Estimadxs : Juan Ignacio Lozano y Juan Bautista Sala, docentes de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, me hicieron llegar un muy interesante trabajo sobre la Asignación Universal por Hijo ( AUH ).El trabajo original se puede leer en http//www,ceilpiette.gov,ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf . Los Lic. Lozano y Sala luego hicieron un texto abreviado de este documento, sin la sección “metodología”, los gráficos ni los anexos. Es este texto que les adjunto ahora. Saludo de JCE
EL IMPACTO DE LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO EN ARGENTINA1 Emmanuel Agis Carlos Cañete Demian Panigo CENDA; SID PROFOPE CEIL-PIETTE
Resumen El presente artículo tiene por objetivo el desarrollar un análisis de variación conjetural para anticipar el impacto del Plan “Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)”, implementado en el mes de noviembre de 2009 en Argentina, sobre distintos indicadores relacionados con 4 dimensiones centrales del bienestar social: pobreza, indigencia, desigualdad y vulnerabilidad relativa. Utilizando los microdatos de la EPH del INDEC, los índices de precios para las canastas básicas de consumo del GBA y del resto del país y las primeras liquidaciones del ANSES para este nuevo beneficio, se verifican como principales resultados que: 1) todos los indicadores de bienestar social examinados experimentan una notable mejoría, especialmente en las regiones más carenciadas del país (el norte argentino); 2) Con la AUH, los indicadores de indigencia se reducen entre un 55 y un 70%, retornando así a los mejores niveles de la historia argentina (los de 1974, resultado que se alcanza cualquiera sea el índice de precios utilizados para establecer el valor de la canasta de subsistencia); 3) Luego de la AUH, el indicador más arquetípico de desigualdad (cuántas veces ganan los ricos más que los pobres) se reduce más del 30%, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América Latina (ranking otrora comandado por Uruguay, Venezuela y Rep. Dominicana); 4) Por primera vez en décadas, la AUH ha logrado que los grupos poblacionales históricamente más vulnerables (como niños, madres solteras o familias numerosas) tengan una menor probabilidad relativa de indigencia que el resto de la sociedad; y 5) La AUH también ha reducido los indicadores de pobreza, aunque en mayor medida los de intensidad que los de incidencia, especialmente cuando se valoriza la línea de pobreza a precios ajustados por el IPC 7 provincias, reafirmando así la necesidad de que, para erradicar definitivamente la pobreza en Argentina, este tipo de planes asistenciales debe ser complementados con políticas masivas de empleo tales como las que se comienzan a vislumbrar en programas como “Argentina Trabaja”. Palabras clave: Asignación universal por hijo, ingreso universal, Argentina, regiones, pobreza, indigencia, desigualdad, vulnerabilidad relativa. Códigos JEL: D6, D3, C5 y R1. 1.- INTRODUCCIÓN El plan de Convertibilidad supuso la continuidad y profundización de la transformación estructural de la economía argentina iniciada con la ruptura de la ISI (industrialización por sustitución de importaciones) a mediados de la década de 1970. Junto al retraso cambiario se desplegó un amplio conjunto de políticas de reforma condensadas en el proceso de privatización, desregulación, liberalización comercial y financiera y flexibilización del mercado de trabajo (Boyer y Neffa 2004, Heymann y Kosacoff 2000). La conjunción de los efectos del nuevo entorno macroeconómico y de la desregulación del entramado productivo determinaron una sustantiva transformación del mercado de trabajo (Altimir y Beccaria, 2000) y un persistente e intenso deterioro de las condiciones de vida de la población. La salida del esquema de caja de conversión y tipo de cambio fijo se produjo -entre fines de 2001 y principios de 2002- como culminación de un escenario recesivo iniciado a fines de 1998, el cual venía agravando el deterioro de la situación social de la década anterior. Entre 1998 y 2001 el PBI se había contraído -8,4%, con un crítico impacto en el empleo, los ingresos y su distribución. En 2001 el desempleo alcanzaba al 18,3% de la PEA, tasa que -extendida al total de la población urbana- involucraba, en términos cuantitativos, a unas 2,9 millones de personas. La modalidad que adoptó inicialmente la salida de la convertibilidad profundizó el declive recesivo de la actividad económica, determinando un mayor y veloz deterioro de todos los indicadores laborales, de ingresos y distributivos. La conjunción de insolvencia fiscal, cesación de pagos de la deuda pública, la fuga de capitales, el colapso del sistema financiero y la inflación —resultante de la mega-devaluación implementada en ausencia de mecanismos compensatorios-, plantearon un difícil escenario para el despliegue de políticas públicas que permitieras reparar y revertir la situación. En 2002 se registraba una caída interanual de -10,9% del PBI, con el 21,5% de la PEA desempleada -3,4 millones de personas proyectado al total de la población urbana. Gráfico 1.- Evolución del empleo, la desocupación, el trabajo no registrado y el poder adquisitivo de los trabajadores entre 1991 y 2002
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. Nota: La variable Empleo está calculada como porcentaje de la población total, mientras que Desempleo está expresada en porcentaje de la población económicamente activa, Asalariados no registrados en proporción del total de asalariados e Ingreso Real de la ocupación principal es un índice base 1991=100. Los indicadores distributivos, en continuo deterioro desde los comienzos de la convertibilidad, alcanzaron sus peores registros históricos luego de la mega-devaluación. El efecto combinado de la caída del empleo y de los ingresos reales de la clase trabajadora hizo que en octubre de 2002, el 27,5% y 57,5% de las personas estuvieran en situación de indigencia y pobreza, respectivamente. De manera análoga, los efectos nocivos de la Convertibilidad (y su crisis asociada) también repercutieron negativamente sobre la desigualdad, generando un aumento progresivo sin precedentes en los distintos indicadores distributivos, con récords anuales históricos para la desigualdad medida por el coeficiente de Gini o el ratio de remuneraciones relativas entre el primer y último decil de ingresos de la población (en octubre de 2002, cifras sólo comparables con las derivadas del incremento transitorio de los mismos indicadores durante el período hiperinflacionario de 1989, ver gráfico 2). Gráfico 2.- Evolución de la pobreza, la indigencia y la desigualdad entre 1991 y 2002
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. Nota: Las variables Pobreza e Indigencia están calculadas como porcentaje de la población total. El coeficiente de Gini se calculó a partir del ingreso per cápita familiar (IPCF) y fue multiplicado por 100. La brecha de ingresos corresponde al cociente entre el ingreso medio per cápita familiar del decil 10 sobre el propio del decil 1. A partir del cambio de administración en 2003 se inicia la conformación de un nuevo modelo macroeconómico, pasando del régimen de acumulación financiera previo a un régimen de acumulación productiva con inclusión social. Los rasgos más salientes del nuevo entorno macroeconómico fueron su capacidad de sostener altas tasas de crecimiento de la producción –de 7,1% anual medio entre 2003 y 2009-, y la recuperación del mercado de trabajo, tanto en lo referido a la generación de empleo (en cantidad y calidad) como en la recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores (Beccaria 2007). La nutrida agenda de políticas públicas orientadas al mundo del trabajo representaron un giro copernicano respecto a lo ocurrido durante los años anteriores (Panigo y Neffa, 2009), fortaleciendo los efectos sobre el mercado laboral y articulándose como parte componente de un nuevo régimen de acumulación en donde los derechos individuales y colectivos de los trabajadores pasaron a conformar un eje central de la reconfiguración del tejido social y las relaciones de clase. Este proceso resultó en un crecimiento anual medio del empleo urbano total de 2,6% entre 2003 y 2009, contra una PEA que, en el mismo período, se incrementó al 1,2% anual medio, posibilitando la caída del desempleo a tasas que no se verificaban desde los inicios de la década de 1990. De manera complementaria, desde mediados de 2003 hasta mediados de 2009 el trabajo no registrado experimentó una disminución de -27% (con el agregado de que mientras que en la Convertibilidad de cada 10 puestos de trabajo que se generaban 9 eran no registrados, en la actualidad 8 son registrados y sólo 2 no registrados) y el ingreso real de la ocupación principal un aumento del 88% deflactado por el IPC GBA (o del 40% si se utiliza como deflactor al IPC promedio de las 7 provincias que publican guarismos de precios de manera periódica), tal y como se aprecia en el gráfico 3.
Gráfico 3.- Evolución del empleo, la desocupación, el trabajo no registrado y el poder adquisitivo de los trabajadores entre 2002-2009
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. Nota: La variable Empleo está calculada como porcentaje de la población total, mientras que Desempleo está expresada en porcentaje de la población económicamente activa, Asalariados no registrados en proporción del total de asalariados e Ingreso Real de la ocupación principal es un índice base 1991=100 (ingreso que, deflactado por el IPC 7 provincias es igual a 108,1 en 2009 t2). La dinámica inclusiva de la nueva configuración macroeconómica, materializada en una progresiva recomposición de los indicadores laborales, fue complementada con una serie de políticas sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables que no podían reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Estas nuevas políticas sociales se alejaron del paradigma tradicional (predominantemente asistencialista) para pasar a una concepción más abarcativa de la problemática social, con el eje puesto en la familia, desde la integralidad, la promoción y la equidad territorial, destacándose entre ellas (excluyendo el programa Argentina Trabaja - por estar en reciente desarrollo- y las distintas políticas sociales implementadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad —que se describen con mayor detalle en Panigo y Neffa, 2009-): 1) El Plan de Desarrollo Local y Economía Social, política que promueve la inclusión social a través de la generación de empleo para personas en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social, por medio del apoyo económico y la asistencia técnica y capacitación a emprendimientos productivos. Esta política ha permitido la creación de más de 34.200 nuevos emprendimientos, la inscripción de 70.000 monotributistas sociales (con el beneficio asociado de acceder a una obra social de libre elección, ingresar al sistema previsional y tener la posibilidad de ser proveedor del Estado, por compra directa), la construcción de 500 Centros integradores comunitarios (para articular las políticas de desarrollo local), el apoyo a 16.926 cooperativas y mutuales con un total de 14.000.000 de asociados, y la triplicación de la oferta de microcrédito en el país, alcanzando a 40.000 unidades económicas, que reciben financiamiento, capacitación y fortalecimiento institucional; 2) El Plan de Seguridad Alimentaria, que brinda asistencia nutricional, facilita la auto-producción de alimentos y el desarrollo de redes prestacionales, realiza acciones en materia de educación alimentaria y desarrolla acciones dirigidas a grupos de riesgo específicos. Con este plan se ha mejorado directamente la capacidad de subsistencia de 1.683.651 hogares y se ha apoyado de manera complementaria a 974 espacios comunitarios con 1.761 Servicios Alimentarios que llegan adicionalmente a 237.000 titulares de derecho; 3) Plan Nacional Familias, que comprende acciones de prevención, promoción y asistencia de hogares vulnerables, incluyendo dos herramientas de transferencia de ingreso: las Pensiones no contributivas, que incluyen pensiones a la vejez, por invalidez y por madres de 7 o más hijos; y el programa familias por la inclusión social, que otorga un ingreso no remunerativo mensual a las familias en situaciones de gran vulnerabilidad social, y que, a diferencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar desocupados, varía según la cantidad de menores a cargo. Gracias este plan, existen 686.296 titulares de derecho para las pensiones no contributivas y 574.876 familias asistidas con el programa familias (lo que implica la cobertura de 1.766.808 niños y jóvenes menores de 19 años); y 4) El Plan de inclusión previsional, destinado a revertir el impacto negativo del desempleo masivo y el incremento del trabajo informal generado por el Plan de Convertibilidad sobre la posibilidad de acceder a una jubilación o pensión al llegar a los 60 o 65 años. Este plan ha permitido que cerca de 2.000.000 de personas en edad de jubilarse, pero sin los aportes necesarios para ello, puedan acceder a una jubilación digna, llevando la tasa de cobertura previsional desde el 49% que tenía hacia fines de la Convertibilidad a más del 85% (el plan incluye un pequeña tasa de descuento mensual en la jubilación que se toma como pago a cuenta de los anos de aportes no efectuados). La aplicación conjunta de estas y otras políticas sociales complementarias (como el Plan Nacional de Deporte, el Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios o el Plan de Abordaje integral AHÍ) ha reforzado el impacto positivo del nuevo esquema macroeconómico sobre los principales indicadores sociales. En efecto, desde 2003 en adelante, se verifica un quiebre de tendencia en todos y cada unos de los indicadores comúnmente examinados en los estudios de pobreza indigencia y distribución del ingreso (Kostzer, Perrot y Villafañe, 2005). Entre el tercer trimestre de 2003 (primer dato de la EPH continua) y el segundo trimestre de 2009 (último dato disponible), por primera vez en la historia la incidencia de la pobreza en las personas se reduce entre un 80,5% y un 63,4% (dependiendo de la utilización del IPC GBA o el IPC 7 provincias, respectivamente2), la indigencia disminuye entre un 70,9% y un 45,6% (idem anterior), y la desigualdad cae entre un 13,3% y un 36,7% (según se compare la dinámica del coeficiente de Gini o del ratio de ingresos medios del decil 10 respecto del decil 13). Gráfico 4.- Evolución de la pobreza, la indigencia y la desigualdad entre 2002 y 2009
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. Nota: Las variables Pobreza e Indigencia están calculadas como porcentaje de la población total. El coeficiente de Gini se calculó a partir del ingreso per cápita familiar (IPCF) y fue multiplicado por 100. La brecha de ingresos corresponde al cociente entre el ingreso medio per cápita familiar del decil 10 sobre el propio del decil 1 Para el primer semestre de 2009, los porcentajes de personas pobres e indigentes se elevan al 26% y al 7,5%, respectivamente, si se utiliza como línea de pobreza una que ajuste a la del GBA por la diferencias existentes entre el IPC GBA y el IPC 7 provincias. De esta manera, a mediados de 2009, la dinámica inclusiva antes mencionada había permitido recuperar los mismos niveles de bienestar social observados al comienzo del Plan de Convertibilidad. Pese a ello, tanto los indicadores laborales y distributivos, como la incidencia de la pobreza y la indigencia se encontraban aún demasiado alejados de los niveles que se registraron a mediados de los ’70, con el tercer gobierno peronista depuesto por el golpe de estado de 1976 (e.g. , en 1974 se observaba un 3,4% de desocupación, un 17% de trabajo asalariado no registrado, un 4,4% de personas pobres, un 2% de personas indigentes, un coeficiente de Gini de 0,36 y una brecha de ingresos entre el decil más rico y el decil más pobre de la población de sólo 5,36). Por tales motivos, hacia fines de 2009 el gobierno nacional pone en marcha dos programas concomitantes que intentan recuperar los estándares sociales de la década del setenta: la Asignación Universal por hijo para Protección social (AUH del ANSES) y el programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja (del Ministerio de Desarrollo Social). De estos dos programas, la AUH implementada por decreto 1602/2009 constituye el sujeto de estudio central del presente documento, al existir ya la información suficiente como para desarrollar un análisis de variación conjetural a partir de los micro-datos de la EPH y los resultados de las primeras dos liquidaciones del ANSES de las distintas prestaciones de la AUH a nivel nacional.4 El objetivo central del artículo consiste en evaluar el impacto de la AUH sobre 4 dimensiones centrales del bienestar social: pobreza, indigencia, desigualdad y vulnerabilidad relativa. Para alcanzar este objetivo, el documento se estructura de la siguiente manera. Luego de esta introducción se describen en detalle las principales características de la AUH, comparándolo con algunos de los programas similares más importantes implementados en América Latina. En la sección 3 se describen los aspectos metodológicos más relevantes para el análisis empírico que se desarrolla en la sección 4. El documento finaliza luego con las conclusiones, las referencias bibliográficas y los anexos estadísticos y metodológicos. 2.- UNA PERSPECTIVA REGIONAL PARA EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA AUH EN ARGENTINA Luego de la oleada de reformas neoliberales implementadas entre comienzos de los setenta (prohijadas por los sucesivos golpes de Estado en el cono Sur) y fines de los noventa (cuando comienzan a ser rechazadas por la mayor parte de la sociedad al ser vistas como causa prima-facie de la crisis regional más importante en 100 años), la política social latinoamericana comenzó a jugar un papel más activo a través de un conjunto de programas destinados a revertir un escenario de “catástrofe social endémica” que caracterizaba a la región a comienzos del siglo XXI (CEPAL, 2009). En este nuevo contexto, la mayoría de los países latinoamericanos implementaron diversas políticas activas y pasivas, tanto asistenciales como de inclusión social que tuvieron como denominador común una notable expansión de los recursos destinados a los programas de transferencias condicionadas de ingresos para los sectores más vulnerables. Si bien el establecimiento de una tipología exhaustiva de las distintas políticas sociales desarrolladas en cada uno de los países de la región excede los objetivos del presente estudio, en lo que sigue se hace foco en algunos de los más programas de transferencias condicionadas de ingresos importantes de América Latina, a los efectos de establecer un marco de comparación objetivo que permita evaluar con mayor precisión las características más salientes de la AUH recientemente implementada en Argentina. 2.1.- Brasil: El Programa Bolsa Familia El Plan Bolsa Familia fue implementado en 2004 y constituye el principal programa de asistencia social del Gobierno Federal de Brasil, el cual lo ha definido como “el plan social más grande del mundo”. La magnitud del plan es considerable, puesto que el mismo alcanza al 23% de las 190 millones de personas que habitan el país. El programa consiste básicamente en una transferencia de ingresos incondicional a sectores de bajos ingresos, favoreciendo especialmente a aquellos hogares que cuenten con la presencia de niños. El único requisito para acceder al ingreso adicional por niño es que los mismos se encuentren en edad escolar y cumplan con los planes de vacunación pertinentes. El programa es cofinanciado por el Banco Mundial, institución que ha destacado los éxitos del plan en materia de combate contra la pobreza extrema y la garantía del cumplimiento de derechos sociales básicos como ser salud y educación. Los requisitos para acceder al plan se estipulan en función del ingreso del ogar, el cual no puede superar los 140 reales. Cabe destacar que según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en 2008 la línea de pobreza se ubicaba en los 232 reales, mientras que la de la indigencia en 116. En este sentido, si se considera la relación entre las condiciones de acceso al plan y los guarismos anteriores, el amplio grado de cobertura antes mencionado da cuenta de la magnitud del problema de la extrema pobreza e indigencia de Brasil. Por último, la condición de acceso vía un ingreso máximo implica que el programa no tiene un carácter universal, sino que el mismo se encuentra deliberadamente orientado a un sector específico de la población. El programa consta de dos tipos de estipendios: un beneficio básico de 68 reales para familias cuyo ingreso por persona no supera los 70 reales y un beneficio variable, de 22 reales al mes por hijo menor de 15 años (hasta un máximo de tres) y de 33 reales por hijo adolescente (hasta un máximo de dos) para las familias cuyo ingreso per cápita no supere los 140 reales. El primer monto es de carácter incondicional, mientras que el segundo se encuentra supeditado a la escolarización de los menores y al cumplimiento de ciertas pautas sanitarias, principalmente de vacunación. El total que una familia puede recibir por la suma de cualquiera de los anteriores beneficios no puede superar los 200 reales al mes. El financiamiento del programa es afrontado en su mayoría por las arcas públicas con ingresos provenientes de rentas generales. En 2008, el costo total del plan ascendía a 10.400 millones de reales, lo que representa un 0,4% del PIB de Brasil y un 2,5% del gasto público total. En cuanto su impacto, las estadísticas del IBGE indican una notoria reducción de la pobreza. Según cálculos de Beghin (2008), entre 2004 y 2006 la extrema pobreza cayó en un 4,9% y la pobreza en 2,7%. A su vez, el programa ha contribuido a reducir la desigualdad entre pobres y ricos debido a su alto grado de focalización en los sectores de muy bajos ingresos. 2.2.- México: Plan Oportunidades El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades es un plan de integración social y desarrollo personal que apunta a resolver los problemas de extrema pobreza en México. El mismo combina asistencia para resolver urgencias en materia alimentaria con ayuda para otro tipo de problemáticas, como pueden ser la salud y la educación. Para el año 2009 se contempla una ayuda que alcanzaría a 9 millones de familias. Respecto de las características generales del plan, el mismo resulta mucho más focalizado que su par en Brasil, puesto que aquí se busca resolver problemas de carácter puntual. Al igual que el Bolsa Familia, el programa consta de dos tipos de transferencias, siendo la primera una asistencia de carácter incondicional que tiene como fin garantizar un piso mínimo de ingresos para sus beneficiarios. A su vez, se divide en cuatro categorías -a saber, apoyo alimentario, adultos mayores, componente energético y componente vivir mejor-, que juntos suman 470 pesos mexicanos para familias con adultos mayores y 385 cuando se trate de familias sin ellos. El segundo tipo de transferencias asume la forma de becas escolares que pueden llegar hasta un máximo de 1.070 pesos mexicanos por familia cuando se trate de escolaridad primaria y 890 que se suman para educación media y superior. En todos los casos se adiciona un monto fijo que se otorga a principios del año lectivo previsto para la compra de útiles escolares. El monto máximo que recibe una familia no puede superar los 2.345 pesos mexicanos, en una economía donde el salario mínimo se posiciona en los 1.577 pesos. Para calificar dentro de los beneficiarios la familia debe estar en situación de extrema pobreza, indicador que se actualiza mensualmente según la evolución de la inflación minorista. Los criterios de asignación para las becas son algo más complejos e implican la evaluación personalizada de los casos por parte de personal especializado. El programa Oportunidades se complementa con políticas de salud que buscan centralizar los esfuerzos en la asistencia sanitaria a menores de edad y a mujeres embarazadas. El costo total del programa asciende para el año 2009 a 44.000 millones de pesos mexicanos, lo que equivale al 0,3% de su PIB. Se estima que el impacto derivado de esta transferencia de ingresos ha significado una reducción de la pobreza en 16 puntos porcentuales en los dos primeros años y una fuerte retracción de la mortalidad materna, la mortalidad infantil y la deserción escolar. 2.3.-Chile: Sistema Chile Solidario En Chile el Sistema Chile Solidario ha sido una de las principales herramientas en la lucha contra la pobreza desde su origen en el año 2002, donde comenzó siendo un programa focalizado en la extrema pobreza, hasta la actualidad, donde se ha ido ampliando paulatinamente su grado de cobertura y alcance. El sistema se compone de cuatro programas complementarios: Puente, Vínculos, Calle y Caminos, todos ellos programas de asistencia monetaria que se destacan por el alto grado de condicionalidad de los mismos y un mayor involucramiento por parte del Estado en la situación de los hogares. En particular, la asistencia monetaria no responde en este caso a pautas estrictas previamente estipuladas, sino que la misma es mayoritariamente asignada en base a la evaluación realizada por asistentes sociales que estudian caso por caso. El acceso de cada familia a los distintos programas depende entonces de su situación específica y el programa contempla aspectos destacados, como ser el apoyo psicosocial principalmente destinado a hogares vulnerables o con niños en situación de riesgo familiar. Debido a las características antes señaladas, la estructura organizativa del programa es sumamente compleja. Hacia fines de 2008, el plan registraba como beneficiarios a un total de 333.000 familias, de las cuales 208.000 serían declaradas como “egresadas” del plan y por ende, serían capaces de seguir su desarrollo sin la asistencia por parte del Estado. En 2009 el número de beneficiarios ascendía a los 125.000 hogares, lo cual da cuenta de un programa mucho más focalizado que los mencionados con anterioridad. En síntesis, el modelo de asistencia social chileno presenta una nueva alternativa, mucho más focalizada y compleja, no pensada para la erradicación de la pobreza masiva sino para la integración social. De allí su gigantesca estructura administrativa y la complementariedad con distintos programas. En términos de resultados, Larrañaga et.al. (2008) señala mejorías en los niveles absolutos de ingreso, vivienda y ocupación de los beneficiarios del plan, especialmente en las áreas rurales. 2.4.- Perú: Programa Juntos El Programa Juntos de Perú fue lanzado en 2005 luego de que las autoridades del país analizaran la experiencia de programas similares en Brasil, México, Chile y Honduras. Debido a que el país posee una situación de desigualdad extrema y una pirámide poblacional fuertemente desbalanceada a favor de estratos de baja edad, se resolvió concentrar la asistencia monetaria en familias con niños menores de 14 años. Las condicionalidades de este programa también apuntan a la escolaridad y la salud de los menores y se agrega el requisito de que todos los integrantes del hogar cumplan los procedimientos de inscripción de personas de manera de estar debidamente documentados. La prueba piloto del programa alcanzó originalmente a un total de 1.000 familias, aunque el mismo se extendió rápidamente llegando a más de 420.000 hogares en el año 2009. A diferencia de los planes antes descriptos, el sujeto del beneficio es el propio hogar y es por eso que el estipendio monetario es fijo (100 soles por mes) y no varía según la cantidad de menores que lo compongan. Las familias beneficiadas son seleccionadas por asistentes sociales que recorren el campo y las califican según distintas categorías, siendo la distinción más relevante la de pobreza. El gasto total demandado por el plan representa el 0,2% del PIB. Los logros del programa, según detalla la propia agencia gubernamental, se centran en el ámbito de las condicionalidades más que en el efectivo abandono de la condición de pobre del hogar. El primer informe trimestral del año 2009 señalaba que el 96% de los beneficiarios habían cumplido con las condiciones educativas y de salud, lo cual implicó la incorporación de 300.000 hogares al sistema de educación formal. Al mismo tiempo, el 99% de los beneficiarios habían superado el examen nutricional exigido, lo cual permite deducir la efectividad del plan en el combate contra la indigencia. 2.5.- Argentina: Asignación Universal por Hijo para la Protección Social El 30 de octubre de 2009, mediante el Decreto del P.E.N. 1602/09, se creaba la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), una política que otorga una prestación no contributiva similar a la que reciben los hijos de los trabajadores formales “a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal”, beneficio que sería financiado con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Como se mencionara hacia el final de la sección 1, la implementación de la AUH (casi en conjunto con el Plan “Argentina Trabaja” cuyo impacto será examinado en otro estudio) obedece a la necesidad de complementar los efectos del nuevo modelo macroeconómico (puesto en marcha a mediados de 2003) y de las políticas sociales pre-existentes para reducir la brecha aún significativa entre los distintos indicadores de bienestar social observados a mediados de 2009 y los que la economía Argentina tiene la potencialidad de alcanzar (representados por los valores que detentaba en 1974). En el gráfico 5 a continuación, se observa que a mediados de 2009 y pese a los 6 años ininterrumpidos de crecimiento económico, a los más de 5.000.000 de nuevos puestos generados, a los 2.000.000 nuevos jubilados y pensionados contenidos gracias al plan de inclusión previsional, y a los distintos programas sociales de alto impacto sobre la pobreza hasta entonces implementados (como las 700.000 familias asistidas con las pensiones no contributivas o el millón de personas que reciben el Plan Familias o el Plan Jefas y Jefes de Hogar, entre otros programas), los distintos indicadores de bienestar e inclusión social se encontraban todavía bastante alejados de lo que permitiría delinear un verdadero contexto de justicia social.
Gráfico 5.- Comparación histórica de indicadores socio-laborales clave
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y del CEDLAS. Nota: La variable Desempleo está expresada en porcentaje de la población económicamente activa y Asalariados no registrados en proporción del total de asalariados. Las variables Pobreza e Indigencia, indican la incidencia de las mismas sobre la población total. Gini es el coeficiente de Gini multiplicado por 100 (para usar la misma escala) y al igual que la brecha de ingresos entre el decil más rico y el más pobre (Brecha ingresos IPCF D10/D1) ha sido calculado en base al ingreso per cápita familiar (IPCF). En el caso de la pobreza y la indigencia se ha utilizado para el cálculo el valor de las líneas respectivas en el GBA (INDEC). Si se toman las líneas alternativas que denominamos canastas 7 provincias (ver sección metodológica), los valores respectivos para 2009 ascienden a 26 y 7,5, respectivamente (en porcentaje de la población total). Pero la AUH no se implementó con el sólo objetivo de obtener la justicia social intentando retrotraer los indicadores de bienestar social a los niveles de 1974. De manera complementaria, la AUH buscaba solucionar uno de los problemas más importantes del nuevo modelo macroeconómico: que aún cuando casi todos los grupos poblacionales han mejorado su calidad de vida, la fragilidad relativa de ciertos grupos históricamente vulnerables se fue incrementando en los últimos años. En efecto, aunque la incidencia de la indigencia se redujo tendencialmente para el conjunto de la población, este efecto ha sido más intenso en los grupos sociales que usualmente son vistos como menos vulnerables (a excepción de los ancianos, grupo poblacional que redujo fuertemente su vulnerabilidad frente a la indigencia con el nuevo modelo macroeconómico y las políticas previsionales implementadas), incrementándose así la vulnerabilidad relativa de grupos como niños, madres solteras y familias numerosas (entre otros, ver gráfico 6).
Gráfico 6.- Vulnerabilidad relativa frente a la indigencia. Evolución 2003- 2009 para grupos poblacionales seleccionados
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. Nota: La vulnerabilidad relativa frente a la indigencia de un grupo particular se define como la probabilidad indigencia de dicho grupo (obtenida en base a un modelo Probit tal y como se describe en la sección 3) respecto a la probabilidad indigencia de su complemento (e.g. probabilidad de niños dividida por la probabilidad de indigencia de adultos y ancianos). Cuando este ratio es mayor a 1 se dice que el grupo de referencia enfrenta una mayor vulnerabilidad frente a la indigencia que el resto de la población. Entre las principales características de este nuevo programa se destaca que el cobro de la AUH es incompatible con la percepción de cualquier otro tipo de plan social y el espíritu de la norma apunta a eliminar paulatinamente varios de estos últimos y reemplazarlos por la AUH. En el mismo sentido, la norma excluye explícitamente del beneficio a aquellos trabajadores que se desempeñen en el sector informal y que perciban ingresos mensuales que superen al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente (aunque esta restricción es de muy difícil verificación y, como veremos en la sección 3, no será tenida en cuenta para el análisis de impacto).5 En cuanto a las condicionalidades sanitario-educativas, el 20% del estipendio previsto en la AUH (que en total, y por el momento, asciende a $180 por cada menor de 18 años) se cobrara acumulado a principios de cada año lectivo (acreditado en una cuenta bancaria), siempre que los beneficiarios presenten los certificados requeridos de vacunación y asistencia escolar. Con los primeros datos disponibles, esta condicionalidad pareciera estar dando resultados sumamente positivos con un aumento del 25% de la matrícula escolar y un incremento del 40% de los menores inscriptos en el seguro médico estatal Plan Nacer. Por último, un aspecto destacado de la AUH en el caso argentino es su magnitud y grado de universalidad. Respecto de la magnitud, el gasto previsto para el plan supera tanto en términos relativos como en prestación por hogar a todos los restantes programas de transferencias condicionadas de ingreso de la región, ya que el mismo representa actualmente 0,6% del PIB (ver Cuadro 1), y se prevé que llegue al 0,8% del PBI cuando se logre la meta de 4.000.000 de niños incorporado al Plan. Por otro lado, si bien el plan no es estrictamente universal, puesto que sólo apunta a aquellos sectores que no perciben la asignación por medio del régimen contributivo, el diseño del mismo implica (si no se aplican las restricciones ya mencionadas, como parece ser el caso) equiparar los ingresos que reciben todos los menores Cuadro 1: Comparación de Programas de Transferencia de Ingresos en América Latina
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