Remedios made in Argentina

NOTA: Una de las pocas veces que aparece el tema en diarios argentinos, y curiosamente ahora menos en los de circulación masiva. Y una pena la enorme cantidad de errores, algunos penosos, como lo que dice respecto de Raúl Laguzzi y la bomba que "esquivó", siendo que lo que hizo esa bomba, el 5 de setiembre de 1973, fue matar a su bebé Pablo de seis meses... No creo que Laguzzi hubiera querido que hablaran de su salvación y omitieran el crimen que sí perpetró la Triple A.

Luego hay toda clase de imprecisiones, de las que algunas es conveniente aclarar (obviemos errores de redacción y faltas de ortografía). La RELAP se fundó en el Decanato de la Facultad de Medicina (no en Farmacia, donde no hemos logrado tener suficiente eco), sus problemas están solo parcialmente mencionados aquí,  en Europa y en EEUU el peso de la Industria Farmacéutica (privada) es prominente (30% y 50% del total mundial, que son US$ 850.000.000.000), Capuano es Claudio (no Carlos), los tuberculostáticos son MBE, y no tienen nada que ver con el grupo de los oncológicos, y seguramente hay algunos otros detalles.

La expectativa por la ley es muy grande, y los votos casi seguros son los de la Comisión de salud... en el recinto veremos. Otros detalles... mejor esperemos.

Un saludo

Gonzalo

PD: estuvimos con una ponencia sobre el tema en el 1° Congreso Latinoamericano de Salud, en Maldonado, Uruguay. Allí (en el paisito) no hemos logrado mover el amperímetro del tema, en todos estos años. A pesar de haber estado con sindicatos, usuarios, organizaciones diversas y hasta el vice ministro de salud que estuvo durante el primer gobierno del Frente Amplio (de paso, compañero de facultad de quien esto firma, en 1973), y en distintos eventos antes de este. Ojalá la impronta de la ponencia lograra moverlo.

Remedios made in Argentina

 

Año 3. Edición número 156. Domingo 15 de mayo de 2011

Por 

 Diego Long

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Producción nacional de medicamentos. En silencio, el Congreso nacional trata un proyecto de ley que le dará al país una herramienta clave para lograr la plena soberanía política sanitaria.

Un proyecto de ley que se encuentra en danza en el Congreso de la Nación, que obtuvo media sanción en Diputados durante marzo, y que se encuentra movilizando a la Comisión de Salud del Senado, ha pasado desapercibido para la prensa escrita.
Se trata de uno de esos proyectos fundamentales, del orden de los que contemplan los derechos inclusivos, de los que vienen siendo debatidos desde hace mucho tiempo, en los que se juega una porción de soberanía y por ello cuenta con fuertes intereses opuestos, como es el que encarna el proyecto de la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas.
Esta semana se reunieron los legisladores que tratan el tema en la Comisión de Salud de la Cámara Alta y le confiaron a las organizaciones que impulsan el proyecto que “no había objeciones” entre los senadores. Este acuerdo será refrendado pasado mañana, cuando la Comisión se reúna en pleno, de donde deberá salir un dictamen favorable y, de seguir todo en la buena senda, el proyecto será tratado en dos semanas en el recinto.
La ley de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas es apoyada e impulsada por varios grupos de médicos sanitaristas, de hospitales y universidades públicas, y van en el mismo sentido general de la recuperación de las unidades productivas nacionales.
Existen en este momento unos 39 laboratorios de producción de medicamentos repartidos por casi todo el territorio nacional, del Estado nacional, provinciales, municipales y universitarios.
Desde hace cuatro años en la Facultad de Farmacia de la UBA se ha creado la Red de Laboratorios Públicos (Relap), con más de treinta directores de Unidades de Producción de Medicamentos, el Inti y la División de Programas Especiales de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Aún no se han sumado a todos los laboratorios, pero la ilusión es que la promulgación de la ley motorice la desfragmentación de este complejo productivo y el país pueda tener su propia red nacional de producción estatal de remedios.
“Los medicamentos que producen estos laboratorios abarcarían casi el 96 por ciento de todas las enfermedades, son Medicamentos Básicos Esenciales, es decir que no hay problemas de patentes. Quedan algunos, como los del tratamiento contra el VIH, los antituberculosos, y los oncológicos, pero que con una política racional no tiene por qué ser algo caro”, opina el médico Carlos Capuano, que coordina la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina (UBA), que es uno de los focos propulsores de la iniciativa.
“Cuando hablamos de medicamentos, uno se imagina un comprimido, una ampolla, una pomada, un inhalador, lo que sea, pero lo importante de esta ley es que va más allá de todo esto porque detrás está la investigación y el desarrollo”. Capuano se refiere a que como Argentina hoy no produce moléculas, la producción en los laboratorios está condicionada a la importanción de éstas. “Imaginate si esos laboratorios públicos se articulan con las universidades públicas, en la investigación y desarrollo, se podrían generar nuevas moléculas, que en la Argentina no se producen, y producir patentes para el Estado, divisas, sin tener en cuenta el soporte estratégico que eso significa, con científicos trabajando, unversidades trabajando en la investigación según las necesidades del país…”.

Cerebros sanitarios. La Cátedra libre de Salud y DDHH se conformó hace doce años y desde el 2000 incursiona en el estudio teórico abordando varias líneas de investigación (Atención Primaria de Salud, Salud Mental, Medicamentos, Alimentación y Nutrición, Salud Materno Infantil, Salud y Medio Ambiente, etc.). Ejercer la soberanía sobre la producción de medicamentos se presenta como la manera más firme de desentramar una parte del nudo de complejidades que conforman esta área tan sensible: la salud. Las que en parte se encuentran sujetas por situaciones regionales o enfermedades muy delicadas que no pueden depender del alegre devenir del mercado internacional.
En este tiempo hubo ejemplos que fueron materializando las necesidades y las potencialidades que respaldan a esta idea. “En el año 2002 vino un grupo de hemofílicos a nuestra casa, desesperados porque se había cortado la importación, y la hemofilia se trata con un hemoderivado que es el Factor 8. Entonces el laboratorio de hemoderivados de Córdoba empezó a producirlo, y hoy en día no sólo la Argentina se autoabastece de Factor 8 sino que exporta al Mercosur”, relata Capuano.
Otro ejemplo claro lo aporta la hidiatidosis, que en la Capital no se conoce pero se trata de una enfermedad parasitaria que afecta a toda la región patagónica y que por lo general forma quistes que pueden llegar a ser muy graves. “El medicamento para tratar la hidiatidosis costaba en farmacia unos 22 pesos –prosigue Capuano–, y eran moléculas viejas que producían varios efectos adversos; hoy, el Prosome, que es el laboratorio público que tiene Río Negro, además de abastecer al 100 por ciento de los hospitales públicos de esa provincia, produce este medicamento, y ¿sabés a qué precio? A 0,50 centavos”, impacta.
Por cosas así es que el grupo que trabaja en la Cátedra de Salud y DDHH asegura que “si la Argentina logra aprobar esta ley va a dotar al Estado de una herramienta estratégica en pos de las políticas públicas soberanas. Basta con imaginarse los ejemplos de la hidatidosis y de la hemofilia trasladado a todos los otros casos. El otro efecto va a ser económico. Imaginate que van a ser más baratos, van a ser producciones del Estado y de altísima calidad, como las que se hacen ahora. Entonces, la industria se opone y sabe bien por qué se opone”, dice el especialista.
En la Argentina se gastan más de 7 mil millones de dólares anuales en medicamentos que, al ser importados, significa un fuerte giro de divisas al exterior. En la región, Brasil ya tiene en funcionamiento su propia producción estatal de medicamentos. India se ha convertido en la segunda exportadora de moléculas del mundo, industrias que se han desarrollado en Europa en época de posguerra y, naturalmente, también en Estados Unidos, aunque allí se desarrolla en una alianza con el sector privado. El mismo que no le permitió a Bill Clinton reformar la letra en salud pública y medicamentos, y apenas lo dejó al presidente actual, Barack Obama, hacer un tibio movimiento.
Potencial argentino. Capuano, sabe, porque lo han analizado exhaustivamente, que en el país “hay capacidad instalada, los laboratorios públicos trabajan hoy con una capacidad utilizada entre un 25 y un 50 por ciento, algunos pueden llegar al 75, nosotros medimos la capacidad potencial, y es de un 533 por ciento”. Un cálculo para poner en dimensión de qué se está hablando. “Por ejemplo, el programa Remediar, según datos oficiales, abastece a 15 millones de personas en la atención primaria, patologías prevalentes, del 90 por ciento de las enfermedades, y para esos 15 millones de personas se necesitan 500 millones de comprimidos al año de determinados medicamentos”, explica el coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos, y cuenta: “Un cálculo que hicimos nosotros dio que trabajando, no al 100 por ciento, sino en jornadas de ocho horas, 20 días al mes, 11 meses de trabajo, 11 laboratorios públicos podrían producir casi 800 millones de comprimidos”.
Los profesionales reunidos en los colectivos que proponen la producción pública de medicamentos entienden que hay que abandonar de una vez por todas la mirada de la salud como ausencia de enfermedad, y que es imperioso que se la comience a contemplar con una mirada integral, desde la dignidad de la persona. El núcleo duro de este planteo se resume en “dignidad, libertad e igualdad”, dicen. “Tomamos, tanto, la capacidad de las personas, como sujeto histórico social y de su comunidad, de detectar, identificar y resolver en forma solidaria, los distintos factores que limitan la potencialidad vital. Para nosotros lo fundamental es la comunidad, lo antagónico a la definición de la OMS (‘el completo estado de bienestar, físico, psíquico y social, que es una definición atemporal, que se da en muy pocos Estados’). Hay un profesor de la cátedra, sanitarista, el negro José Carlos Escudero, que dice que esta definición ‘se da sólo en el orgasmo simultáneo’”.
A principios del mes pasado, en conversación telefónica con el programa de Radio Nacional Hoy más que Nunca, que conduce Eduardo Anguita, el reconocido sanitarista José Carlos Escudero afirmaba que el sector privado de la salud es el sector más privilegiado de toda la economía. “Si usted es capitalista gana más plata invirtiendo en salud que en energía e inclusive en defensa nacional o armamentos. Y además, si usted controla medios de comunicación, puede hacer terrorismo epidemiológico, puede moldear subjetividad diciendo que se viene una plaga o una peste y que compren lo que ellos venden”, explicaba Escudero.
Capuano explica una particularidad más que dependerá de la instauración del complejo productivo nacional de vacunas y medicamentos: “Esto que hablábamos de dignidad, libertad e igualdad, en salud, es indivisible; la igualdad se aplica en la equidad, la equidad se aplica en el derecho a la salud como un derecho humano, y ese derecho humano sucede si uno tiene acceso. Entonces, para acceder a un medicamento o que te puedan atender necesitás determinado tipo de herramientas estratégicas. Y la Argentina ya tiene 39 laboratorios púbicos, que producen medicamentos básicos escenciales, por todo el país y están en funcionamiento”.
Los grupos que pugnan por esta ley dicen que no descubrieron la pólvora. Y mencionan antecedentes. Nombran al ex ministro Ramón Carrillo, a Floreal Ferrara y al ex decano de Famacia y rector de la UBA, Raúl Laguzzi. “En el ’46 hubo una suba de precios de los medicamentos y Carrillo le propone a Perón conformar Emesta (Empresa Medicinal del Estado), que empieza a funcionar con fuerte decisión política y ya al año tenía cien medicamentos en el mercado, logrando frenar el avance de las empresas”, remarcan. La experiencia universitaria (‘74/’75) de Laguzzi, que supo esquivar una bomba de la Triple A, también estuvo enfocada a crear una planta de producción de medicamentos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en la que sus estudiantes participaran activamente con los proyectos de salud que se querían implementar en diferentes provincias. Su última aparición pública en vida fue mediante una carta, en la que adhería a la ley que en dos semanas puede ser el nuevo hito legislativo en dirección, nada menos, que a la soberanía política sanitaria.