Introducción al conflicto hospitalario: Garrahan y otros
De Pagina 12:
Por J. M. Pasquini Durán
La vigencia en el mundo del llamado "pensamiento único" de extrema derecha,
también conocido como neoliberalismo, a lo largo de un cuarto de siglo dejó
un saldo de injusticias sociales que hoy en día preocupa incluso a los que
defendieron esas tesis. The Independent, por ejemplo, constató que "la
desigualdad de la renta está alcanzando niveles nunca antes vistos desde el
final del siglo XIX". En Estados Unidos, la mayor potencia de Occidente,
desde 1979 la renta del veinte por ciento de los más pobres subió un 6,4 por
ciento, un 70 por ciento la del veinte por ciento de los más ricos y un 184
por ciento la del uno por ciento de los mega ricos, que ganan el doble y
hasta el triple de sus similares en Francia y Gran Bretaña. Esta elite en
2001 manejaba el veinte por ciento de los ingresos totales norteamericanos y
un tercio de su renta bruta, mientras que para mantener sus ingresos que
decrecen los trabajadores estadounidenses ocupan trescientas horas anuales
más que los europeos. En los últimos quince años la población de Estados
Unidos pasó de 263 a 300 millones de personas, el mayor crecimiento en 40
años incluida la inmigración, con una tasa de fertilidad más alta que la de
China, Brasil y Corea del Sur. No sólo los pobres se multiplican, pero la
brecha entre ricos y pobres se ensancha como parte de la mundialización
económica.
Esto significa que la pobreza, el desempleo y la mayor explotación de la
mano de obra no son obras de la fatalidad o la demografía, sino de la
voluntad de quienes tienen el poder para desequilibrar la balanza. "En
muchas áreas donde transcurren guerras y donde las redes extremistas
incorporan nuevos reclutas que se suman a grupos criminales o paramilitares,
éstos son literalmente la única oportunidad ofrecida a los desempleados
jóvenes que carecen de toda educación formal", explicaba una articulista de
The Nation (EE.UU.), después del ataque a las Torres Gemelas. Datos
posteriores revelados por fuentes de investigación tienden a demostrar que
el reclutamiento terrorista no siempre responde, en relación de causa y
efecto, a la ignorancia y la ausencia de oportunidades laborales, aunque
estas condiciones siguen alimentando los ejércitos de sicarios y
delincuentes jóvenes en el continente. Fuentes mexicanas indican que las
bandas criminales de jóvenes tatuados en dorso, brazos y cara, que asesinan
a sus propios padres como prueba de pertenencia a la "nueva familia",
reclutan miembros a partir de los siete años de edad y reunidos en diversos
grupos operan desde el sur de Los Angeles hasta Honduras y Guatemala. Se
conocen como "los mara" (por marabunta) y cifras provisionales calculan en
quinientos mil el número de "mareros". Toda clase de calamidades y
violencias sociales se expanden por el planeta, como si la bomba atómica
arrojada hace sesenta años sobre Hiroshima, para "terminar con las guerras",
hubiera sido un acto del todo inútil.
Por eso, cuando aquí, en la Argentina, se discute de pobreza y desempleo, de
salud y educación, debería argumentarse en ese contexto global de peligros y
desafíos, porque el cuadro completo permite comprobar con facilidad que
nadie en ningún lugar puede estar a salvo mientras los demás, el Otro, el
prójimo o el próximo, como quiera que se lo nombre, sufra sin merecerlo la
pena infinita de la soledad y el abandono. En estos días hay voces que se
levantan, no todas por intereses subalternos, para polemizar con las huelgas
que cumple personal de servicios públicos, desde trenes hasta hospitales y
escuelas. Algunas los condenan en nombre de la responsabilidad particular
que asumen esos trabajadores respecto del resto de las personas que dependen
de sus servicios. Al mismo tiempo, otras se preguntan quiénes son los
rehenes en estos conflictos: ¿los usuarios o los empleados que los atienden?
Cada pleito, por supuesto, necesita que el diálogo y la prudencia de las
partes produzcan soluciones razonables, aunque en épocas electorales ninguna
de esas características -diálogo, prudencia, razonabilidad- distinguen las
actitudes de los protagonistas. En momentos de tanta sensibilidad despierta,
cada uno está a cargo de preservar la integridad de los derechos civiles y
sociales, rechazando a los que por malicia o por ignorancia pretenden
resolver el conflicto social que tiene amplias cuotas de legitimidad
ubicándolo en el plano de los actos delictivos o impropios de la libertad.
No hay intocables en la democracia, a todos les puede tocar la agresión por
la intolerancia de unos o de muchos, la cantidad es siempre relativa, pero
tampoco es justificable acusar de delincuente al que opina diferente.
Proceder de este modo es una de las peores actitudes del autoritarismo y no
hace falta ser Gandhi para replicar con los argumentos propios y el apoyo de
quienes los comparten, pues de lo contrario estaría justificándose la
hipótesis de "judicializar" los conflictos, cada vez que molestan, lo cual
es una típica reacción de la derecha.
En tiempos electorales es más común apelar a las teorías conspirativas según
las cuales el contrario y su ideología mantienen abiertos los conflictos
para satisfacer con perversidad los propios y mezquinos intereses. Sería
ocioso negar que en ciertas ocasiones tanto en la administración del Estado
como en dotaciones de sus dependientes, empresas y/o empleados, los
criterios patrimoniales y los liderazgos partidarios hacen prevalecer las
razones propias, pero eso también es consecuencia del método de prueba y
error que cada porción de la sociedad utiliza para elegir a sus
representaciones en una democracia embarullada y tan imperfecta como la
actual. Por otra parte, a cada rato aparece con evidencia cristalina -sobre
todo cuando se trata de justicia, salud y educación- que el Estado precisa
una reforma conceptual y metodológica que eche por la borda todo el lastre
acumulado por años de ineficacia, corrupción y desprofesionalización de sus
funcionarios, en especial en sus cuadros intermedios, los que sobreviven a
los sucesivos cambios de gobierno, que más de una vez ocultan sus
ineptitudes debajo de varias capas de astucias conspirativas, de falsas
solidaridades corporativas y de lealtades volátiles.
El Poder Judicial es casi emblemático en la materia, donde se renovó la copa
del árbol, pero el tronco y las ramas siguen infectados por plagas de
diversa naturaleza. La destitución del juez Galeano, entre otros
magistrados, y la reapertura del expediente de los sobornos en el Senado
fueron esta semana dos indicadores alentadores de un proceso sanitario que
no debería interrumpirse, sino más bien avanzar con rigor y prontitud. La
urgencia es evidente con sólo pensar en todos los fallos que han producido
esos jueces durante todos sus años en funciones o las leyes que han sido
aprobadas por los mismos senadores que aceptaron sobornos a cambio de sus
votos. Este repugnante episodio, conocido como "el caso de la Banelco", si
es tramitado con diligencia podría repercutir hasta en las urnas, ya que en
el expediente están involucrados políticos del bipartidismo, PJ y UCR, que
continúan en carrera ejerciendo cargos públicos o en posiciones expectantes
en sus respectivas agrupaciones.
Aunque para esos políticos que prefieren aparecer impolutos en los momentos
previos de las elecciones la reapertura del caso haya sido como recibir un
balde de fango, para los ciudadanos fue un refresco de la memoria, siempre
útil a la hora de decidir entre tantos candidatos. Bastaría comparar la
lista de los imputados y sus pertenencias partidarias con las nóminas de
candidatos, para hacer un descarte primario antes de ingresar al cuarto
oscuro. Está bien que los tribunales hagan su tarea, pero los votantes
también tienen que contribuir a reforzar la calidad de sus representaciones.
No valen la lealtad partidaria o la simpatía por el que encabeza la lista
electoral, si en la misma nómina hay personas que están siendo investigadas
por delitos de corrupción: esa propuesta debería descartarse. Recuperar la
integridad de los cuerpos institucionales es una tarea lenta y compleja,
pero más que nada interdisciplinaria, es decir, no puede ser cumplida con la
contribución de una sola parte, así sea la Corte Suprema, si la sociedad no
impone el castigo de separar de su seno a los que usaron una posición de
servicio y un mandato popular para su personal beneficio. La demanda
estentórea de diciembre de 2001 para "que se vayan todos" era más que una
expectativa de inmediato cumplimiento, sino algo así como un horizonte para
la renovación política. Es un compromiso que debería ser renovado cada vez
que se ofrezca la oportunidad.
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Una tregua que tiene final incierto
Por J. M. Pasquini Durán
Los trabajadores que lograron conservar el empleo durante la transformación
regresiva de las últimas décadas no salieron indemnes de la travesía.
Tuvieron que sufrir la pérdida de sus derechos laborales, incluido el
antiguo y primario a la jornada de ocho horas, la precariedad de sus
contratos bajo la amenaza de ser reemplazados por alguno de los millones de
desocupados, la congelación de las remuneraciones, la indefensión legal ya
que la mitad de la mano de obra no existía en los registros legales, estaba
"en negro", y la indiferencia o impotencia de sus representaciones
sindicales, entre otras calamidades. En ese cuadro de debilidades, la
porción del sector laboral en la distribución de las riquezas nacionales fue
saqueada y transferida a minorías privilegiadas, hasta que la diferencia
entre ricos y pobres se hizo abismal. Pese a todo hubo resistencia y luchas,
dispersas y a la defensiva por lo general pero suficientes para jaquear al
predominio conservador que terminó por agotarse y perdió, aquí y en el
mundo, la condición de "pensamiento único".
En el nuevo clima político de la región, donde los flamantes gobiernos
emergieron reivindicando a los derechos humanos, que incluyen los derechos
económicos y sociales, con movimientos populares todavía fragmentados y sin
liderazgos políticos consolidados aunque activos y en disposición de pasar a
la ofensiva, la "indisciplina" social es inevitable. Dado que esa ebullición
no puede ser contenida en los moldes de los partidos y sindicatos
tradicionales, fracturados a su vez por los estallidos de sus propias
contradicciones, se expresa de manera turbulenta y bullanguera. Son
irritantes para ciertas ideas de orden establecido, que tienen relativa
certeza en comunidades donde las necesidades básicas están más o menos
satisfechas pero que se vuelven reaccionarias cuando tratan de aplicarse en
un país donde la mitad de sus habitantes habita en la geografía del hambre.
En ocasiones, también, el entusiasmo ideológico de algunas minorías de la
izquierda provoca desbordes en relación con el mismo proceso que lo cobija
y, así, una demanda por mejores salarios es percibida como "la chispa en la
pradera" de un proceso revolucionario imaginado según alguna literatura
clásica expuesta como verdad canónica de un modo descomedido con la
actualidad. Otro tipo de exceso es el que cometen los funcionarios que
perciben conjuras políticas en las huelgas y piquetes. Unos y otros usan
para construir sus retóricas algunos términos que deberían ser aplicados con
el mayor rigor, como terroristas o genocidas, para que la confusión no
desgaste los conceptos hasta que no signifiquen nada. Que la lengua mal
usada no termine por echar el manto de olvido que anhelan los cancerberos
del pasado nefasto.
El ministro Roberto Lavagna afirmó ayer que la huelga en el hospital
Garrahan era pura política y que no le extrañaría que los delegados
aparezcan el día de mañana en alguna lista de candidatos para las próximas
elecciones. El ponderado economista dice que también el Fondo Monetario
Internacional (FMI) tiene intencionalidades políticas y, sin embargo, ayer
mismo justificó el pago puntual de las deudas como un camino hacia la
autodeterminación nacional. Tiene derecho, por supuesto, a que le guste más
una política que otra, pero no debería clausurar un análisis de manera tan
superficial. El sindicalismo de base, protagonista central en varios de los
conflictos últimos que ganaron notoriedad mediática, es un fenómeno que
merece una observación más detenida, sobre todo de quienes ejercen el
gobierno. Por otra parte, que las protestas sociales tengan sentido político
no sólo es posible sino deseable. El debate, en todo caso, es cuál es el
mejor sentido pero la respuesta la tienen que dar los propios trabajadores.
En estos tiempos se advierte mediante la simple recepción de los discursos,
de uno y otro lado, que hay una dosis excesiva de holgazanería en el
pensamiento de todo el arco político. Sólo esa chatura puede explicar la
reincidencia de figuras como Menem, Alfonsín o Cavallo que ya tuvieron sus
momentos y que hoy deberían ocupar sus ocios en ámbitos de su privacidad, ya
que para los espacios públicos, según se escucha a diario, hacen falta ideas
y energías nuevas o que, por lo menos, no hayan tenido oportunidad de
mostrar lo que son capaces de hacer. El pensamiento ocioso suele apelar a
las resoluciones fáciles para evacuar problemas complejos, algunos novedosos
del todo, cuando por lo general lo que pasa por reflexión es apenas poco más
que entusiasmo, muchas veces pasajero. En los últimos días, por ejemplo, se
han escuchado voces demandantes por la libertad de Raúl Castells muchas de
las cuales se habían alzado con idéntica energía para convalidar las
iniciativas de Blumberg, cuyas propuestas lo hubieran dejado morir en la
celda al prisionero. Esa volatilidad de las opiniones que suelen confundirse
con el "sentido común" es otro síntoma de la ausencia de ideas maduras y
responsables.
La actual campaña electoral es la vitrina transparente y vacía o, en todo
caso, repleta de improperios cruzados. De esa caja llena de agravios,
algunos piensan que emergerán después del 23 de octubre y antes del 2007 dos
procesos transitorios hacia la formación de un bipartidismo diferente al
tradicional, ya que se formaría un bloque de centroizquierda, encabezado por
el matrimonio Kirchner, y otro de centroderecha, cuya cabecera no emerge aún
con la misma nitidez. Otros, en cambio, creen que la lógica presidencial
persigue el poder, no el proyecto, para lo cual construye, según la
tradición partidaria, con ladrillos fabricados con mezcla de bosta y barro,
en las proporciones que decida el líder. Sobre la traqueteada competencia
Kirchner vs. Duhalde, José María Díaz Bancalari, duhaldista y de vuelta de
casi todo, dice que hay dos verdades no escritas además de las veinte que
forman el catecismo partidario. La vigésima primera diría "hay que alinearse
con el vencedor" y la vigésima segunda, "el que disiente con el poder es
traidor". Entre los que rodean al intendente Martín Sabbatella, una figura
emergente que se reivindica como de centroizquierda, esa disputa no es más
que la actualización de la estrategia del PJ de producir cambios y
transiciones hacia sí mismo en sus disputas reincidentes por la jefatura y
el liderazgo. Horacio González, actual subdirector de la Biblioteca Nacional
y un agudo observador, sostiene que después de seguir la trayectoria Luder -
Cafiero - Menem - Rodríguez Saá - Duhalde - Kirchner, ¿qué se nombra cuando
se dice peronismo?
Por ser la fuerza de mayor potencial electoral en el principal distrito del
país, el peronismo ocupa buena parte de la atención política y mediática,
pero lo cierto es que el conjunto electoral sigue sin merecer el compromiso
ciudadano. La mínima participación en las internas realizadas en varios
distritos y partidos el domingo pasado, algo así como el tres por ciento de
los habilitados para votar, indica la mayor debilidad, quizá la primera
fuente de incertidumbre sobre el futuro, del presente democrático. Tal vez
sería tiempo de taparle la boca al oráculo de turno y entre todos intentar
una reflexión verdadera sobre el futuro colectivo.
