A favor del derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo: Si a un aborto seguro y gratuito
SALUD: Abortos inseguros matan a 70.000 mujeres al año
Por Sanjay Suri
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93615
LONDRES, 15 oct (IPS) - Los abortos inseguros matan a unas 70.000 mujeres al año, y otros cinco millones son tratadas anualmente por complicaciones que surgen en la interrupción del embarazo, concluyó un informe del estadounidense Instituto Guttmacher.El instituto, que busca mejorar la salud sexual y reproductiva a través de la investigación y la educación, señaló que el número de abortos en todo el mundo cayeron de 45,5 millones en 1995 a 41,6 millones en 2004. Pero esto no ha reducido el número de muertes.
El número de "abortos inseguros y las muertes que causan no han cambiado, a pesar de que la tasa total de abortos está decayendo", dijo a IPS la presidenta de la institución, Sharon Camp.
"La explicación para esto es que la población femenina crece más rápido en varias partes del mundo donde es menos probable que los abortos estén abiertamente disponibles, y por tanto las mujeres en algunos de los países pobres con las más rápidas tasas de crecimiento poblacional están teniendo abortos inseguros a la misma tasa que la década pasada", añadió.
La mitad de muertes por abortos inseguros se producen en África. "El segundo mayor número se encuentra en Asia meridional. A pesar de que en India y Bangladesh el aborto es legal, no todas las mujeres en esos países tienen acceso a servicios de calidad".
La más oportuna forma de prevención es la anticoncepción, sostuvo Camp. "Detrás de cada aborto hay un embarazo no deseado, y si las mujeres pueden evitar esos embarazos no deseados, entonces el aborto, sea legal o ilegal, disminuirá. Pero hasta que no se trate la necesidad de las mujeres de tener anticonceptivos, los índices de aborto seguirán siendo altos", afirmó.
Los gobiernos necesitan aumentar servicios de planificación familiar de calidad, porque eso de por sí reducirá la necesidad de interrumpir el embarazo. "Pero no lo disminuirá a cero. Y por eso espero que los gobiernos liberalicen las leyes de aborto y hagan las inversiones necesarias para hacer disponibles servicios de abortos seguros".
Se necesitan más inversiones también en los servicios médicos para mujeres que sufren los efectos de los abortos mal hechos. "Obviamente, si se hacen las dos primeras cosas, el problema desaparecerá en gran medida. Pero mientras no se concreten, los gobiernos tendrán que brindar servicios para que las mujeres que sufren complicaciones por abortos inseguros reciban una humana y buena atención médica", indicó Camp.
El informe, titulado "Aborto mundial: una década de progreso desigual", presentado el martes, indica que 19 países han reducido significativamente las restricciones en sus leyes de aborto desde 1997. Pero, a pesar de esas tendencias, 40 por ciento de las mujeres del mundo viven en países con leyes sumamente restrictivas, casi todas en el Sur en desarrollo.
En África, a pesar de los progresos en algunos países, 92 por ciento de las mujeres en edad reproductiva viven bajo leyes severas contra el aborto. En América Latina son 87 por ciento. Estas proporciones no han cambiado drásticamente en la última década.
El informe señala que tres países, Polonia, El Salvador y Nicaragua, han incrementado sus restricciones legales a la interrupción del embarazo. Pero también destaca considerables avances en muchas otras naciones.
"La mayoría de los países que han liberalizado las leyes sobre el aborto están en el mundo en desarrollo", dijo Camp. "Ocho países africanos han modificado sus normas, incluyendo los dos más grandes: Sudáfrica y Etiopía".
Las nuevas leyes en Sudáfrica han tenido radicales resultados. "En Sudáfrica, se puede realizar un aborto temprano en las primeras 12 semanas (de gestación) a solicitud (de la madre), al menos en principio", señaló Camp.
"Obviamente, no todas las mujeres rurales tienen acceso a buenos servicios, pero aun con las inversiones que se han hecho hasta ahora, se logró una reducción de más de 90 por ciento en las hospitalizaciones por abortos inseguros, y una caída de más de 50 por ciento en las muertes" relacionadas con las interrupciones del embarazo, añadió.
En todo el mundo, el índice de embarazos no deseados cayó de 69 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años en 1995 a 55 por cada 1.000 en 2008, dice el informe. La proporción de mujeres casadas que usan métodos anticonceptivos creció de 54 por ciento en 1990 a 63 por ciento en 2003. Hubo también aumentos entre las mujeres solteras sexualmente activas.
Sin embargo, los niveles regionales de uso de métodos para el control de la natalidad varían grandemente. "Mientras 71 por ciento de las mujeres casadas en América Latina y el Caribe usaban anticonceptivos en 2003, sólo 28 por ciento de las mujeres casadas africanas lo hacían", concluye el informe.
"Cerca de una de cada cuatro casadas en África tuvo una necesidad insatisfecha de anticonceptivos entre 2002-2007, comparado con entre 10 y 13 por ciento de sus pares de Asia y América Latina y el Caribe".
OPINION
¿Cuánto vale la vida de las Marías?
Las páginas de los grupos antiderechos se encargan de recordar los nombres de los especialistas de distintos rubros que defienden la despenalización, a modo de escrache: los acompañan con el calificativo de “abortistas”. Las personas que defienden la despenalización no promueven el aborto. ¿Hay que aclararlo? Los que verdaderamente lo promueven son quienes se oponen abiertamente a una educación sexual integral en todas las aulas del país y se niegan a la vez a la entrega de preservativos a los jóvenes, a que se coloquen DIU, a que se realicen ligaduras de trompas con el consentimiento informado de la mujer, a la anticoncepción hormonal de emergencia.
Lo ideal sería que ninguna mujer tuviera que abortar. Pero la realidad demuestra que hay circunstancias variadas que enfrentan a las mujeres a una gestación no deseada. Se estima que en la Argentina uno de cada seis embarazos no fue planificado. Algunos serán de todas formas bien recibidos, otros terminarán en abortos. La criminalización lo único que provoca es que se realicen de forma clandestina e insegura y esa es la principal causa de mortalidad materna en la Argentina desde hace más de veinte años. Mueren o quedan con graves lesiones las mujeres más pobres.
Pero esas muertes, como la de María Díaz, el sábado 10 en Rosario, o la de María Silvia Solís, unos días antes en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, ambas producto de agudas infecciones, no sacuden a la clase política, no conmueven a los y las legisladoras que deben impulsar un debate serio y profundo sobre el grave problema de salud pública que implica el aborto. María Díaz murió con algunas horas de diferencia que Santiago Urbani, el adolescente de 18 años fusilado en su casa de Tigre por una banda de asaltantes. Las dos eran muertes evitables. Pero por María no hubo voces de políticos indignados. ¿Vale menos la vida de María? Es pobre y la voz de sus familiares, doloridos, quebrados, no resuena en las pantallas de televisión. ¿Es por eso que su muerte pasa inadvertida, sin costo político, como las muertes de casi un millar de Marías asesinadas por abortos inseguros en el país en la última década? ¿O es tan fuerte la influencia de la Iglesia Católica para obturar el debate por la despenalización?
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GRUPOS CONSERVADORES INTENTAN FRENAR LA DISCUSION SOBRE EL ABORTO CON DENUNCIAS, AMENAZAS Y PRESIONES
Métodos para interrumpir un debate pendiente
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-133700-2009-10-19.html
Por Mariana Carbajal
Un juez de un alto tribunal del país fue echado de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se desempeñaba como profesor de un posgrado en Derecho Administrativo, como consecuencia de haber avalado en un fallo la realización de un aborto terapéutico, no punible, claramente contemplado en el Código Penal. Un cirujano y ginecólogo pampeano fue desplazado del principal hospital de Santa Rosa donde se desempeñaba, tras promover la realización de ligaduras tubarias sin obstáculos arbitrarios y apoyar la práctica de abortos no punibles sin exigir una autorización de la Justicia. En Rosario, los concejales que aprobaron una declaración que pide al Congreso que debata los proyectos que legalizan la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) recibieron fuertes presiones y amenazas de muerte de grupos antiderechos vinculados a la Iglesia Católica. Son algunos ejemplos, recogidos por una investigación de Página/12, de los mecanismos que usan los sectores más conservadores para intentar impedir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el país y censurar la apertura de un debate amplio en torno del problema del aborto en la Argentina: presionar, hostigar, denunciar y sancionar –sin dejar por escrito la razón– a quienes respaldan el acceso al aborto, incluso cuando la IVE está dentro del marco de la ley vigente, y también apelar a fuentes poco calificadas para sostener sus posiciones son dos de las estrategias que vienen desarrollando en el país, junto con la presentación de amparos en distintos tribunales para prohibir la distribución de anticonceptivos.
“Hay intentos de los sectores fundamentalistas para frenar el debate. Estos grupos utilizan mecanismos democráticos como recursos de amparos y denuncias para impedir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el debate del aborto. A nosotras nos quisieron silenciar”, contó a Página/12 Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En 2004, CDD-Córdoba fue notificada de una denuncia presentada por el abogado Jorge Scala ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, con el objetivo de que se cancelara la personería jurídica de la que goza desde 1998. Scala lo hizo en su carácter de representante legal de Portal de Belén y Asociación Civil Mujeres por la Vida, agrupaciones autodenominadas “pro vida” que a comienzos del año 2003 hicieron suspender la vigencia del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y mantienen abiertas varias causas en la Justicia cordobesa en las que reclaman que se declare inconstitucional la entrega gratuita de anticonceptivos y se prohíba también su comercialización. Scala cuestionó dos de los objetivos de la entidad definidos en su estatuto: el que se refiere al compromiso de la organización por “esclarecer a la sociedad sobre la responsabilidad y el derecho de las mujeres a una maternidad escogida y deseada”, y el que se propone “profundizar la discusión en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, ampliando el debate con relación a los aspectos médicos, legales y principalmente éticos”. CDD fue obligada a defenderse. En la pulseada, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por Eduardo Luis Duhalde, pidió a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas que no hiciera lugar al pedido. Finalmente el planteo de los grupos antiderechos fue desestimado.
Ahora la persecución la sufre una integrante de la comisión directiva de CDD-Córdoba, la médica tocoginecóloga y docente universitaria, ex directora del Hospital Rawson de la ciudad mediterránea Gladys Ponte. Fue denunciada a fin de 2008 por supuesta mala praxis por defender el uso del DIU acorde con la OMS. Ponte es coordinadora del Curso de Posgrado en Derechos Sexuales y Reproductivos con Perspectiva de Género que lleva adelante CDD en alianza con la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba desde hace cuatro años. En la última clase del año pasado, una médica que no era alumna la presenció, y expresó su disidencia en cuanto a los criterios para el acceso al DIU. Ponte tuvo que presentar descargos ante el decano de la Facultad de Ciencias Médicas y el Tribunal de Etica del Consejo Médico de la provincia.
Los tentáculos de quienes pretenden que el aborto siga siendo un tema tabú son largos. Y aprietan. Lo experimentó un juez de un alto tribunal que daba clases de Derecho Administrativo –ni de Bioética ni de Derecho de Familia ni de Derecho Penal– en un posgrado de la UCA y que después de avalar la realización de un aborto terapéutico en 2005 fue desplazado del cargo académico como consecuencia de su fallo, que no hizo más que respetar el cumplimiento de la ley. El aborto terapéutico lo había solicitado en un hospital una mujer con graves problemas cardíacos y le habían exigido una autorización judicial. El caso estaba claramente contemplado entre los permisos que otorga el Código Penal en su artículo 86 inciso 1º. Pero el magistrado tuvo su dura reprimenda. El episodio fue ampliamente comentado en el ámbito del Derecho Administrativo, especialidad del juez, pero nunca trascendió a la prensa hasta ahora. Meses después lo “desinvitaron” del principal congreso de la especialidad que se realizaba en Buenos Aires. La misma represalia sufrió la jueza de la Suprema Corte mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, conocida por sus posiciones a favor de la despenalización del aborto. Pero por presiones de otros colegas, indignados por la decisión, ambos fueron nuevamente invitados. Kemelmajer no concurrió.
Es también conocido en los círculos médicos el caso de un profesional con larga trayectoria en un hospital privado de renombre de la ciudad de Buenos Aires a quien se le cortó la posibilidad de ascenso hasta la jefatura del servicio por plantear en los medios de comunicación su posición a favor de la despenalización. La nueva conducción que asumió al frente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (Sogiba), con Jorge Vinacur al frente, impulsó en 2008 la aprobación –dentro del plan estratégico de la entidad– de un compromiso de apoyar y respaldar a los miembros que fueran sancionados en algún ámbito por hablar del aborto a favor o en contra: no hubo consenso, los votos contrarios fueron mayoría en la comisión directiva. Es otro ejemplo de cómo los sectores conservadores obturan el debate. Sogiba, la principal entidad médica de su especialidad por cantidad de miembros –unos 1500, con un sistema muy restrictivo de ingreso– tiene como responsable de su revista científica y de la página web a un médico catequista, Javier Bidaurreta. Con la nueva conducción, soplan algunas brisas más “progresistas”, pero las posiciones de la institución en torno de la anticoncepción han estado históricamente más cerca del Vaticano que de la ciencia y la defensa de la salud de las mujeres. Frente al aborto –-hasta ahora–, siempre ha preferido el silencio.
Enturbiar la posibilidad de una discusión sincera ha sido una de las estrategias de los sectores conservadores, vinculados con la Iglesia Católica. En Rosario, el 21 de agosto de 2008 el Concejo Deliberante aprobó por amplísima mayoría (17 a 3) una declaración por la cual pidió que el Congreso Nacional trate los proyectos que proponen la despenalización y legalización del aborto. Los y las concejales que apoyaron la iniciativa, promovida por la socialista Marisa Pugliani, recibieron amenazas de muerte a través de sus correos electrónicos. Los concejales no pidieron otra cosa que el debate. “Votaste a favor de la muerte y de tu muerte. Así como tengo tu dirección de correo, también tengo la dirección de tu casa y también puedo encontrarte camino al consejo (sic). Es muy fácil”, decían los mensajes que les llegaron a sus casillas de e-mail, para amedrentarlos y hostigarlos tras la votación.
Las amenazas se repitieron a diputadas que apoyaban la aprobación de un proyecto presentado hacia fin de 2008 por tres kirchneristas en la Cámara de Diputados de la Nación para clarificar los alcances de los permisos previstos en el Código Penal. El tratamiento quedó finalmente congelado porque no hubo consenso en el bloque oficialista.
El tocoginecólogo y cirujano Fernando Giayetto fue desplazado a fines de julio del Hospital Molas, de la capital pampeana, y enviado a atender a un centro de salud de Santa Rosa. No tiene dudas de que su posición ideológica fue el detonante del confinamiento: Giayetto milita en la organización Mujeres por la Solidaridad, que apoyan la despenalización del aborto. Además, promovió en la provincia la aplicación de la ley de anticoncepción quirúrgica desde el cargo que ocupó como coordinador de Salud Sexual y Reproductiva, realizaba las ligaduras y defendía la práctica de los abortos no punibles sin judicializarlos: entre 2007 y 2009 hubo cinco casos en el Hospital Molas que se resolvieron sin que trascendieran a la prensa. El gobierno de Oscar Jorge finalmente lo neutralizó al designarlo en una salita. Una de las primeras medidas tomadas por el gobernador justicialista al asumir fue vetar una ley sancionada por la Legislatura que establecía un protocolo de atención a los abortos no punibles en los hospitales público. El veto había sido reclamado abiertamente por la jerarquía católica local.
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