Los veintiséis pesados de Macri

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-123079-2009-04-12.html

 

Se especializan en desalojar a indigentes de espacios públicos y de edificios. Su característica es “tener calle”, su legalidad es tenue, sus uniformes son oscuros y sus acciones ya terminaron en la Justicia por varias denuncias. Los nombres y los antecedentes de los pesados que hacen tareas sucias para el PRO.

 

Por Gustavo Veiga

 

La Unidad de Control del Espacio Público porteña (UCEP) que participa en operativos nocturnos contra personas en situación de calle y desalojos compulsivos en edificios ocupados por familias humildes, tiene veintiséis integrantes y un arrepentido que se vio obligado a abandonarla después de recibir una paliza de algunos compañeros, según se desprende de un listado al que accedió Página/12. Luis Savoiardo, alias el Tano, conduce de facto esta patota. Es uno de los empleados que en junio del año pasado participó de una gresca cuando el gobierno de Mauricio Macri intentaba desalojar las carpas kirchneristas de Plaza Congreso. En total, son cuatro los Savoiardo que forman el grupo: Jonathan, árbitro de las Divisiones Inferiores de la AFA; Marcelo, almacenero, y Romina, la única mujer de la unidad que depende del ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo. También hay choferes de camiones y colectivos, un zapatero, un verdulero y un instalador de membranas de techo.

 

Los miembros de la UCEP pertenecen a la planta transitoria del gobierno porteño, cobran sueldos que rondan los 1200 pesos y fueron reunidos en esa unidad gracias a un decreto firmado por Macri, Piccardo y el ministro de Hacienda Néstor Grindetti. Desde el 11 de marzo pasado otro decreto los reubicó dentro de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y ahora quedaron a las órdenes del ingeniero Jorge Cristian Polini, ex director de Compras y Contrataciones del gobierno, quien reemplazó al abogado Fabián Rodríguez Simón.

 

Cuando se difundieron los ataques de la UCEP a indigentes en parques, plazas y umbrales de edificios, bajaron considerablemente el perfil, aunque no dejaron de actuar de modo intimidatorio. En la página oficial del gobierno de la ciudad figura que tienen su base en Diagonal Norte 570, pero en realidad ocupan un sector del quinto piso en el Edificio del Plata, ubicado en Carlos Pellegrini 291.

 

La diputada Liliana Parada, de Igualdad Social, los denunció en la Justicia y dice que reparó en la UCEP después de leer una frase que la impactó a fines de 2008: “Son civiles que tienen calle y no tienen miedo de hacer ese trabajo”. Desde entonces acumula datos, los cruza con nuevos que va recibiendo y espera que avance la investigación que abrió la Fiscalía de Instrucción N° 26 en la causa “Macri, Mauricio y otros sobre amenazas con armas o anónimas”. Tener calle, según ellos, sería un requisito indispensable para tratar como tratan a los que viven en ella.

 

Pero en la UCEP también la pasan mal quienes se rebelan puertas adentro. En el Edificio del Plata, uno de sus integrantes, cansado de ciertos manejos del “Tano”, le intentó poner un límite a su poder. Por toda respuesta le propinaron una buena cantidad de golpes y dejó de pertenecer al grupo que luce ataviado con uniformes oscuros cuando sale a recorrer Buenos Aires. Se puso a resguardo en otra repartición del gobierno porteño y por ahora conserva su anonimato.

 

Tampoco continúa en la UCEP su ex coordinador Matías Lanusse, quien se reportaba a Rodríguez Simón, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quien se le había anticipado con su renuncia en diciembre. Este último es el mismo que irrumpió el 23 de junio de 2008 en la Plaza Congreso para desalojar las carpas kirchneristas junto a Luis Savoiardo, cuando todavía no se había constituido la UCEP, que se crearía el 29 de octubre mediante el decreto 1232/08. Rodríguez Simón terminó salivado por los militantes que apoyaban la política del gobierno nacional en el conflicto con los sectores agropecuarios y su subordinado con un ojo lastimado en los forcejeos que transmitió en directo la televisión.

 

Además del Tano, de quien sería su hermano Marcelo, Jonathan y su sobrina Romina Savoiardo, completan la nómina de la UCEP, Claudio Apecetche, Alejandro Maximiliano Arismendi, Ramón Adrián Barroso, Carlos Alberto Cabrera, Rodrigo Maximiliano Carrizo, Sebastián Andrés Castillo, el camionero Alfredo Javier Cuadrelli, Victorio Pedro De Cillis, el reparador de calzados y marroquinería Carlos Alberto Failde, Gustavo Fabián Fernández, Marcelo Damián Fernández, Juan Pablo Motta, el comerciante gastronómico Gustavo Adrián Ordóñez, Daniel Francisco Pagano, Daniel Héctor Pizarro, Marcelo Alejandro Reina, Ramón Alejandro Rodríguez, Gabriel Epifanio Romero, Gabriel Angel Ruiz, Diego Emiliano Sansanelli, el chofer Juan Manuel Superno, Eduardo Oscar Tassano y Damián Vieitez (su apellido está mal escrito en el listado del gobierno porteño que completa el ex coordinador Lanusse).

 

En promedio tienen 35 años y un tercio de ellos vive en el partido de La Matanza. La mayoría son de contextura física respetable, aunque no poseen el físico intimidatorio de los patovicas y lo que niegan es que haya barrabravas entre ellos. Militantes del movimiento social Aukache, que sufrieron agresiones, amenazas y detenciones en un desalojo de Paseo Colón 1588 el 27 de febrero, sostienen lo contrario. Dicen que en la patota hay por lo menos un barra de San Lorenzo.

 

Si infunden temor en los operativos que realizan es porque, además, visten ropa oscura y unas gorras con visera que les dan cierto aire policial. Angel Cabrera Cánepa, un indigente que vive debajo de la autopista sur, junto a la iglesia Corazón de María, frente a Plaza Constitución, recuerda que cuando lo atacaron mientras dormía, “vinieron como 25 a 30 personas, todas de negro, con coches particulares, camionetas particulares y camiones. Si querían me cargaban todo. ‘Te damos plazo hasta mañana, así agarrás todo y te vas’, me dijeron. Pero no vinieron más”.

 

El decreto 1232/08, en su anexo 2/13 le atribuye como funciones a la UCEP: mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes; colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio público; colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público. La persuasión, de acuerdo con las denuncias presentadas en la Defensoría del Pueblo de la ciudad y publicadas en este diario el 8 de marzo, no sería una de las características salientes del grupo.

 

La diputada porteña Parada amplió su denuncia original contra la UCEP a principios de marzo y señaló en ella que su accionar “pone en evidencia que este decreto (por el 1232) habilita a un funcionamiento irregular de una ‘fuerza de tareas’ que de modo deliberado actúa en la ciudad de Buenos Aires con funciones ilimitadas conculcando derechos constitucionales de la ciudadanía”.

 

Asimismo, cuestiona la legitimidad del decreto ya que “como el ladrón de joyas que de un collar día a día sustrae una perla del mismo, el decreto 1232/08 habilita la posibilidad de provocar todos los días hechos delictivos, donde las libertades de los ciudadanos y habitantes de la ciudad de Buenos Aires se ven ampliamente cercenadas”.

 

“Lo que cuenta la gente es que en la época de Ibarra también estaban”, coinciden algunos legisladores que quisieron interpelar a Piccardo sin éxito por este tema (ver aparte). Uno de ellos, el propio Aníbal Ibarra, cuando fue consultado por este diario sobre si durante su gobierno había existido algo semejante a la UCEP, respondió: “Hasta donde conozco, las mismas personas que ahora integran este grupo estaban desperdigadas en distintas dependencias y Macri las juntó mediante un decreto”. Uno de los miembros de la unidad, en declaraciones que le formuló en noviembre al diario Perfil, lo corroboró en parte: “Empezamos a trabajar con Ibarra y Epsztein (por Eduardo, el actual diputado) pero ahora estamos mejor porque Mauricio nos blanqueó”.

 

La UCEP intervino en el desalojo violento de personas en condición de calle en distintos parques y plazas porteños, desde Barrio Norte hasta Congreso, lo hizo en un edificio de la avenida Paseo Colón 1588 habitado por cien familias y se encargó de vendedores ambulantes en la zona de Retiro en operativos coordinados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la ciudad, entre otros episodios. Desde que sus incursiones nocturnas quedaron expuestas como si fueran a la luz del día, el grupo se mueve ahora con más sigilo y acompañado de una ostensible presencia policial. Este diario hizo consultas con militantes sociales de los barrios de San Telmo, Constitución y la Boca donde había actuado la patota y en ninguno de ellos volvieron a notar su presencia. Eso no significa que en cualquier momento vuelvan a aparecer enfundados en su ropa negra y con las gorritas que dicen UCEP.

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/123079-39347-2009-04-12.html