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Javier Rodriguez Prado

 

Comenta Gonza:

He participado de diferentes eventos con JRP, incluso algunos que organizamos en la Cátedra a la que pertenezco. El último fin de semana estuvimos en el evento de Coopi, en Carlos Paz; y el sábado estaremos en el Foro Social de Salud y Ambiente (que ocurrirá viernes 23 y sábado 24) en la mesa, precisamente, sobre ambiente. Las investigaciones de JRP son minuciosas, pero además su análisis, conclusiones y propuestas para resolver los problemas de ese sector, son de una seriedad impresionante. Hay gente que puede pensar que a uno se le ocurre oponerse específicamente a determinadas cuestiones de puro jodido -se me ha acusado de 'sectario', ' vernáculo', 'gorila', un amigo entrañable asume que tengo un tumor cerebral que me hace perpetrar conductas irracionales, también se ha dicho (horror!!) que soy ¡de izquierda! (¡virgen santa! Dios no permita!), y hasta de uruguayo (tas loco, vo?). Lo que escasea es plantear argumentos por los cuales uno no debería oponerse con toda la energía posible a proyectos depredarores, imperialistas, destructores, creadores de enfermedades y que comprometen seriamente -y cada vez más- nuestro futuro (un texto 'radical' en el buen sentido, de hace ya algunos años, se titulaba justamente "Nuestro futuro robado").
Un saludo
Gonzalo (persona física)
PD: JRP plantea un concepto (que ignoro si es de él o ha sido tomado por él) que opone al de "recursos naturales" el de "bienes comunes". Y esto no es un simple cambio de nombres. Se relaciona con que se asume que este tipo de materiales nos pertenecen a todos, pero también discute lo de 'recursos' como un elemento para ser 'usado' sin más. Sería interesante que nos replanteáramos el futuro antes que desaparezca (también). Un amigo entrañable me planteaba con enorme razón, ya hace un tiempo, que el 'socialismo real' (que quien sabe si fue socialismo, es claro que fue 'real') nunca -y no poco tiene que ver con su fracaso; fue indicador de lo mezquino que se fue en la diferenciación del capitalismo, de su tenencia a imitar formas y procesos- se planteó con seriedad los problemas de ambiente, y puso por encima el 'supuesto' desarrollo, una de las características que más condicionó la proyección del estalinismo, desde 1930, pasando por la Guerra Civil española, su alianza fugaz (digamos) con el nazismo, buena parte de su papel en la guerra fría, su rol respecto de la campaña del Che en Bolivia, y su tolerancia (digamos) a Videla. Todo esto es así (según la humilde opinión opinable de esta persona física que opina y que tiene el 'poder' de opinar y poco más que eso, y a veces ni eso; el resto -respecto del poder- son fantasías de impotentes). Pero si el 'socialismo real' cometió esa falta de lesa humanidad, no parece que sea cuestión de tolerársela al capitalismo, aun declamando estar siendo administrado por un 'gobierno popular'.
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Javier Rodríguez Pardo, ambientalista y líder de la protesta contra el avance minero
Confesiones de un anti-Barrick

http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=32629


Nació en España, pero se radicó en la Argentina, donde se dedicó al periodismo y fundó el cine Lorca. Pero a fines de los años ochenta cambió de rumbo, se mudó a la Patagonia y se involucró en la lucha por el medio ambiente. Impulsó el Frente Antinuclear Chubut, militó contra las operaciones de Meridian Gold en la ciudad de Esquel y ahora acaba de lanzar Vienen por el oro, vienen por todo, un libro en el que describe con detalles el entramado de política, corrupción, contaminación y poder que respira a la sombra del poder minero. Por qué peligran los glaciares.

 


Cuando al ambientalista de tiempo completo Javier Rodríguez Pardo –autor de un libro inquietante de reciente aparición y título contundente, Vienen por el oro, vienen por todo– se le explica que Barrick Gold, la multinacional señalada de estar detrás del veto a la ley de glaciares, dice oficialmente que no opera sobre masas de hielo de la cordillera en la Argentina, el hombre se adelanta: “Bueno, si quieres, empiezo por contarte cuáles destruyó”. Después enumera: “Hay por lo menos 300 glaciares de roca que corren peligro debido al accionar de esta compañía. Otro glaciar, el Conconta, en San Juan, lo dinamitó para construir un camino de acceso al yacimiento Veladero y así podría seguir. Ahora, ¿quieres saber más? Barrick opera dentro del radio de una reserva de biosfera, pero eso no le impide seguir avanzando”.

En el año 2003, cuando la minera canadiense Meridian Gold desembarcó en Esquel para explotar el yacimiento El Desquite, Pardo se erigió como uno de los referentes del movimiento de vecinos que se opuso a la avanzada corporativa bajo el argumento de que la extracción de oro a cielo abierto, cianuro mediante, convertiría a la Patagonia en un campo estéril. Esa movilización logró que el gobierno del Chubut decretara la prohibición por tres años de la actividad en la provincia y funcionó además como el modelo que copiaron los asambleístas de Gualeguaychú para enfrentar a Botnia años más tarde. Ahora Pardo tiene a Barrick en la cabeza y no se lo ve con intenciones de dejar de pensar en ella, por lo menos, mientras no se restituya la normativa que vetó Cristina en noviembre del año pasado y que dejó a los hielos nacionales desprotegidos como un cubito afuera del refrigerador.

Pardo, a quien los directivos de Barrick definieron varias veces como un “terrorista”, viene escribiendo y relatando la historia del saqueo minero desde hace tiempo. Su libro flamante abunda en detalles sobre el origen de las empresas que operan en el país y la manera en que contaminan el ambiente. Será una especie de biblia para la batalla contra el avance minero y también un material de consulta indispensable para entender qué hacen los grandes grupos económicos mundiales con los recursos naturales. “La misma Barrick, que operó en las sombras para vetar la ley de glaciares –dice–, comenzó como una empresa petrolera. En sus orígenes aparecen traficantes de armas y hombres de negocios y por supuesto más tarde la familia Bush. Hoy opera en los cinco continentes y en todos ha tenido conflictos con la licencia social, es decir, con la gente”.

Las investigaciones de Pardo sobre Barrick vienen acompañadas por documentos y testimonios directos de ex empleados de la minera. Para el hombre es ley: conseguir la prueba antes de hacer la denuncia y evitar caer en el lugar común de muchos ambientalistas, que terminan pronunciando llamamientos vacíos. “Pero hay mucho a la vista –dice Pardo–. Veamos algunas cosas: cuando el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, hizo el cruce de los Andes, al igual que San Martín, llevaba una campera de Barrick. El equipo de fútbol San Martín de San Juan tiene a Barrick como patrocinador en la camiseta. Barrick llega con dinero a las comunidades. ¿Cómo? Ofrece plata a las juntas de seguridad, en Chile. Ofrece máquinas a la campesinos de Jáchal o El Rodeo, en San Juan. Les da máquinas agrícolas en comodato a cambio de complacencia y, si algo pasa, se las quita”.

–¿Y cómo llega al Congreso?

–Barrick no escapa a la lógica de las corporaciones. Y, por supuesto, cuenta con lobbistas en todos los niveles. Pero los principales son ángel Mazza y José Luis Gioja. La influencia de esta gente es muy grande. Prácticamente todos los diputados de la Comisión de Minería tienen vínculos comerciales con la empresas mineras. Todos ellos, en algún momento, aparecen como socios o con vínculos de algún tipo.

Los vínculos de la familia Gioja con Barrick también son visibles. Según las investigaciones de Pardo, Gioja tiene una empresa de insumos mineros llamada Ventonita Santa Fe. “Esta firma está dirigida por el senador César Gioja, hermano del gobernador. Pero te cuento por qué nosotros tenemos probado el vínculo de Barrick con esta empresa. Ellos mismos destacaron en su página web que los principales clientes eran Barrick y Techint. Cuando nosotros lo denunciamos, ellos borraron la web, pero tenemos ante escribano público certificada el acta donde se ve lo que decía la página”.

Barrick llegó a la Argentina a principios de los años noventa para lanzar el proyecto Pascua Lama, un proyecto binacional compartido con Chile, pero antes que eso, la más monstruosa explotación de oro y cobre del mundo, a cinco mil metros de altura y sobre la superficie de por lo menos tres glaciares, el Toro 1, Toro 2 y Esperanza, todos del lado chileno. “Esto es lo que desemboca en la ley de glaciares y el posterior veto. El glaciar Guanaco, que es donde Barrick dice que trasladará con palas mecánicas el hielo de Toro 1, Toro 2 y Esperanza, lo comparten la Argentina y Chile. Por lo tanto, decir que no operan sobre glaciares cuando ellos reconocen que sí es tildarnos de idiotas a todos”, explica Pardo.

Pardo va y viene en el tiempo. Recorre la historia de Barrick, enumera a sus directores y menciona a sus ex empleados. Es capaz de hurgar en su memoria, trazar un inventario sobre los dominios de Barrick y escupir una denuncia tras otra. Buena parte de las investigaciones de Pardo están basadas en testimonios recogidos directamente de ex operarios de la compañía. El caso más paradigmático, a su entender, es el de Fredy Espejo, un ex empleado argentino que fue enviado a Chile para capacitarse y de vuelta en San Juan fue pasando por diferentes etapas del proceso industrial minero hasta que le asignaron la responsabilidad del cuidado ambiental en la alta cordillera. Espejo tenía la obligación de cuidar el ambiente, mientras la Barrick exploraba el futuro yacimiento Veladero. Cuando esas obras terminaron –cuenta Pardo, que le contó Espejo–, recibió la orden de levantar el campamento. “Entonces –sigue Pardo– él pretendía bajar todo el campamento al pueblo. Desarmarlo, juntar los residuos y bajar. Pero la orden fue enterrar todo como quien esconde la mugre debajo de la alfombra a cuatro mil metros de altura. Espejo también denunció un caso de animales que murieron por ingerir roedores exterminados con veneno. También habla de la desaparición de una Vega. El énfasis de Espejo en hacer bien su trabajo le terminó jugando en contra y el hombre fue echado”.

–Barrick dice que hace minería responsable. ¿Qué quiere decir eso?

–La minería es la peor de las industrias. ¿Cómo obtienen el subproducto de la explotación? Con un método perverso que consiste en volar montañas y luego aplicar la sopa química.

–¿Qué es la sopa química?

–Es el reactivo que se le echa a la roca que contiene el mineral, cianuro de sodio y otros reactivos químicos. También se utiliza ácido sulfúrico, cuando se busca cobre. Hay distintos métodos. Cuando Barrick desembarcó por estos minerales a principios de los noventa, por ejemplo, lo primero que hizo fue perforar gran parte del cerro Filo Federico, en la frontera, para hacer un túnel de 4,6 kilómetros que comunica Chile con la Argentina. Mientras tanto, sus operadores hacían los lobbies necesarios para lograr el Tratado Binacional que les permitió finalmente operar en una zona franca. Barrick consigue ese tratado sin presentar los informes de impacto ambiental que le permitieran hacer eso.

–O sea que Barrick no cumplió con los requisitos indispensables para operar.

–Barrick no cumplió con ninguna etapa de nada. Hacen bonitos folletos, pero no cumplen con nada y reconocen que al proyecto Pascua Lama le seguirán otros en Jujuy, Salta, Catamarca, Neuquén y Veladero, que ya se está explotando en San Juan. Ellos tienen los glaciares contados, como no los tenemos nosotros. Pero mire, en un informe que Barrick encarga a una consultora canadiense se cuenta que los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza han disminuido el 70 por ciento desde que la empresa opera en Chile. Barrick argumentó que todo se debe al cambio climático.

–Entonces, en la Argentina sí opera sobre glaciares.

–Cuando ellos dicen que no hay glaciares nos tratan de estúpidos. Yo te podría mostrar fotos de cateos de Barrick sobre superficies glaciares que parecen un queso gruyère. En el camino que conduce a Veladero hay un glaciar que se llama Conconta o glaciar de Vallejos, al que destrozaron sólo para construir los caminos de 35 metros de ancho por donde deben pasar los camiones. En esa zona de operaciones de la minera tenemos denunciados por glaciólogos más de 300 glaciares de roca que recién ahora están investigando. Pero contra la forma de hacer negocios de ellos hay poco que hacer.

–¿Cuál es esa forma?

–El soborno.

Pascua Lama, el yacimiento de la polémica

A principios de mayo de 2009, la Barrick Gold puso en marcha Pascua Lama, primer emprendimiento minero binacional del mundo, compartido entre la Argentina y Chile. Con una inversión de u$s 3.000 millones, la empresa estima que producirá entre 750 mil y 800 mil onzas de oro y 35 millones de onzas de plata por año a un costo de caja de entre u$s 200/250 por onza.

La construcción del proyecto, que tendrá una vida útil de 25 años, terminará a fines de 2012. La producción comenzará en 2013.

Cuando funcione en pleno, utilizará un millón de litros de agua por hora en una zona semidesértica, detonará 45 mil toneladas de roca por día y tendrá un dique de cola (basurero químico) de 420 hectáreas y 200 metros de profundidad. Es, sin duda, el proyecto más polémico de las centenas de emprendimientos mineros que afloraron en el país como consecuencia de los enormes beneficios legales e impositivos que ofrece la Argentina a las multinacionales de la industria minera. “Será un desastre, peor que cinco plantas de celulosa juntas”, grafican los ambientalistas de San Juan.

Veladero, a su vez, está ubicado a 320 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina y a unos 4.850 metros de altura. Comenzó a gestarse en 1994 y sólo un año después se inició la etapa de exploración. Pero los procesos fueron lentos: recién luego de la devaluación, la Barrick presentó un informe de impacto ambiental. Una vez aprobado, empezó a levantar las instalaciones. En octubre de 2005, Veladero inició la extracción de oro y plata. Utiliza el sistema de explotación a cielo abierto con utilización de cianuro, tiene una vida útil de 17 años y planea extraer trece millones de onzas de oro. El ex ultramenemista, ex duhaldista y ahora kirchnerista gobernador de San Juan, José Luis Gioja, es uno de sus máximos defensores. Al mismo tiempo, una empresa de su familia (productora de cal) es una de las principales proveedoras del yacimiento.

Además de Pascua Lama y Veladero, en San Guillermo existen otros emprendimientos mineros en etapa de prospección. La reserva sanjuanina es el sitio de mayor concentración de poblaciones de vicuña de nuestro país y forma parte, desde 1981, de la Red de Reservas de Biosfera de la Unesco. Fue creada para la protección y conservación de la importante biodiversidad alojada en ese territorio. Pero no se trata sólo de proteger a la vicuña: según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el arsénico y los metales pesados utilizados por la industria minera “contaminarán tarde o temprano el agua de la región” utilizada para el trabajo rural y el consumo humano.

El imperio del oro

Barrick Gold Corporation es la multinacional minera dedicada a la extracción de oro más grande del mundo, con sede en la ciudad canadiense de Toronto. Mantiene más de 27 minas operativas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, Argentina y Tanzania.

Hasta 1993, Barrick sólo tenía operaciones en Norteamérica, pero ese mismo año la compañía decidió instalarse en América Latina. Así, la empresa llegó a Perú en 1993 y un año más tarde, a través de la compra de Lac Minerals, se instaló en Chile con la mina El Indio y el entonces proyecto Nevada, que más tarde pasó a llamarse Pascua Lama.

En 2001, Barrick se fusionó con Homestake, lo que marca la llegada de la empresa a la Argentina y la adquisición de Veladero, en la provincia de San Juan. Más allá de las actuales operaciones y proyectos, Sudamérica es un área estratégica para el crecimiento futuro de la empresa.

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A favor del derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo: Si a un aborto seguro y gratuito

En tiempos de represión en la provincia de Tucumán, en el marco del Encuentro de Mujeres, en la avanzada mundial clerical contra los derechos de las mujeres, vale la pena establecer que Argentina sigue siendo un país atrasado, con políticas criminales sobre el aborto (criminales incluso en el sentido de lo que dice Vicente Navarro sobre los criminales en políticas sanitarias). Es interesante que mientras el 'jefe' del ministro actual hizo fama (a mi humilde modo de ver, no tan merecida) sobre el tema aborto (ya he dicho suficiente sobre el tema), y trataba de 'terroristas sanitarios' a lxs trabajadorxs de la salud (mientras entregaba la gestión al Banco Mundial, hecho que no desandó Ocaña ni desandará su sucesor), según Navarro podría decirse que el verdadero terrorista sanitario era él, y su discípulo a cargo del ministerio no solo ahonda esa entrega sino que asiste impávido al agravamiento del tema de la política criminal sobre el aborto. Según algunas estadísticas (ya sabemos que en este país se ha invertido para no saber nada), Argentina (un país 'de ingresos medios' y con una infraestructura de salud que se deteriora desde hace más de 50 años, pero aun es mejor que muchísimos países, cuestión que también pasa con la cultura y otros indicadores, incluso algunas políticas de género, incluso cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva que -como otras cosas, es bastante peor que lo que las leyes y las versiones oficiales dicen, pero mejor que hace unos años), su mortalidad materna por aborto supera en un porcentaje que puede variar entre un 10% a un 30% la media mundial.
Envío aquí algo del panorama mundial y la excelente nota de opinión (y la nota central) de Mariana Carbajal aparecida hoy en el diario oficial. Es interesante remarcar que -al menos según lo dicho en la nota, puede que MC haya omitido el dato- NO HAY diputadxs oficialistas que apoyen la ley que está presentada en la Cámara (si hay algunx no se ha destacado por ello, téngase en cuenta que dos de las diputadas que la han impulsado lo hicieron cuando formaban parte del Bloque del FpV y -entre otras razones, por esto mismo- se fueron de él.
Se puede estar de acuerdo con una, con varias o con miles de cosas de este gobierno.
Hay cosas que son criminales-
Un saludo
Gonzalo
PD: Hay que volver a recordar que por cada mujer (pobre, desfavorecida, probablemente sometida, muchas veces abusada) que muere por aborto inseguro (garantizada la inseguridad por este Estado patriarcal conducido por una mujer) hay decenas -por lo menos- que quedan estériles, enfermas, con insuficiencia renal, o con secuelas psicopatológicas, en buena parte porque además -y esto afecta TAMBIÉN a las mujeres que se practican un aborto 'seguro' en las clases ricas- el aborto es SIEMPRE CLANDESTINO, Y CASI SIEMPRE SOLITARIO POCO MENOS QUE ESO y es por tanto fuente de diversos problemas, todos o casi todos solucionables o abordables con una ley adecuada, salvo la tristeza de enfrentar una decisión que a nadie hace feliz, y menos a la mujer que se lo tiene que practicar. Perdón, sí hará feliz a un sector de la clase médica que se enriquece con hacerlos, y que seguramente está en contra de la despenalización, que terminaría con su negocio.
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SALUD: Abortos inseguros matan a 70.000 mujeres al año

Por Sanjay Suri
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93615

?ui=2&view=att&th=1246d00e2d9e5115&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_1246d00e2d9e5115&zw

LONDRES, 15 oct (IPS) - Los abortos inseguros matan a unas 70.000 mujeres al año, y otros cinco millones son tratadas anualmente por complicaciones que surgen en la interrupción del embarazo, concluyó un informe del estadounidense Instituto Guttmacher.
El instituto, que busca mejorar la salud sexual y reproductiva a través de la investigación y la educación, señaló que el número de abortos en todo el mundo cayeron de 45,5 millones en 1995 a 41,6 millones en 2004. Pero esto no ha reducido el número de muertes.

El número de "abortos inseguros y las muertes que causan no han cambiado, a pesar de que la tasa total de abortos está decayendo", dijo a IPS la presidenta de la institución, Sharon Camp.

"La explicación para esto es que la población femenina crece más rápido en varias partes del mundo donde es menos probable que los abortos estén abiertamente disponibles, y por tanto las mujeres en algunos de los países pobres con las más rápidas tasas de crecimiento poblacional están teniendo abortos inseguros a la misma tasa que la década pasada", añadió.

La mitad de muertes por abortos inseguros se producen en África. "El segundo mayor número se encuentra en Asia meridional. A pesar de que en India y Bangladesh el aborto es legal, no todas las mujeres en esos países tienen acceso a servicios de calidad".

La más oportuna forma de prevención es la anticoncepción, sostuvo Camp. "Detrás de cada aborto hay un embarazo no deseado, y si las mujeres pueden evitar esos embarazos no deseados, entonces el aborto, sea legal o ilegal, disminuirá. Pero hasta que no se trate la necesidad de las mujeres de tener anticonceptivos, los índices de aborto seguirán siendo altos", afirmó.

Los gobiernos necesitan aumentar servicios de planificación familiar de calidad, porque eso de por sí reducirá la necesidad de interrumpir el embarazo. "Pero no lo disminuirá a cero. Y por eso espero que los gobiernos liberalicen las leyes de aborto y hagan las inversiones necesarias para hacer disponibles servicios de abortos seguros".

Se necesitan más inversiones también en los servicios médicos para mujeres que sufren los efectos de los abortos mal hechos. "Obviamente, si se hacen las dos primeras cosas, el problema desaparecerá en gran medida. Pero mientras no se concreten, los gobiernos tendrán que brindar servicios para que las mujeres que sufren complicaciones por abortos inseguros reciban una humana y buena atención médica", indicó Camp.

El informe, titulado "Aborto mundial: una década de progreso desigual", presentado el martes, indica que 19 países han reducido significativamente las restricciones en sus leyes de aborto desde 1997. Pero, a pesar de esas tendencias, 40 por ciento de las mujeres del mundo viven en países con leyes sumamente restrictivas, casi todas en el Sur en desarrollo.

En África, a pesar de los progresos en algunos países, 92 por ciento de las mujeres en edad reproductiva viven bajo leyes severas contra el aborto. En América Latina son 87 por ciento. Estas proporciones no han cambiado drásticamente en la última década.

El informe señala que tres países, Polonia, El Salvador y Nicaragua, han incrementado sus restricciones legales a la interrupción del embarazo. Pero también destaca considerables avances en muchas otras naciones.

"La mayoría de los países que han liberalizado las leyes sobre el aborto están en el mundo en desarrollo", dijo Camp. "Ocho países africanos han modificado sus normas, incluyendo los dos más grandes: Sudáfrica y Etiopía".

Las nuevas leyes en Sudáfrica han tenido radicales resultados. "En Sudáfrica, se puede realizar un aborto temprano en las primeras 12 semanas (de gestación) a solicitud (de la madre), al menos en principio", señaló Camp.

"Obviamente, no todas las mujeres rurales tienen acceso a buenos servicios, pero aun con las inversiones que se han hecho hasta ahora, se logró una reducción de más de 90 por ciento en las hospitalizaciones por abortos inseguros, y una caída de más de 50 por ciento en las muertes" relacionadas con las interrupciones del embarazo, añadió.

En todo el mundo, el índice de embarazos no deseados cayó de 69 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años en 1995 a 55 por cada 1.000 en 2008, dice el informe. La proporción de mujeres casadas que usan métodos anticonceptivos creció de 54 por ciento en 1990 a 63 por ciento en 2003. Hubo también aumentos entre las mujeres solteras sexualmente activas.

Sin embargo, los niveles regionales de uso de métodos para el control de la natalidad varían grandemente. "Mientras 71 por ciento de las mujeres casadas en América Latina y el Caribe usaban anticonceptivos en 2003, sólo 28 por ciento de las mujeres casadas africanas lo hacían", concluye el informe.

"Cerca de una de cada cuatro casadas en África tuvo una necesidad insatisfecha de anticonceptivos entre 2002-2007, comparado con entre 10 y 13 por ciento de sus pares de Asia y América Latina y el Caribe".
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OPINION

¿Cuánto vale la vida de las Marías?

por Mariana Carbajal

 

Las páginas de los grupos antiderechos se encargan de recordar los nombres de los especialistas de distintos rubros que defienden la despenalización, a modo de escrache: los acompañan con el calificativo de “abortistas”. Las personas que defienden la despenalización no promueven el aborto. ¿Hay que aclararlo? Los que verdaderamente lo promueven son quienes se oponen abiertamente a una educación sexual integral en todas las aulas del país y se niegan a la vez a la entrega de preservativos a los jóvenes, a que se coloquen DIU, a que se realicen ligaduras de trompas con el consentimiento informado de la mujer, a la anticoncepción hormonal de emergencia.

Lo ideal sería que ninguna mujer tuviera que abortar. Pero la realidad demuestra que hay circunstancias variadas que enfrentan a las mujeres a una gestación no deseada. Se estima que en la Argentina uno de cada seis embarazos no fue planificado. Algunos serán de todas formas bien recibidos, otros terminarán en abortos. La criminalización lo único que provoca es que se realicen de forma clandestina e insegura y esa es la principal causa de mortalidad materna en la Argentina desde hace más de veinte años. Mueren o quedan con graves lesiones las mujeres más pobres.

Pero esas muertes, como la de María Díaz, el sábado 10 en Rosario, o la de María Silvia Solís, unos días antes en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, ambas producto de agudas infecciones, no sacuden a la clase política, no conmueven a los y las legisladoras que deben impulsar un debate serio y profundo sobre el grave problema de salud pública que implica el aborto. María Díaz murió con algunas horas de diferencia que Santiago Urbani, el adolescente de 18 años fusilado en su casa de Tigre por una banda de asaltantes. Las dos eran muertes evitables. Pero por María no hubo voces de políticos indignados. ¿Vale menos la vida de María? Es pobre y la voz de sus familiares, doloridos, quebrados, no resuena en las pantallas de televisión. ¿Es por eso que su muerte pasa inadvertida, sin costo político, como las muertes de casi un millar de Marías asesinadas por abortos inseguros en el país en la última década? ¿O es tan fuerte la influencia de la Iglesia Católica para obturar el debate por la despenalización?

 

 

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GRUPOS CONSERVADORES INTENTAN FRENAR LA DISCUSION SOBRE EL ABORTO CON DENUNCIAS, AMENAZAS Y PRESIONES

Métodos para interrumpir un debate pendiente

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-133700-2009-10-19.html

Un juez echado de la UCA. Médicos desplazados. Legisladores y concejales amenazados. Denuncias con argumentos falaces. Cómo los grupos autodenominados “pro vida” y otros sectores ultras intentan evitar que se amplíe el debate sobre el aborto.

Por Mariana Carbajal

Un juez de un alto tribunal del país fue echado de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se desempeñaba como profesor de un posgrado en Derecho Administrativo, como consecuencia de haber avalado en un fallo la realización de un aborto terapéutico, no punible, claramente contemplado en el Código Penal. Un cirujano y ginecólogo pampeano fue desplazado del principal hospital de Santa Rosa donde se desempeñaba, tras promover la realización de ligaduras tubarias sin obstáculos arbitrarios y apoyar la práctica de abortos no punibles sin exigir una autorización de la Justicia. En Rosario, los concejales que aprobaron una declaración que pide al Congreso que debata los proyectos que legalizan la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) recibieron fuertes presiones y amenazas de muerte de grupos antiderechos vinculados a la Iglesia Católica. Son algunos ejemplos, recogidos por una investigación de Página/12, de los mecanismos que usan los sectores más conservadores para intentar impedir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el país y censurar la apertura de un debate amplio en torno del problema del aborto en la Argentina: presionar, hostigar, denunciar y sancionar –sin dejar por escrito la razón– a quienes respaldan el acceso al aborto, incluso cuando la IVE está dentro del marco de la ley vigente, y también apelar a fuentes poco calificadas para sostener sus posiciones son dos de las estrategias que vienen desarrollando en el país, junto con la presentación de amparos en distintos tribunales para prohibir la distribución de anticonceptivos.

“Hay intentos de los sectores fundamentalistas para frenar el debate. Estos grupos utilizan mecanismos democráticos como recursos de amparos y denuncias para impedir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el debate del aborto. A nosotras nos quisieron silenciar”, contó a Página/12 Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En 2004, CDD-Córdoba fue notificada de una denuncia presentada por el abogado Jorge Scala ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, con el objetivo de que se cancelara la personería jurídica de la que goza desde 1998. Scala lo hizo en su carácter de representante legal de Portal de Belén y Asociación Civil Mujeres por la Vida, agrupaciones autodenominadas “pro vida” que a comienzos del año 2003 hicieron suspender la vigencia del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y mantienen abiertas varias causas en la Justicia cordobesa en las que reclaman que se declare inconstitucional la entrega gratuita de anticonceptivos y se prohíba también su comercialización. Scala cuestionó dos de los objetivos de la entidad definidos en su estatuto: el que se refiere al compromiso de la organización por “esclarecer a la sociedad sobre la responsabilidad y el derecho de las mujeres a una maternidad escogida y deseada”, y el que se propone “profundizar la discusión en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, ampliando el debate con relación a los aspectos médicos, legales y principalmente éticos”. CDD fue obligada a defenderse. En la pulseada, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por Eduardo Luis Duhalde, pidió a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas que no hiciera lugar al pedido. Finalmente el planteo de los grupos antiderechos fue desestimado.

Ahora la persecución la sufre una integrante de la comisión directiva de CDD-Córdoba, la médica tocoginecóloga y docente universitaria, ex directora del Hospital Rawson de la ciudad mediterránea Gladys Ponte. Fue denunciada a fin de 2008 por supuesta mala praxis por defender el uso del DIU acorde con la OMS. Ponte es coordinadora del Curso de Posgrado en Derechos Sexuales y Reproductivos con Perspectiva de Género que lleva adelante CDD en alianza con la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba desde hace cuatro años. En la última clase del año pasado, una médica que no era alumna la presenció, y expresó su disidencia en cuanto a los criterios para el acceso al DIU. Ponte tuvo que presentar descargos ante el decano de la Facultad de Ciencias Médicas y el Tribunal de Etica del Consejo Médico de la provincia.

Los tentáculos de quienes pretenden que el aborto siga siendo un tema tabú son largos. Y aprietan. Lo experimentó un juez de un alto tribunal que daba clases de Derecho Administrativo –ni de Bioética ni de Derecho de Familia ni de Derecho Penal– en un posgrado de la UCA y que después de avalar la realización de un aborto terapéutico en 2005 fue desplazado del cargo académico como consecuencia de su fallo, que no hizo más que respetar el cumplimiento de la ley. El aborto terapéutico lo había solicitado en un hospital una mujer con graves problemas cardíacos y le habían exigido una autorización judicial. El caso estaba claramente contemplado entre los permisos que otorga el Código Penal en su artículo 86 inciso 1º. Pero el magistrado tuvo su dura reprimenda. El episodio fue ampliamente comentado en el ámbito del Derecho Administrativo, especialidad del juez, pero nunca trascendió a la prensa hasta ahora. Meses después lo “desinvitaron” del principal congreso de la especialidad que se realizaba en Buenos Aires. La misma represalia sufrió la jueza de la Suprema Corte mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, conocida por sus posiciones a favor de la despenalización del aborto. Pero por presiones de otros colegas, indignados por la decisión, ambos fueron nuevamente invitados. Kemelmajer no concurrió.

Es también conocido en los círculos médicos el caso de un profesional con larga trayectoria en un hospital privado de renombre de la ciudad de Buenos Aires a quien se le cortó la posibilidad de ascenso hasta la jefatura del servicio por plantear en los medios de comunicación su posición a favor de la despenalización. La nueva conducción que asumió al frente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (Sogiba), con Jorge Vinacur al frente, impulsó en 2008 la aprobación –dentro del plan estratégico de la entidad– de un compromiso de apoyar y respaldar a los miembros que fueran sancionados en algún ámbito por hablar del aborto a favor o en contra: no hubo consenso, los votos contrarios fueron mayoría en la comisión directiva. Es otro ejemplo de cómo los sectores conservadores obturan el debate. Sogiba, la principal entidad médica de su especialidad por cantidad de miembros –unos 1500, con un sistema muy restrictivo de ingreso– tiene como responsable de su revista científica y de la página web a un médico catequista, Javier Bidaurreta. Con la nueva conducción, soplan algunas brisas más “progresistas”, pero las posiciones de la institución en torno de la anticoncepción han estado históricamente más cerca del Vaticano que de la ciencia y la defensa de la salud de las mujeres. Frente al aborto –-hasta ahora–, siempre ha preferido el silencio.

Enturbiar la posibilidad de una discusión sincera ha sido una de las estrategias de los sectores conservadores, vinculados con la Iglesia Católica. En Rosario, el 21 de agosto de 2008 el Concejo Deliberante aprobó por amplísima mayoría (17 a 3) una declaración por la cual pidió que el Congreso Nacional trate los proyectos que proponen la despenalización y legalización del aborto. Los y las concejales que apoyaron la iniciativa, promovida por la socialista Marisa Pugliani, recibieron amenazas de muerte a través de sus correos electrónicos. Los concejales no pidieron otra cosa que el debate. “Votaste a favor de la muerte y de tu muerte. Así como tengo tu dirección de correo, también tengo la dirección de tu casa y también puedo encontrarte camino al consejo (sic). Es muy fácil”, decían los mensajes que les llegaron a sus casillas de e-mail, para amedrentarlos y hostigarlos tras la votación.

Las amenazas se repitieron a diputadas que apoyaban la aprobación de un proyecto presentado hacia fin de 2008 por tres kirchneristas en la Cámara de Diputados de la Nación para clarificar los alcances de los permisos previstos en el Código Penal. El tratamiento quedó finalmente congelado porque no hubo consenso en el bloque oficialista.

El tocoginecólogo y cirujano Fernando Giayetto fue desplazado a fines de julio del Hospital Molas, de la capital pampeana, y enviado a atender a un centro de salud de Santa Rosa. No tiene dudas de que su posición ideológica fue el detonante del confinamiento: Giayetto milita en la organización Mujeres por la Solidaridad, que apoyan la despenalización del aborto. Además, promovió en la provincia la aplicación de la ley de anticoncepción quirúrgica desde el cargo que ocupó como coordinador de Salud Sexual y Reproductiva, realizaba las ligaduras y defendía la práctica de los abortos no punibles sin judicializarlos: entre 2007 y 2009 hubo cinco casos en el Hospital Molas que se resolvieron sin que trascendieran a la prensa. El gobierno de Oscar Jorge finalmente lo neutralizó al designarlo en una salita. Una de las primeras medidas tomadas por el gobernador justicialista al asumir fue vetar una ley sancionada por la Legislatura que establecía un protocolo de atención a los abortos no punibles en los hospitales público. El veto había sido reclamado abiertamente por la jerarquía católica local.

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Destruyen las organizacion de trabajadores de la salud criticas en SALTA y en todas las provincias argentas

 

           
 
PARTE DE PRENSA
 
               
 
Salta, viernes 16 de octubre de 2009
 
               
     

          APSADES adhiere en todos sus términos a la Carta Abierta dirigida al Gobernador de la provincia de Salta por los Trabajadores del Hospital Público Materno-Infantil.

        
             
     

CARTA ABIERTA AL SR. GOBERNADOR DE SALTA
A un mes del cierre del Hospital de Niños

A un mes del cierre del Hospital de Niños y el traslado de los servicios al Nuevo Hospital bajo el gerenciamiento privado de la empresa española Santa Tecla, el conjunto de los trabajadores de este hospital deseamos aclarar lo siguiente:
No tuvimos ni tenemos ingerencia en la desorganización y el desmanejo administrativo que implicó el mencionado traslado, siendo responsables únicamente la gerencia y la dirección médica de la Fundación Santa Tecla y el Ministerio de Salud Pública.
La falta de atención, las demoras en los turnos, el mal funcionamiento del 0800, las largas horas de espera, la falta de consultorios, la escasez de camas, de quirófanos, el trato despersonalizado, la falta de respuesta a los pacientes, los servicios que ya no se encuentran (alergia, toxicología, mielomeningoceles, desnutridos) , el éxodo de profesionales son la consecuencia de un cambio forzado en Salud Pública realizado de manera improvisada, sin el consenso del equipo de salud, con la urgencia de fines que no conocemos ni entendemos. En cambio, sí entendemos que todo ello lleva a una consecuencia lógica: el hospital se vuelve inaccesible para muchos pacientes que lo necesitan. Dado que según el contrato durante 6 meses la empresa cobra igual monto mensual sin importar cuantos pacientes atienda, tenemos derecho a pensar que el objetivo es expulsar pacientes, que se atienda lo menos posible para maximizar las ganancias de la Santa Tecla.
Quienes trabajamos en el hospital (tanto los “antiguos” como los trasladados compulsivamente desde el Hospital de Niños) nos vemos afectados por la decisión del gobierno de hacer “las cosas a su manera” sin respetar leyes ni idiosincrasia. El atropello de derechos que proclamaron respetar y no respetan, se traduce cada día en un malestar generalizado.
En lugar de respuesta a las necesidades que se plantean recibimos amenazas y persecuciones; en cuenta de diálogo, el conjunto de los trabajadores somos descalificados y agraviados pública y gratuitamente por el Director Médico, por el Ministro de Salud y aun por el propio Gobernador. Sería bueno que el Sr. Ministro recuerde que a pesar de lo que él llama “mañas y malas costumbres” todo el personal de salud hemos dado respuestas durante muchos años a las demandas de salud de los niños salteños, cosa que en este momento vemos dificultada porque se interponen y priorizan los intereses económicos a los sanitarios. Los trabajadores estamos tan presos y esclavos del sistema como los pacientes.
A un mes del traslado, llamamos la atención sobre las serias consecuencias que sobre la salud de los niños salteños, en particular los más pobres, ocurrirán si no se modifican rápidamente las políticas implementadas. Es lícito que una empresa busque ganancias. Lo que no podemos aceptar es que nuestros gobernantes se erijan más en defensores “de esas ganancias” que en defensores de la salud de los niños.

Los trabajadores del Hospital Público Materno-Infantil

     
             
   

La Comisión Directiva de APSADES
 
 

Destruyen las organizacion de trabajadores de la salud criticas en SALTA y en todas las provincias argentas

 

           
 
PARTE DE PRENSA
 
               
 
Salta, viernes 16 de octubre de 2009
 
               
     

          APSADES adhiere en todos sus términos a la Carta Abierta dirigida al Gobernador de la provincia de Salta por los Trabajadores del Hospital Público Materno-Infantil.

        
             
     

CARTA ABIERTA AL SR. GOBERNADOR DE SALTA
A un mes del cierre del Hospital de Niños

A un mes del cierre del Hospital de Niños y el traslado de los servicios al Nuevo Hospital bajo el gerenciamiento privado de la empresa española Santa Tecla, el conjunto de los trabajadores de este hospital deseamos aclarar lo siguiente:
No tuvimos ni tenemos ingerencia en la desorganización y el desmanejo administrativo que implicó el mencionado traslado, siendo responsables únicamente la gerencia y la dirección médica de la Fundación Santa Tecla y el Ministerio de Salud Pública.
La falta de atención, las demoras en los turnos, el mal funcionamiento del 0800, las largas horas de espera, la falta de consultorios, la escasez de camas, de quirófanos, el trato despersonalizado, la falta de respuesta a los pacientes, los servicios que ya no se encuentran (alergia, toxicología, mielomeningoceles, desnutridos) , el éxodo de profesionales son la consecuencia de un cambio forzado en Salud Pública realizado de manera improvisada, sin el consenso del equipo de salud, con la urgencia de fines que no conocemos ni entendemos. En cambio, sí entendemos que todo ello lleva a una consecuencia lógica: el hospital se vuelve inaccesible para muchos pacientes que lo necesitan. Dado que según el contrato durante 6 meses la empresa cobra igual monto mensual sin importar cuantos pacientes atienda, tenemos derecho a pensar que el objetivo es expulsar pacientes, que se atienda lo menos posible para maximizar las ganancias de la Santa Tecla.
Quienes trabajamos en el hospital (tanto los “antiguos” como los trasladados compulsivamente desde el Hospital de Niños) nos vemos afectados por la decisión del gobierno de hacer “las cosas a su manera” sin respetar leyes ni idiosincrasia. El atropello de derechos que proclamaron respetar y no respetan, se traduce cada día en un malestar generalizado.
En lugar de respuesta a las necesidades que se plantean recibimos amenazas y persecuciones; en cuenta de diálogo, el conjunto de los trabajadores somos descalificados y agraviados pública y gratuitamente por el Director Médico, por el Ministro de Salud y aun por el propio Gobernador. Sería bueno que el Sr. Ministro recuerde que a pesar de lo que él llama “mañas y malas costumbres” todo el personal de salud hemos dado respuestas durante muchos años a las demandas de salud de los niños salteños, cosa que en este momento vemos dificultada porque se interponen y priorizan los intereses económicos a los sanitarios. Los trabajadores estamos tan presos y esclavos del sistema como los pacientes.
A un mes del traslado, llamamos la atención sobre las serias consecuencias que sobre la salud de los niños salteños, en particular los más pobres, ocurrirán si no se modifican rápidamente las políticas implementadas. Es lícito que una empresa busque ganancias. Lo que no podemos aceptar es que nuestros gobernantes se erijan más en defensores “de esas ganancias” que en defensores de la salud de los niños.

Los trabajadores del Hospital Público Materno-Infantil

     
             
   

La Comisión Directiva de APSADES
 
 

El Poder del Grupo Clarin y la complicidad de los politicos de turno

El silencio de los culpables


Fotos: Télam
18-10-2009 /  Durante décadas el Grupo Clarín utilizó sus medios y su poder de presión para mantener en las sombras la verdadera identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, adoptados de manera irregular en 1976, mientras Clarín apoyaba a la dictadura.
Por Daniel Cecchini
dcecchini@miradasalsur.com

La causa que investiga la presunta apropiación, en 1976, de dos hijos de desaparecidos por parte de la directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, avanza a paso de hormiga. Cuando no queda paralizada. La semana pasada, el careo entre el CEO del monopolio, Héctor Magnetto, y el periodista José Ignacio López, autor del libro El hombre de Clarín, no aportó ningún nuevo elemento. Su objetivo era aclarar dichos contradictorios sobre el conocimiento y/o la participación que Magnetto podría haber tenido en el proceso que culminó con la inscripción irregular de Marcela y Felipe Noble Herrera como hijos adoptivos de la viuda del fundador del diario. Este resultado se debió, dicen cerca de la querella, a que el juez Conrado Bergesio no permitió que se le hicieran preguntas clave al CEO del multimedios Clarín (ver recuadro).
La noticia sobre el careo –realizado la misma semana que el Senado aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que terminará con el monopolio radial y televisivo del Grupo Clarín– no fue publicada por ningún diario de alcance nacional. La cobertura fue también nula en radio y en televisión. Este silencio no es novedoso ni extraño, sino apenas un eslabón más de una prolongada y exitosa estrategia de Clarín para que el tema no sea tratado (no exista) en los medios del Grupo –que obviamente le responden– ni por otros que no le pertenecen pero lo temen. Una estrategia cuya eficacia, quizás, esté a punto de terminar, pero que durante décadas no ha reparado en utilizar cualquier arma para conseguir su único objetivo: el silencio.
Mejor prevenir que curar. En abril de 1998 –cuando uno de los temas recurrentes entre los periodistas argentinos era la inminente salida del diario Perfil–, el director de una consultora especializada en la capacitación de ejecutivos de empresas para el contacto con el periodismo en situaciones críticas recibió una sorprendente llamada del gerente de Comunicaciones Externas de Clarín, Ramiro Costa.
–Necesito que prepares un curso para algunos directivos del Grupo –dijo el hombre después de los saludos de rigor–.
–No entiendo. Ustedes son gente de medios, tienen medios propios –fue la respuesta del estupefacto consultor–.
–No es para nuestros periodistas… mejor hablemos personalmente.
Días después el consultor participó de una reunión en el cuarto piso del edificio del diario, en la calle Tacuarí. Además de Costa lo esperaban su segundo, Martín Etchevers, y el gerente de noticias de Canal 13 y TN, Carlos De Elía. Después de explicar las características generales del curso, que incluía un training intensivo para enfrentar airosamente el asalto de los movileros, preguntas poco cómodas en conferencias de prensa, y duras entrevistas radiales y televisivas, el consultor agregó:
–Lo mejor es preparar un caso definido, así el entrenamiento se hace sobre una crisis posible para la empresa. Algo que pueda pasarles.
–De acuerdo. En unos días te contestamos –le respondió Costa–.
Una semana más tarde, un periodista que solía colaborar con la consultora fue convocado a una breve reunión con el directivo de Clarín en el cuarto piso del edificio de la calle Tacuarí.
–Todavía no decidimos si vamos a tomar el curso –dijo el hombre del Grupo–, pero me gustaría que avanzáramos en la preparación del caso.
–¿De qué se trata? –preguntó el periodista, que por entonces trabajaba en el diario Crónica–.
–Como primer paso tendrías que escribir una nota de tapa al estilo de Noticias, de esas bien fuertes, con toda la información que puedas encontrar. Una nota de tapa contra Clarín.
–Sí, pero dame un tema concreto… –insistió el periodista–.
La respuesta lo dejó helado:
–Tenés que escribir sobre los hijos de la señora de Noble.
El periodista nunca escribió la nota en cuestión.
La elección de Noticias (de una “nota al estilo de Noticias”) no era caprichosa. El anuncio de la salida del diario Perfil había tensado al máximo las relaciones entre Clarín y la empresa periodística de la familia Fontevecchia, tradicionalmente dedicada a la publicación de revistas y que nunca antes había incursionado en el mercado con un diario. Por esos mismos días, el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, había mantenido una reunión tan dura cuanto reservada con Jorge Fontevecchia en un hotel céntrico de Buenos Aires. Las palabras que allí cruzaron fueron publicadas hace dos semanas en Miradas al Sur:
–Vengo a aconsejarle que no se meta en el mercado de los diarios– disparó el hombre de Clarín.
–Me tengo que meter en el mercado de los diarios porque ustedes se metieron en el de las revistas –le contestó el director de Perfil, refiriéndose a la remozada edición de Viva, la revista dominical que se vendía los domingos con el diario Clarín.
El diálogo era una virtual declaración de guerra y los estrategas de Clarín sabían muy bien cuál era el punto más débil de las defensas de su propio Grupo, aquel que Editorial Perfil podía llegar a atacar para causarles el peor daño: el origen de Felipe y Marcela, los hijos que la directora de la corporación, Ernestina Herrera de Noble, había adoptado durante la última dictadura. Más precisamente, en 1976.
La guerra fue corta. El diario Perfil, aparecido el 9 de mayo de 1998, duró menos de tres meses en la calle. Hoy, después de mucho tiempo y como todo el mundo sabe, circula como semanario doble, los sábados y los domingos. De diario ni hablar.
Kelly por López Foresi (o viceversa). El Grupo conocía bien su punto –política, judicial y éticamente– más vulnerable y tenía experiencia en defenderlo sin reparar en las armas. Desde hacía muchos años.
El jueves 2 de mayo de 1991 en la quinta de Olivos el presidente Carlos Saúl Menem y el secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá, recibieron a la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y al CEO del Grupo, Héctor Magnetto, para compartir un almuerzo en el que ambas partes tenían algo importante que negociar.
El riojano estaba molesto. Se quejaba de una  “campaña de desprestigio” del diario, centrada en denuncias de corrupción en el gobierno, pero más que nada le molestaban las encendidas críticas (fundamentalmente contra los indultos y la decisión de enviar tropas argentinas al Golfo Pérsico) que la periodista Liliana López Foresi le venía haciendo desde Revista 13, su programa en Canal 13, la tele emisora que desde el año anterior estaba en manos del Grupo Clarín. Menem quería que terminaran.
Del otro lado de la mesa, la viuda de Noble y su acompañante tampoco las tenían todas consigo. Los preocupaba un anuncio que Guillermo Patricio Kelly –ex miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista, pseudoperiodista, operador a favor del mejor postor, pero también receptor de buena información– repetía sistemáticamente en Sin Concesiones, su programa de Canal 7. “Voy a contarles de dónde vienen los hijos de las ‘señoras nobles’”, venía diciendo. Un periodista del diario con fluidos contactos con el entorno más íntimo del presidente les había aportado, además, un dato: que las amenazas de Kelly eran una operación de Menem para forzar una negociación sobre la manera en que lo trataban algunos medios y periodistas del Grupo.
En otras palabras, era cuestión de entenderse.
A los postres, la viuda, madre adoptiva y directora fue al grano:
–Que se calle Kelly –le dijo a Menem.
El presidente sonrió e hizo una pausa antes de contestar:
–Que se calle Liliana.
Ese mismo día, apenas unas horas después, el radical César Jaroslavsky, casualmente invitado a Revista 13, le dijo fuera del aire a López Foresi: “Ese almuerzo te va a costar la cabeza”.
Guillermo Patricio Kelly no volvió a hablar de los hijos de la viuda de Noble en Canal 7. Liliana López Foresi fue restringida a la lectura de noticias (sin opinar sobre ellas) en la medianoche. Ocho meses después la dejaron sin aire en el 13.
Nada personal, diría Brando en su mejor papel.
De eso no se habla. El 12 de enero de 2003, en una carta abierta publicada en Clarín, Ernestina Herrera de Noble se refirió al origen de Marcela y Felipe: “… muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió. Fue su primera y única declaración pública sobre el tema en más de 25 años de democracia. Y la hizo porque no tenía alternativa: un mes antes, el 17 de diciembre de 2002, el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich la había detenido por los delitos de “falsificación de documentos públicos, inserción de datos falsos y uso de documento público falso”, durante los trámites de adopción de sus dos hijos. La directora del Grupo Clarín pasó tres días detenida en la División de Delitos Complejos de la Policía Federal, en Cavia 1350, en Palermo, y luego beneficiada con la detención domiciliaria. Con llamativa celeridad, quince días después la Sala II de la Cámara Federal de San Martín ordenó su excarcelación, pero ya nada sería igual: el caso había tomado estado público.
El juez Marquevich pagó cara la audacia de poner en evidencia a la dueña del monopolio mediático más grande de la Argentina. El Consejo de la Magistratura lo suspendió el 11 de diciembre de 2003 y dos años después fue procesado por el delito de “haber obrado en forma ilegítima” cuando detuvo a la viuda de Noble. “Fue una presión del Grupo Clarín sobre el Consejo de la Magistratura. El encargado de visitar a varios consejeros fue (el director de Relaciones Institucionales de Clarín), Jorge Rendo. De esta manera, la causa pasó a manos de otro juez que dilató las cosas. Desde el arresto de Ernestina ordenado por Marquevich hasta hoy nada se avanzó. Las pruebas de ADN están paralizadas”, dijo a Miradas al Sur Pablo Llonto, autor de La noble Ernestina y abogado de los Lanoscou, una de las posibles familias biológicas de Marcela Noble Herrera.
Los motivos para realizar las pruebas de ADN son sobrados. De acuerdo con la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo y los resultados de la investigación que llevó adelante Marquevich, las adopciones de Felipe y Marcela estuvieron plagadas de irregularidades:
1) Ernestina Herrera de Noble declaró que dos personas habían visto que una beba (Marcela) había sido dejada en la puerta de su casa el 2 de mayo de 1976, pero esas dos personas la desmintieron.
2) También dijo que una de esas personas (Yolanda Echagüe de Aragón) era su vecina cuando en realidad no vivía en esa localidad, y que la otra (Roberto García) era el “cuidador de una finca vecina”, pero se comprobó que era su chofer personal.
3) La persona que se identificó como Carmen Luisa Delta y que supuestamente concurrió al Tribunal de Menores con la intención de “entregar a su hijo (Felipe) en adopción”, brindó un nombre y un número de documento (correspondiente a una persona de sexo masculino) que no eran los suyos. Además, nadie intentó corroborar que efectivamente fuera la madre de la criatura.
4) La viuda de Noble dijo que vivía en San Isidro, dando un domicilio distinto al que efectivamente tenía, en Avenida del Libertador 3752, en la Capital Federal. Esta cuestión invalida la competencia del tribunal que intervino en el trámite de adopción.
5) Se omitió el sistema de turnos para que la guarda del niño (Felipe) quedara radicada en el mismo tribunal que la de la niña (Marcela).
6) Se inscribió a ambos niños con el mismo apellido (Noble Herrera), de acuerdo con una legislación (los artículos 45 del decreto ley 8.204 y 76 de la ley 5.725) que había sido derogada desde siete años antes.
Las investigaciones realizadas por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo determinan que la familia biológica de la niña inscripta como Marcela Noble Herrera podría encontrarse entre 12 grupos de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, mientras que la del niño inscripto como Felipe Noble Herrera podría encontrarse entre otros 18. Para descubrir la verdad (y permitir que los dos hijos adoptivos de la directora de Clarín conozcan sus identidades) sólo es necesario realizar una prueba de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. “Cada vez aparecen más elementos que indican la apropiación. Queremos el examen de ADN para que se les diga la verdad a los chicos y para que se impute a los responsables – dijo Llonto a Miradas al Sur–. Magnetto y Noble saben de dónde trajeron esos chicos.”
Así las cosas, la causa está lejos de avanzar. Por estos días, la estrategia de los abogados de la viuda de Noble apunta a limitar análisis comparativos de ADN a dos familias (Lanoscou-Miranda y García-Gualdero, que iniciaron querellas individuales) con las que, suponen, los niños anotados como Felipe y Marcela Noble Herrera no tendrían lazos biológicos. “Como es muy difícil que los chicos sean hijos de aquellos desaparecidos, la idea es cerrar la causa con el pretexto de que las pruebas se efectuaron y fueron negativas” explicó a Miradas al Sur Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. La entidad, en cambio, pide comparar las muestras con las de 30 familias posibles.
Quizás en un futuro próximo, sin monopolios mediáticos que obligan a silencios cómplices o temerosos, pueda llegarse a la verdad.
Informe: Graciela Pérez

El Trabajo de la Unidad Geriatria del Ramos Mejia ( acosada laboralmente)

UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN: LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Dr. Miguel A. Hadid; Lic. Silvia A. Kanje; Psicól. Social Stella M. Quinteiro; Dra. Maya Sinjovich

(UNIDAD DE GERIATRÍA, HOSPITAL J. M. RAMOS MEJÍA)

  Introducción. La tendencia mundial en materia de adquisición de hábitos saludables en prevención tanto primaria como secundaria del riesgo cardiovascular es crecientemente negativa. Las campañas de divulgación llegan a la población pero no generan cambios de conducta. Se hace necesario recurrir a nuevos instrumentos que logren modificaciones concretas.

  Objetivo. Evaluar el resultado de acciones preventivas basadas sobre la participación comunitaria.

  Material y Método.

  Resultados.

  Conclusiones. La Atención Primaria de la Salud (APS) brinda una herramienta que prueba ser mucho más eficiente y efectiva que los recursos habituales: la participación comunitaria.

Organicemos las comunas contra el poder del fascismo postmoderno de los Macris y socios

CONVOCATORIA A LA MANIFESTACIÓN VECINAL FRENTE A LA LEGISLATURA

COMUNAS 2010

 POR EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNAS EN EL AÑO DEL BICENTENARIO

El martes 20 de Octubre a las 15 horas nos concentramos frente a la Jefatura de Gobierno – Av de Mayo 525 – para marchar desde allí a la Legislatura pasando por el Cabildo.

Invitamos a todos los vecinos, organizaciones vecinales y sociales, ongs y partidos políticos a participar con su presencia de esta manifestación ciudadana.

Adhesiones seguir enviando a los correos intercomunas@yahoo.com.arcomunicacion.intercomunal@ymail.com   

Se ruega difundir la convocatoria.

CONVOCA:

 

ESPACIO INTERCOMUNAL COMUNAS YA

 

ADHIEREN:

CONSEJO PLURAL DE LA COMUNA 1,

CONSEJO COMUNAL DE LA  COMUNA 3,
CONSEJO COMUNAL DE LA  COMUNA 4,
CONSEJO COMUNAL DE LA  COMUNA 5,
CONSEJO COMUNAL DE LA  COMUNA 6,
CONSEJO COMUNAL DE LA  COMUNA 7,
CONSEJO COMUNAL DE LA  COMUNA 8,
CONSEJO COMUNAL DE LA  COMUNA  13,
CONSEJO COMUNAL DE LA  COMUNA 14,
CONSEJO COMUNAL DE LA  COMUNA 15,
CLUB DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE,
ESPACIO COMUNARTE,
ASAMBLEA DE ALMAGRO,
CENTRO RODOLFO PUIGGROS,
ESPACIO SCALABRINI ORTIZ COMUNA 12,
ONG FORMANDO CIUDADANOS,
CENTRO COMUNITARIO FUERZA ABASTO,
COMISIÓN DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNA 15 
ALMAGRO BOEDO COMUNAL,
ESPACIO BARRIAL NUEVA COMUNA,
COMUNIDAD SOLIDARIA DE CABALLITO,
UNION DE BUENA VOLUNTAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
ASOCIACION CIVIL RED DE VECINOS DE FLORES Y PARQUE CHACABUCO,
AUTONOMIA BARRIAL COMUNA 4,
MOVIMIENTO COMUNERO,
ASAMBLEA POPULAR DE POMPEYA,
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO NACIONAL,
IMPA,
GRUPO MAURE,
BIBLIOTECA POPULAR DE BARRACAS, 
ASAMBLEA DE BARRACAS,
AGRUPACION MILITANTE ALUVION,
LA VOZ DEL PAIS,
JUVENTUD 19 Y 20,

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y PRACTICAS POLITICAS,
ESTUDIO DE MIGRACIONES Y MEDIO AMBIENTE,
MERCADO DE FLORES,
TE AMO BUENOS AIRES,
COOPERATIVA DE VIVIENDA LIBERACION,
COOPERATIVA DE VIVIENDA RIBERA SUR,
COOPERATIVA CULPINA,
CENTRO ECOLOGICO DEL SUR,
MOVIMIENTO EVITA,
CORRIENTE MARTIN FIERRO,
MOVIMIENTO OCTUBRE,
COLECTIVO MILITANTE,
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA LOS PIBES,
COOPERATIVA DE VIVIENDA COVILPI,
MUTUAL PRISMA,
MOVIMIENTO MADRES EN LUCHA,
COORDINACIÓN LATINOAMERICANA DE MOVIMIENTOS TERRITORIALES URBANOS
,

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL LAGO DE PALERMO,   
VECINOSDELATRAZAEXAU3,
CENTRO CULTURAL AMIGOS DE ELADIA BLASQUEZ
PARTICPACION URBANA – PROYECTO SUR,
PARTIDO SOLIDARIO,
FRENTE PROGRESISTA Y POPULAR,
MOVIMIENTO PROYECTO SUR,
ACUERDO CIVICO Y SOCIAL, 
PARTIDO ESPACIO ABIERTO DE BUENOS AIRES,
PARTIDO HUMANISTA,
FRENTE GRANDE, 
PARTIDO PROYECTO Y PARTICIPACION POPULAR,
NUEVA DIRIGENCIA,
PARTIDO COMUNISTA,
UNIDAD SOCIALISTA, 
DEMOCRACIA CRISTIANA


--
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Vecinos de la Comuna 15.
(La CUMA)
www.lacuma.blogspot.com
Miembro dë:
*APEVU (Asamblea por los espacios Verdes Urbanos); * Espacio Intercomunal Comunas Ya.
*Consejo Comunal Comuna15.

Enfermeria que lucha

a Salud

Fuente: Dario Crítica, pagina 38, Correspondiente al Sabado 17 de Octubre de 2009.-
http://www.criticadigital.com.ar/tapaedicion/diario590enteroweb__.pdf

La Salud está en crisis como consecuencia de la fragmentación, el desmantelamiento y el desfinanciamiento, que son el resultado de las políticas aplicadas por los gobiernos de las últimas décadas.

Hay más de 20.000 trabajadores enfermeros argentinos sin trabajo, que abandonaron la profesión, aunque su importancia fundamental para el sistema de salud está fuera de toda duda. Dijo la Presidenta en su primer discurso ante el parlamento en marzo de 2008: “La Argentina tiene una deuda con la enfermería”. La deuda no se saldará con la aprobación del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería.

Al proyecto le falta una señal de madurez política y una respuesta a las demandas históricas de los trabajadores enfermeros, que han motivado reclamos desde distintos sectores del sistema de salud. Por eso solicitamos a los senadores tener presente las cuestiones que los trabajadores enfermeros planteamos en la última crisis sanitaria, a causa de la gripe A, y la consecuente dedicación exclusiva requerida a los enfermeros, que potenció crónicas infracciones a nuestros derechos laborales.

Así, nos encontramos ante una situación disparatada, donde el Estado, que debe garantizar el derecho a la salud de todos los argentinos, ¡olvida tener presente las condiciones y el medio de trabajo de las enfermeras!

Los enfermeros solicitamos incluir en este proyecto una política de Estado y desarrollo en enfermería, la ratificación del convenio de la OIT sobre empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, una dirección nacional de enfermería, un adecuado régimen jubilatorio y el respeto por las jornadas laborales tantas veces planteado.

Sandro Ortega
DNI 20.572.206